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Medida de aseguramiento por fuga de presos para hombre que habría violado la prisión domiciliaria

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Medida de aseguramiento por fuga de presos para hombre que habría violado la prisión domiciliaria

El procesado gozaba del beneficio luego de ser condenado a 19 años de cárcel por homicidio y hurto. 

Al avalar la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Leonardo Castro Martínez por su presunta responsabilidad en el delito de fuga de presos, el juez quinto penal de Buenaventura (Valle del Cauca), con función de control de garantías, dictó contra el procesado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

El hombre, quien se movilizaba en un vehículo por el sector de Córdoba, en la vía Buenaventura – Buga, kilómetro 19, fue capturado por agentes de la Policía Nacional y unidades de Infantería de Marina de la Armada Nacional que realizaban labores de control y verificación de antecedentes, luego de que estos se percataran de que era requerido para cumplir una condena de 19 años y 2 meses de prisión, por los delitos de homicidio y hurto calificado.  

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Leonardo Castro Martínez habría violado el beneficio de casa por cárcel, que le fue concedido al ser condenado a 19 años de prisión.

Según lo establecido, el hombre gozaba del beneficio de casa por cárcel, que le otorgó el juez primero de ejecución de penas de la capital del Valle y, al momento de su detención, estaría incumpliendo la sentencia.

Durante las audiencias concentradas, el imputado no aceptó los cargos.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados

JGPV/DP/DLBM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.  

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