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Menos burocracia y más tecnología

Carlos Gonella, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, fue entrevistado por Diario Judicial y dejó su punto de vista respecto a diferentes temáticas de actualidad del poder judicial: las lógicas imperantes en el sistema de administración de justicia a la hora de perseguir y enjuiciar delitos, las dificultades para investigar maniobras complejas de lavado de dinero y el avance que implicaría la definitiva implementación del sistema acusatorio a nivel federal.

 

“En un sistema acusatorio, un caso de narcomenudeo es un legajo de 100 carillas como mucho, mientras que con el esquema del Código Procesal Penal vigente tiene seis cuerpos”, explicó Gonella

 

Sobre los problemas a los que se enfrentan las fiscalías a la hora de llevar adelante investigaciones de mayor complejidad para delitos económicos, como asociación ilícita fiscal o evasión agravada, Gonella afirmó que “los imputados son personas con poder  sobre el sistema, tienen capacidad de lobby, contratan abogados influyentes o hacen publicaciones en la prensa. La consecuencia de ello es que es más fácil llevar a la cárcel a los vulnerables, ya que no implica costo alguno para el operador judicial medio”.

En esa línea indicó que “la sociedad percibe en carne propia el daño que implica el delito cometido por las personas vulnerables, pero no percibe tanto el daño producto de los delitos económicos, porque no se afectan directamente bienes jurídicos individuales, sino que se trata de bienes jurídicos supraindividuales”.

El fiscal aseguró que “un funcionario a cargo de un organismo que fija políticas criminales debe establecer prioridades: se persigue a los pobres con gorra o a los responsables de la criminalidad económica, narcotráfico o trata de personas”.

“La persona que roba produce un daño y merece una respuesta dentro de lo que establece la norma. Ahora, quizás la respuesta sea otra, como pudo ser perforar el mínimo establecido en la Ley de Estupefacientes para la tenencia simple. Del otro lado, el empresario o funcionario que evade millones de pesos, o los que arman esquemas off-shore y fugan miles de millones de pesos, son quienes más generan daño en términos sociales” reflexionó Gonella.

El fiscal atribuyó estas situaciones al “esquema de juzgamiento y la cultura burocrática, que está arraigada en el sistema inquisitivo o mixto. Es ese diseño el que se intenta superar ahora con la llegada del Código Procesal Penal Federal”.

“Ese proceso inquisitivo, esencialmente escrito, con un expediente abarrotado con hojas, decretos, libramiento de oficios o providencias que dicen “agréguese”, se tornó innecesario. ¿Para qué se necesita dictar esas resoluciones si lo que interesa del expediente es la información que ingresa, y con la misma se puede ir a juicio? En un sistema acusatorio, un caso de narcomenudeo es un legajo de 100 carillas como mucho, mientras que con el esquema del Código Procesal Penal vigente tiene seis cuerpos. Pero para que se modifique esa cultura no basta sólo con el mero cambio de norma, sino que se necesita capacitación” concluyó.

El fiscal afirmó que aún queda un camino hasta que los operadores judiciales puedan litigar con el nuevo Código Procesal Penal: “muchos desconocen totalmente las técnicas de litigación en un sistema acusatorio (…) La capacitación es clave para cambiar la mentalidad burocrática y el culto al expediente en papel, para desterrar la idea de expediente y de que todo lo que no se encuentre allí no existe, y para ello también se necesitan recursos”.

Del mismo modo, Gonella resaltó la importancia de la correcta gestión de los recursos humanos y las nuevas tecnologías para un mejor desarrollo de los procesos. Siguiendo esa senda, el ex titular de la PROCELAC informó que en su dependencia se encuentran trabajando con software de código abierto que les permite generar indicadores de evolución patrimonial de una persona para determinar si hay o no lavado de dinero, con ello contamos con una lectura cronológica del crecimiento patrimonial de un individuo.

“También utilizamos esta tecnología para estudiar estructuras societarias que facilitan las maniobras de lavado. Por ejemplo pudimos realizar análisis de maniobras de creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) que se creaban y anulaban para cometer fraudes. Esta tecnología permite sustituir el trabajo “artesanal” del operador judicial, y también explicar la maniobra al juez con un recurso más dinámico”, consignó.

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