Redacción
Millonarios pagos de tarjetas de crédito y avances de dinero para viajes sin soporte legal son algunas de las irregularidades señaladas por la Contraloría.
La Contraloría halló supuestas irregularidades en la Universidad del Pacífico (Buenaventura), que comprometen 2.324 millones de pesos, esto, luego de realizar una auditoría del año 2018.
Dentro de las irregularidades en el manejo de los recursos se encontraron, entre otros, pagos de tarjetas de crédito por 333 millones de pesos sin autorización o soporte del pago, así como registros en los bancos por 290 millones de pesos sin contar con los soportes debidos.
Además, se presentaron declaraciones tributarias inoportunamente, lo que generó pagos adicionales durante el 2018 por 330 millones de pesos y se encontraron contratos suscritos y pagados donde se evidenció que la Universidad no realizó el debido descuento por la estampilla ProDesarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA.
La Contraloría indicó que se comprobaron pagos «realizados de manera extemporánea por concepto de aportes correspondientes a la Seguridad Social y Fondo de Sostenibilidad, generando intereses de mora».
Y no sólo eso, también se hallaron avances de dinero para viáticos y gastos de viaje a funcionarios de dicha institución, sin contar con las resoluciones que amparan la entrega de los recursos, y a la fecha de la auditoría, no se habían legalizado en su totalidad.
En materia de contratos, la Contraloría encontró otras graves aparentes anormalidades:
- Un posible contrato incumplido por 70 millones de pesos para realizar apoyo logístico para beneficiar a víctimas del conflicto armado en la comuna 10 del distrito de Buenaventura.
- Pagos por 165 millones de pesos a un contrato del cual no existen evidencias del proceso contractual adelantado por la Universidad ni de su ejecución.
- Un contrato de servicio de apoyo logístico en el cual no coinciden los pagos con los costos de la propuesta.
- Un contrato pagado cuyo objeto ya había sido elaborado durante el 2017.
A lo anterior se suma que, a mayo de 2019, los Estados Financieros de la Universidad con corte de 31 de diciembre de 2018 estaban sin la aprobación del Consejo Superior y que la institución educativa no ha adoptado un Manual de Políticas Contables, amparado en el nuevo marco normativo.
