Redacción
La posibilidad que da el Gobierno de que los comerciantes que no podrán abrir pronto como gimnasios, bares y restaurantes puedan terminar de forma unilateral los contratos de arrendamiento de sus locales, deja varias preocupaciones a los empresarios.
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 797, por el cual autoriza medidas transitorias y extraordinarias con ese fin hasta el 31 de agosto de 2020.
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“En tal sentido, se deberá pagar el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada. En caso de inexistencia de esa aclaración, la medida establece la cancelación del monto de un canon de arrendamiento”, dispone la norma.
A juicio del ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, el decreto propone una fórmula equilibrada para los arrendatarios de locales comerciales que llevan más de dos meses sin percibir ingresos y que no podrán abrir sus locales por la emergencia sanitaria.
La medida cubre a bares, discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video, así como gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles.
Igualmente, favorece a cines y teatros y servicios religiosos que impliquen aglomeraciones. También tiene que ver con lugares de alojamiento, servicios de comida y eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración.
“Para que los arrendatarios puedan beneficiarse, será necesario estar al día con el pago de los cánones, los servicios públicos causados y las demás obligaciones pecuniarias a su cargo”, dijo el Ministerio.
Aunque reconocen que es una medida que demuestra atención de las autoridades en su situación, voceros de algunas actividades plantean inquietudes sobre el futuro de sus negocios.
PREOCUPACIONES
Guillermo Gómez, director de Acodrés, el gremio de los restaurantes, dice que la medida en materia de arriendos debe facilitar los acuerdos solidarios con los dueños de los locales.
Sin embargo, plantea las dificultades para que los empresarios hagan uso de la terminación unilateral del contrato, teniendo en cuenta que a estas alturas muchos tienen deudas acumuladas en arriendos desde que comenzó la crisis. “Muchos negocios no tienen solvencia para estar al día”, comentó a Portafolio.
Añade, como positivo, que los restaurantes fueron beneficiados esta semana con la exclusión transitoria del IVA a las franquicias de la industria gastronómica.
A su turno, David Raya, gerente general de la cadena de gimnasios Smart Fit, señaló que la parte positiva es que las autoridades prestaron atención a un tema que estaba en el aire.
“Se nota la intención del Gobierno en término de tener conciencia sobre la afectación que hemos tenido los sectores que seguimos cerrados”, señaló.
A su juicio, la medida es insuficiente, pues no se puede ligar con una fecha esperada de reapertura. Esto deja a las empresas en una situación en la que no se sabe realmente qué acciones se deben tomar, “porque aquí podemos correr el riesgo de tomar decisiones radicales”.
Otra cosa que no ayuda del decreto es que demoró tanto para salir y menciona que, sí o sí, hay que pagar las rentas debidas. “Eso nos lleva a deteriorar más la caja y a, precisamente, tomar medidas drásticas”. Lo deseable es tener mayor claridad sobre la posibilidad de reabrir, dijo Raya.
Óscar Giraldo, empresario y vocero del gremio de gimnasios del Valle, precisó que la medida no soluciona la situación de los negocios porque muchos están en grandes áreas que implican cláusulas de destrate de hasta $3.000 millones y pagar la tercera parte representa recursos que nadie puede cubrir en un escenario de cero ingresos.
“La intención no es entregar nuestros locales que tienen mejoras… Al final, lo que necesitamos es una fecha concreta de reapertura y tener claro el mensaje de que los gimnasios somos seguros, estamos en capacidad de cerrar el cerco epidemiológico y generamos bienestar a las personas”, insistió.
Sobre el anuncio oficial, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, explicó que por temas de constitucionalidad, la medida que se conoció fue muy diferente al decreto que había proyectado el Gobierno a través de los ministerios de Comercio y de Vivienda.
“En ese sentido, es un decreto sencillo que, de alguna manera, para este tipo de establecimientos va a significar una salida menos onerosa que la que estaba planeada en condiciones originales”, dijo.
