En él artículo de la profesora de la Universidad de los Andes, María Emma Wills, se tocan temas relativos a memoria, verdad histórica, conflicto armado, verdades oficiales y varios señalamientos sobre el manejo que de ellas vengo haciendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica que revelan la existencia de una tensa atmósfera no exenta de agitación y falseamientos que justifican las reflexiones que presento a continuación.
La profesora Wills afirma que desde que llegó “a la dirección del CNMH, Darío Acevedo ha enfocado todos sus esfuerzos y recursos en construir una verdad oficial”. Una falsedad total. Como historiador, docente e investigador nunca he validado ni compartido que se instrumentalice a las entidades estatales y en especial a las educativas para intervenir en temas político-partidistas, religiosos y otros aspectos que el estado debe dejar en manos de la ciudadanía.
Con fundamento en esa actitud respondí a la campaña que se desencadenó en contra de mi nombramiento por posturas que, como columnista libre, asumí sobre delicados problemas nacionales, afirmando mi convicción de no convertir entidades del estado en plataformas para imponer determinados puntos de vista que deben ser discutidos en medios académicos sin aplausos, pronunciamientos masivos, plantones o consignas.
A propósito de verdades oficiales quiero reivindicar una carta que la asociación para la libertad de la Historia de Francia publicó en 2006 a raíz de leyes expedidas por estados europeos con la pretensión de zanjar debates y hacer justicia sobre temas de gran controversia. Por ejemplo, que la colonización tuvo aspectos positivos, que el Estado turco niegue oficialmente el genocidio armenio y que se castigara con cárcel a los negacionistas del holocausto judío. Y reclamaban la autonomía de los historiadores profesionales y de la academia y comunidades científicas para contribuir con sus estudios a la clarificación de esos problemas: “La historia no es una religión… El historiador no acepta ningún dogma…La historia no es la memoria. El historiador, en un proceso científico, recoge los recuerdos de los hombres, los compara entre sí, los confronta con los documentos, con los objetos, con los rastros, y establece los hechos. La historia tiene en cuenta la memoria, pero no se reduce a ella”, citando palabras de la asociación francesa Liberté pour l´histoire.
Me identifico con los principios enumerados por estos historiadores que rechazaron la intervención del estado en la resolución de candentes problemas de la historia. En tiempos recientes, los intentos de instauración de verdades oficiales siempre estuvieron en manos de regímenes dictatoriales y teorías totalitarias que como el marxismo sustenta la superioridad de una clase (el proletariado), el uso de la violencia política y la tesis historicista según la cual la humanidad tiende hacia el comunismo. El mundo se estremeció con la implantación de dictaduras basadas en ideologías supremacistas como la idea nazi de la superioridad de la raza aria desde la que se impulsó el exterminio del pueblo judío, y el fascismo basado en la prédica de la superioridad nacional y la xenofobia. Las utopías totalitarias de todo signo causaron millones de víctimas, tragedias y desastres nunca antes vistos, cada una de ellas inspiradas en verdades oficiales.
En relación con los temas de memoria y verdad histórica consagrados en la ley 1448/2011 de víctimas, el parágrafo del artículo 143. Del deber de memoria del estado, que estipula: “En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política”, fue un aliciente para mantener mí posición.
Ese parágrafo va en contravía de todo tipo de verdad oficial y por eso, la tesis que desarrolla en su artículo la profesora Wills no tiene asidero ni es demostrable. Y lo que afirma sobre mí suena a un ejercicio de apropiación de esa bandera que yo sigo defendiendo para ponerme en posición de inconsecuente.
Las utopías totalitarias de todo signo causaron millones de víctimas, tragedias y desastres nunca antes vistos, cada una de ellas inspiradas en verdades oficiales
Plantea la profesora Wills que “el Estado también puede usar y abusar de sus recursos para entronizar una verdad oficial… cuando enfila sus instituciones culturales hacia la instauración de un discurso único sobre el pasado que magnifica las cualidades y atributos de la nación y sus instituciones (…) ” como si el estado colombiano hubiere procedido a la manera de una dictadura intentando imponer una determinada versión de la historia.
Son muchos los hechos y las políticas públicas que desmienten esa tesis lanzada gratuitamente al aire, menciono algunos: una tradición republicana y democrática, la creación de programas de pre y posgrado en historia desde los años sesenta del siglo pasado, el reconocimiento por ley de principios que animan la libertad de pensamiento, la autonomía académica, la libertad de cátedra, la libertad de expresión y de prensa, el auge de una intelectualidad crítica y un largo etc.
Wills procede de igual manera al referirse a mí: “aunque lo niegue, desde su cargo de director del Centro Nacional de Memoria Histórica, está usando todos los recursos de esta entidad estatal, no en la pluralización de las memorias como él aduce, sino en la construcción de una verdad oficial del conflicto armado colombiano”. Fíjese el lector que ella elude citar alguna idea pensamiento o proyecto que sustente su afirmación, por lo que lo dicho es un argumento de autoridad, que vale por decirlo quien lo dice. Ella no tiene en cuenta, por ejemplo, nuestro informe de gestión publicado en nuestro portal web (www.centrodememoriahistorica.gov.co) en el que entre varios puntos, contamos que a los proyectos dejados inconclusos por la dirección anterior les hemos dado continuidad, hemos mantenido muchos equipos de funcionarios y contratistas que aplican metodologías vigentes.
Si lo que ella pretende demostrar es que en Colombia existe una política de verdades oficiales y que yo soy un agente de ella, está en el deber de demostrarlo. Entre otras cosas porque ella trabajó en el CNMH con las mismas leyes y decretos con los que yo lo hago. Un académico serio no puede desconocer que el estado colombiano fue el que creó comisiones para esclarecer fenómenos de violencia en 1958 y en 1986 con académicos independientes y autónomos.
Conviene traer a cuento una reflexión del sociólogo francés Daniel Pécaut en el sentido de que es imposible dar cuenta de la violencia política colombiana desde una sola narrativa o enfoque, algo que se considere una historia total: “la imposibilidad de un relato de conjunto de la violencia: Es difícil no sorprenderse al observar que, más de treinta años después de su ‘terminación’, el primer episodio de violencia se sigue substrayendo a la operación de ‘narración’, como si se tratara de una trama distendida”, citando el libro ‘Violencia y política en Colombia, elementos de reflexión’ de Pécaut Daniel. Lo que habla en favor de la existencia de un ambiente de libertad de investigación en la sociedad colombiana, constatable, igualmente, en las miles de tesis y libros publicados sobre la violencia liberal-conservadora y sobre el conflicto armado entre el estado y las diversas guerrillas, en las que se aprecia una amplia variedad de enfoques, teoría, metodologías, énfasis, etc.
Hacer afirmaciones sin fundamento es muy fácil y en este caso revela un afán de desacreditar mi labor queriéndola asociar con verdades oficiales: “Antes de ocupar su cargo, Darío Acevedo se negó a hablar de la existencia de un conflicto armado en Colombia” (sería de elemental respeto que citara algún texto de mi autoría). “Detrás de esa negación está la estructura de una verdad oficial: según esta versión, Colombia fue víctima del ataque de unos guerrilleros sediciosos, los únicos villanos responsables de la debacle nacional”, frase vacía de demostración, mera suposición. Además, una muestra de debilidad deformar el pensamiento del otro o ridiculizarlo, para justificar lo que en realidad es un veto y una censura que inspira la campaña de hostilidad a la que me han sometido. Algo va de decir que una noción es controversial a negarla.
“Lo grave del asunto -prosigue Wills- es que con un relato así, queda el Estado como actor del devenir nacional y del conflicto armado por fuera del escrutinio público y adquiere un único papel, el de atacado y por tanto víctima”. Quedan en la oscuridad, según su criterio, una serie de acontecimientos y políticas que tuvieron ocurrencia y que fueron aplicadas, y que en contravía de lo que afirma, han sido objeto de numerosos estudios, investigaciones, debates, controversias, fallos judiciales, miles de militares enjuiciados y condenados, en su inmensa mayoría vistos desde una lectura estructuralista-marxista de corte antiestatal. Que el estado colombiano resulte condenado en tribunales nacionales e internacionales hasta por crímenes cometidos en su contra, es una buena prueba del carácter dominante de esas narrativas.
Nunca he negado que agentes de la fuerza pública hayan incurrido en delitos violatorios del DIH y de los DDHH, pero, afirmar que fue una política de estado y que por tanto, el estado colombiano es igual de criminal que guerrillas y paramilitares, es un exabrupto moral que enaltecería a quienes en nombre de una supuesta “revolución” cometieron crímenes horrendos bajo justificación explícita. En referencia a mi proceder sobre el Museo de Memoria la profesora Wills afirma que “como ya lo han informado otros medios, el director del CNMH ‘limpió’ de la exposición ‘Voces para transformar a Colombia’, expresiones utilizadas por las víctimas para referirse a su experiencia”. Según los gestores, esa exposición, como las anteriores, tenía un carácter experimental, deduzco que el papel de un director no se limita a hacer lo que le dejaron en el escritorio sus antecesores.
Los cambios y modificaciones que se le hicieron están orientados, precisamente, a evitar que el Museo y el CNMH se conviertan en vehículo de mensajes y narrativas de corte ideológico y político, es decir, para conjurar el peligro de establecer una verdad oficial y lo que se hizo estuvo en regla con las funciones del cargo de director (Decreto 4803 de 2011, numeral 3, artículo 9).
Nunca he negado que agentes de la fuerza pública hayan incurrido en delitos violatorios de los DD. HH., pero, afirmar que fue una política de estado (…) es un exabrupto moral
De otro lado, la profesora Wills me critica por haberme: “mostrado muy cercano a las cúpulas de la Fuerza Pública y a grandes empresarios. Recientemente, Acevedo anunció que firmará un convenio con la Federación de Ganaderos de Colombia (…)”. Lo primero que se me ocurre preguntarle a la profesora es si reconocer la calidad de víctimas a empresarios, soldados y policías constituye un sesgo, porque lo que deja ver su alarma es un sesgo clasista al referirse a los “poderosos” (los ganaderos) lo que significa desconocer el carácter plural y diverso de las víctimas y banalizar que miles de pequeños, medianos y grandes empresario fueron víctimas de crímenes horrendos cometidos por grupos armados ilegales muy poderosos: FARC, ELN, paramilitares.
Wills extrae conclusiones forzadas de ideas que yo expreso abiertamente y sin mensaje oculto: “Acevedo invita a militares y empresarios bajo el argumento de que él quiere propiciar una memoria más plural e incluyente, teniendo “en cuenta a todas las víctimas” sugiriendo (resaltado mío) que el equipo directivo anterior bajo la dirección de Gonzalo Sánchez no lo hizo”, pregunto: ¿dónde o en qué texto hice esa sugerencia?
Desde el CNMH no hemos restado importancia a los trabajos sobre militares y empresarios víctimas, adelantados bajo la dirección de Sánchez y Wills. Que nos parezca necesario hacer más en esos dos sectores va más en la dirección de hacerlos más visibles sin entrar a confrontar lo que ellos hicieron. Por eso, sus proyectos editoriales inconclusos (dejaron más de 20) los estamos finalizando y lanzando en eventos públicos y de 71 mil publicaciones de su gestión hemos distribuido en eventos y ferias del libro, más de 56 mil ejemplares.
Bajo mi dirección el CNMH trabaja en la recuperación de la memoria de soldados, policías y empresarios, como también de las comunidades de base, sectores políticos, sociales, étnicos etc., de toda clase, que hayan sido afectadas por graves infracciones al DIH y a los DD. HH. Esta política, a pesar de lo que dicen mis detractores, la sostengo en todos los espacios públicos y ante los medios.Respecto de la investigación académica de carácter interpretativo, pienso que es pertinente buscar la ampliación del conocimiento con proyectos e iniciativas que lo estimulen como las que estamos impulsando entre el CNMH y Minciencias. La convocatoria de 15 proyectos relacionados con el conflicto armado va dirigida, no a un grupo pequeño de amigos o afines, sino a la comunidad académica de todo el país, más de 650 grupos de investigación de las ciencias sociales y humanas con los que deben establecer alianzas. No se entiende el rechazo que esta convocatoria provoca en personas como Gonzalo Sánchez, Rodrigo Uprimny María Emma Wills.
Ya se desató, en actitud oscurantista y reaccionaria, una campaña de saboteo por parte de algunos líderes académico-administrativos que están instrumentalizando las dependencias oficiales para presionar la no participación de sus grupos en ella. Primer caso en nuestra historia de un movimiento de censura y veto colectivo a un llamado a la ampliación del conocimiento en temas en los que aún falta mucho por aclarar, como si trataran de defender un legado que consideran insuperable e incuestionable y como si fueran los dueños de la verdad histórica y la memoria de las víctimas.
DARÍO ACEVEDO CARMONA*
Razón Pública*** Director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Dejó constancia de gratitud al portal Razón Pública y a su director Hernando Gómez Buendía por la publicación de este artículo.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.