Tres miembros del ejército fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes ocurridos en 2014 en Iguala, en el sur de México, informado este jueves el gobierno.
Aunque el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien informó de los arrestos, no mencionó los nombres, dijo entre ellos está el ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones y que se espera que se concreta una cuarta orden de captura de otro integrante de esa fuerza.
El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en ese entonces era el actual general José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.
El anuncio sobre la detención de los uniformados se da en medio de la polémica después de que el Congreso, de mayoría oficialista, resultó la semana pasada el pase de la Guardia Nacional, que estaba bajo mando civil, al Ejército y los congresistas discuten una reforma constitucional para extender hasta 2028 la permanencia de los militares en las calles, acciones consideradas un avance de la militarización en México.
Las legislaturas han sido respaldadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su sexenio ha entregado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas, como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, y el manejo de las aduanas y algunos aeropuertos.
El papel del ejército en la desaparición de los estudiantes ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión entre las familias y el gobierno.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
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