Llano Verde es un barrio acorralado por odios de fuerzas oscuras, riñas entre pandillas y disputas territoriales de bandas que buscan reclutar a menores de edad, en alianzas con el narcotráfico. Actores ilegales que encontraron, en esa llanura del extremo de Cali, un corredor para el tráfico de armas y drogas. Todo eso, a 40 minutos de un lugar que la Fuerza Pública conoce como el ‘triángulo de la marihuana’. Así lo expresan las autoridades cuando hablan de Miranda, Corinto y Toribío, en el norte del Cauca.
28 niños, adolescentes y jóvenes, con edades entre los 12 y los 17 años, fueron asesinados en Cali y la mayoría proviene de barrios de estratos medio y bajo
Este es el barrio donde el Estado —el Gobierno Nacional y el municipio— puso a vivir en comunidad hace siete años a familias que en el pasado sufrieron en carne propia la violencia de guerrilleros y paramilitares, que las sacaron corriendo de sus terruños, junto a quienes empuñaron armas en el conflicto, y a quienes levantaron asentamientos de cambuches en zonas inundables.
Toda una bomba social en un lugar desde donde sus cerca de 20.000 habitantes —un barrio que puede ser del tamaño de un municipio de quinta categoría— divisan el resto de una Cali edificada pero literalmente lejana. Muchos de ellos se sienten como si estuvieran en un gueto.
Allí, todas las 4.000 familias, la mayoría afrodescendientes y sin empleos fijos, provienen, sobre todo, del litoral de Nariño y Cauca, así como de algunas zonas del interior y el oriente del país. Viven en casas que son como cajitas de fósforos porque no sobrepasan los 46 metros cuadrados cada una. Y, como reiteran en este barrio, que nació en el 2013, las familias se sienten marginadas.
Es un rincón al lado de terrenos ejidales completamente verdes, sin construcciones próximas, con el sol punzante a sus anchas y llenos de caña de azúcar, que tapizan la poligonal H del corregimiento Navarro. Se habla de ejidos, algunos vecinos de Llano Verde, para referirse a los terrenos que en época de la Colonia española fueron destinados como tierras comunales para beneficio de una población humilde. En la actualidad, la alcaldía, como municipio, es dueña de 2’022.000 metros cuadrados de los ejidos, y 196.400 hectáreas más corresponden a un área de particulares que deben reintegrarlas al mismo municipio, pero aún no se ha hecho.
Fue en uno de estos cañaduzales donde familiares de los menores de edad Luis Fernando Montaño Quiñónez, Léider Cárdenas Hurtado, Josmar Jean Paul Cruz Perlaza, Álvaro José Caicedo y Jair Andrés Cortés Castro, con edades de entre 14 y 16 años, encontraron sus cuerpos. Los hallaron con heridas causadas por armas cortantes y con señales de disparos y golpes. El padre de Álvaro José, quien tiene su mismo nombre, dijo que había visto a su hijo con un corte en el cuello y golpeado.
Hoy, cuando ya ha transcurrido más de una semana de una masacre que como ninguna otra se había registrado en los últimos seis años en Cali, estos asesinatos son un secreto a voces. Mientras, el Instituto Nacional de Medicina Legal avanza en la evaluación de los cuerpos para determinar la causa de sus muertes.
Hay hipótesis tanto de las mismas familias de las víctimas y de moradores de Llano Verde como de la alcaldía, el Concejo, el Ejército, la Arquidiócesis de Cali y líderes sociales de este barrio segregado y de otros.
Una de las hipótesis tiene que ver con la presencia de grupos armados relacionados con el narcotráfico. La misma Defensoría del Pueblo tiene informes, y el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, confirmó que hay grupos armados en el oriente, provenientes de Cauca, Nariño y el interior del país. El oriente de Cali lo integran las comunas 13, 14 y 15, que conforman el distrito de Aguablanca; todos, con familias humildes. Llano Verde, que limita con los ejidos, pertenece a la comuna 15.
La Defensoría Nacional del Pueblo da cuenta de que “el escenario de riesgo en esas comunas de Cali se configura por la presencia de presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencia de las Farc, quienes se autodenominan ‘Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento”. También habría presencia del paramilitarismo del ‘clan del Golfo’, antiguos ‘Urabeños’ o ‘clan Úsuga’, en Aguablanca y en la comuna 21, también en el oriente.
Además, el Observatorio Social de Cali informó que en zonas de los corregimientos, como Navarro, se evidenció en los primeros cinco meses del año “una progresiva consolidación de mercados incipientes de sustancias psicoactivas, así como puntos satélites de consumo, que pueden afectar directamente la seguridad de los habitantes de estos territorios”.
Aunque en pasadas administraciones municipales no habían reconocido la presencia ni el accionar de estos grupos armados, el secretario de Seguridad municipal reiteró que un factor en contra es la cercanía entre Llano Verde con el norte del Cauca.
El comandante del Ejército Nacional, mayor general Eduardo Zapateiro, también ratificó la presencia de estos grupos, pero dijo que son residuales y asociados con el narcotráfico. El alto oficial manifestó que los asesinatos de los cinco adolescentes serían una retaliación por capturas y golpes a la criminalidad y a la delincuencia en este año por parte de la Fuerza Pública.
Un ejemplo de ello es que “el 27 de mayo, las autoridades anunciaron la captura de alias Doña Ana, quien se encargaba del manejo de las finanzas del frente ‘José María Becerra’ del Eln en Cali. Coordinaba el tráfico de cocaína en grandes cantidades hacia el exterior del país, así como la fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Con el dinero recaudado por la venta de los estupefacientes, adquirió numerosas propiedades en varias ciudades como Cali, Bogotá, Popayán y otros municipios del Cauca”, dice un informe del Observatorio Social, con datos de la Policía Metropolitana, al analizar los primeros cinco meses de este 2020.
La presencia de estos grupos organizados se registra, especialmente, en las comunas 13, 14 y 15, así como en la 18, en la ladera y en la 21, también en el oriente. La comuna 15, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, aparece entre las de mayor número de homicidios de esta capital, al igual que la 13 y la 14. Pero son las comunas 13 y 16 las zonas donde están matando a más menores y jóvenes con edades hasta los 18 años. Solo la comuna 15 tiene el 10 por ciento de todas las muertes violentas con armas en Cali.
En los primeros cinco meses, la 13 y la 15 tuvieron entre 30 y 40 homicidios de menores de edad y adultos. La cifra tiende a aumentar, pues la comuna 15 arroja un promedio mensual de cuatro asesinatos de menores y jóvenes hasta los 18 años, pero ahora, con la masacre de los cinco jóvenes en un solo barrio, el número en agosto se va a disparar. Sin embargo, como dicen en la Secretaría de Seguridad municipal, en la comuna 15, con Llano Verde, la situación de homicidios era peor en años anteriores, y anotaron que en este 2020 se ha presentado una reducción del 28,6 por ciento en los crímenes.
Aun así, la Defensoría del Pueblo no ha dejado de elevar alertas tempranas por los grupos armados en Cali y en el oriente, no solo en este 2020, sino desde hace más de dos años.
Esa entidad informó que estas comunas “comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, expresada en altos niveles de pobreza, desplazamiento forzado, desplazamiento intraurbano, falta de oportunidades laborales, necesidades básicas insatisfechas, limitada presencia estatal en seguridad y una baja prestación de servicios sociales”.
Y destacó que “estos territorios se han convertido en un escenario de interés para los grupos armados ilegales o de delincuencia organizada”.
Este panorama pone en especial situación de riesgo a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes son en un alto porcentaje población afrocolombiana; también a líderes sociales y gestores culturales, que han sido objeto de atentados, homicidios y amenazas.
Entre enero y junio de este año, según el programa Cali Cómo Vamos, 28 niños, adolescentes y jóvenes, con edades entre los 12 y los 17 años, fueron asesinados en Cali y la mayoría proviene de barrios de estratos medio y bajo. En algunos casos fueron atacados por acciones de delincuentes y bandas. En el primer semestre de 2019, fueron asesinados otros 49 menores de edad.
La Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) informó que en los siete años que Llano Verde lleva de creado se han contabilizado unos 200 asesinatos de menores de edad.
A todo este panorama se suma la hipótesis de que a los cinco menores de Llano Verde los querían reclutar.
El concejal Fernando Tamayo manifestó que esta masacre fue una “crónica de una muerte anunciada”. Dijo, además: “Están llegando bandas organizadas muy poderosas que se quieren hacer con los negocios del microtráfico y el ‘gota a gota’, con el posible desplazamiento de quienes ejercían estas actividades ilícitas. El resultado es una guerra cruenta por el poder”. Tamayo dijo que Cali tiene 179 policías por cada 100.000 habitantes, cuando lo recomendado según la Organización de Naciones Unidas (ONU) es 300 policías por cada 100.000 habitantes. “Eso nos deja con un déficit de 2.700 policías. Puede que no sea la solución definitiva, pero puede ser el punto de partida de la solución”, explicó el concejal del Partido Conservador.
En el barrio hay pandillas que se dedican a hurtos, extorsiones y homicidios. Fijan fronteras invisibles, por lo cual hay enfrentamientos, pero los grupos armados los estarían integrando a sus filas y los menores que fueron asesinados supuestamente se habrían resistido a este propósito. Sin embargo, los familiares de los adolescentes rechazaron esta versión, porque aseguraron que ninguno de ellos estaba en malos pasos y que en realidad los habrían ‘ajusticiado’.
La explosión de una granada, cerca del CAI de la Policía, dos días después de la masacre, generó más zozobra. Pero, a la vez, dejó en evidencia el porte de elementos de guerra en ese barrio para intimidar a la población. Claro está que ni la alcaldía ni la Policía han aclarado si el atentado, que dejó una persona muerta y 14 heridas, era un acto contra la Fuerza Pública o si tuvo relación con la masacre.
El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que a los menores de edad los habían acribillado; pero, además de las cortadas en los cuerpos, las autoridades buscan ahondar en la versión de que iban a ser calcinados para que fueran considerados desaparecidos, luego de masacrarlos y de que sus cuerpos fueran llevados al cañaduzal para dejarlos ocultos y que no hubiera rastro de ellos, pues en la zona se usa maquinaria pesada sobre los cultivos de caña.
Entonces se plantea la hipótesis de que este ajusticiamiento obedeció a un deseo de exterminio como crímenes de odio hacia un segmento de la ciudadanía, en este caso, afro, y surge lo que el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, ha dicho frente al tema: fue un genocidio generacional.
“¿Y los asesinos? ¿Y los que los organizan como empresa para matar? ¿Y los que dan la orden? ¿Y el Estado? ¿Y la sociedad? Son preguntas que invitamos a cada quien a que las respondamos y definamos la responsabilidad. El genocidio generacional que desprecia y desecha la vida de nuestros adolescentes y jóvenes pobres, condenándolos al exterminio, en lugar de abrirles oportunidades a sus vidas, hiere a Cali con la masacre de cinco adolescentes”.
El prelado agregó: “Los llamamos a la vigilancia colectiva y a permanecer cercanos a sus familias, evitando la ocasión para que los verdugos y asesinos los arrastren a sus guaridas”.
Las familias de los menores de edad y vecinos del barrio dijeron que en la tarde de ese martes 11 de agosto empezó la búsqueda, al saber que habían salido en la mañana y no regresaron a almorzar. Hasta que una de las familiares dio aviso de que en un cañaduzal, a pocos metros de una caseta, al parecer con seguridad privada para vigilar el predio, estaban los cinco niños muertos. Ya era de noche y a eso de las 10, la policía llegó a la zona. “Hay videos de dos hombres que salieron untados de sangre. Tenían machetes”, dijo un habitante.
La madre de Jair Andrés Cortés, uno de los adolescentes asesinados, de 14 años, denunció que quienes cometieron la masacre estaban en el momento en el que las familias llegaron al cañaduzal. “Tenían la luz prendida de la caseta y luego la apagaron”, se arriesgó a decir. Los vecinos y líderes de la zona exigen que se le asigne un esquema de seguridad a la señora porque su vida corre peligro.
Otro habitante, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, sugirió que estas fuerzas oscuras con deseo de exterminio social trabajarían de la mano con los grupos armados con influencia paramilitar. “La gente sabe que a estos jóvenes los mataron porque algo vieron, porque ellos iban a elevar cometas y se bañaban en una laguna, y para hacerlo tenían que entrar al cañaduzal que está planito, porque le han metido maquinaria”.
También surge una nueva inquietud respecto a que la Policía y demás autoridades tendrían identificados a los perpetradores. El alcalde Ospina informó, días después de la matanza, que la investigación estaba avanzando por buen camino e invitó a los culpables a entregarse.
Sobre esta vigilancia ‘privada’, como lo aseguran vecinos de Llano Verde, las autoridades han guardado silencio en cuanto al posible dueño del terreno. Entonces vienen más preguntas de la misma comunidad de Llano Verde: “¿Por qué no buscan a esos hombres que salieron ensangrentados?”.
“Se dice que allá solo hay bandidos, pero ¿quién pone las armas? ¿Quién pone las drogas? No es nuestro pueblo. El barrio está al lado de un ejido lleno de caña, pero ellos no tienen dónde sembrar como en el Pacífico”, dijo la lideresa Francia Márquez, símbolo de la lucha por las comunidades afros, negras y raizales.
Y añadió: “Esta es la ciudad marginada (Llano Verde), excluida, donde las mujeres negras se levantan para trabajar en ‘casas de familia’, mientras a sus hijos los están asesinando; donde los hombres negros se van a edificar, mientras a sus hijos los matan”. Márquez le agradeció el acompañamiento al alcalde Jorge Iván Ospina, pero espera un apoyo social estructurado.
CAROLINA BOHÓRQUEZ Y JOSÉ LUIS VALENCIA
CORRESPONSALES DE EL TIEMPO