Mi Casa Ya, de la esperanza a la desesperanza

Centenares de familias que ya tienen promesas de compraventa firmadas no tendrán acceso a una vivienda propia al quedarse sin el subsidio del programa Mi Casa Ya y perderán, de paso, parte de los recursos aportados para ese propósito.

 

Óscar Osorio Ospina

 

Los cambios que el gobierno del Presidente Gustavo Petro introdujo en el programa Mi Casa Ya no solo acabó con las esperanzas de miles de familias de tener un techo propio sino que está a punto de llevar a la quiebra a decenas de empresas constructoras y de generar la pérdida de centenares de puestos de trabajo en este sector.

Esas nuevas condiciones han provocado una contracción en la vivienda social que está afecta gravemente a Risaralda, en donde se requerían 5.755 subsidios de los cuales solo se han asignado a la fecha 111: 73 para Dosquebradas, 25 para Santa Rosa de Cabal y 13 para Pereira, que representan menos del 2%, advirtió el gerente regional de Camacol, Víctor Baza Tafur. De esa cifra, 1.943 subsidios corresponden al saldo pendiente del 2022 y 3.812 que esperaban este año las empresas constructoras que venía impulsando 43 proyectos habitacionales.

Para el mes de abril de 2023, las ventas de vivienda en Risaralda han decrecido un 34% en comparación con el 2022 en el segmento de vivienda de interés social (VIS) y un 17% en el NO VIS. La caída en el ritmo de la construcción afecta, de paso, a 36 subsectores de la economía regional relacionados con la cadena de suministros, por lo tanto, cualquier afectación en estos indicadores impactará la generación de empleo. En el momento hay 22.933 personas ocupadas directamente en el sector, lo que comparado con el mismo periodo del año anterior representa una pérdida de 786 empleos en la región.

 

Doctor Baza Tafur, ¿Cómo se puede calificar el impacto que está sufriendo el sector de la construcción por cuenta de los cambios de Mi Casa Ya?

El impacto es negativo para los hogares que hicieron su negocio hace año y medio o dos años con unas condiciones diferentes a las que hoy propone el actual gobierno nacional. Y digo diferentes porque para poder postularte y acceder al subsidio de vivienda social, tenía unas condiciones muy fáciles y sin la intermediación del gobierno como tal, por lo que el cierre del negocio era viable y viabilizado de una manera diferente. Hoy hay unas condiciones y unos requerimientos nuevos que prácticamente desconocieron el negocio original y la esencia y naturaleza del programa Mi Casa Ya.

¿Cuántas familias están siendo afectadas en Risaralda?

En años anteriores más o menos el promedio era de 6000 a 7000 hogares en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa en los dos segmentos: vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social. Hoy tenemos 5.755 familias pendientes de subsidios, de las cuales solo lo han recibido 111.

¿Qué va a pasar con estas familias que ya tenían firmadas las promesas de compraventa? ¿Van a perder su plata?

Muchas de esas familias van a tener que echar para atrás el negocio porque no lo van a poder cumplir con el cierre financiero. En este momento los constructores están apoyando esos hogares y tratando de hacer todo lo posible para el cierre del negocio, pero lo que pasa es que el constructor no puede responder por el subsidio, es el gobierno nacional el que tiene que destinar los recursos y hacer las asignaciones. Pero que va a llegar un momento en que, si no se puede cerrar el negocio, el constructor le va a exigir el cumplimiento del pago y esa familia va a tener que decidir si lo hace con recursos propios, pero si no los tiene deberá desistir del negocio y ese desistimiento le cuesta al comprador… Recuerde que en los contratos hay cláusulas establecidas en dinero si se retracta o desiste del negocio.

¿Cuáles son esas nuevas condiciones del programa Mi Casa Ya?

Las nuevas condiciones incluyen la categorización de los municipios y la prioridad para este gobierno en materia de vivienda nueva y de mejoramiento son las poblaciones de cuarta, quinta y sexta categoría. Además, se solicitó que los beneficiarios del subsidio estuvieran inscritos y registrados en el Sisbén y también de acuerdo con esas categorías tienen la focalización del subsidio. Son requisitos que no existían y que se están aplicando sin un período de transición.

¿En términos económicos ya se ha medido el impacto de estos cambios?

Este momento tenemos una disminución de más del 60% en la vivienda de interés social, hay una contracción y además de eso ya tenemos una caída en el empleo, sobre todo en los empleos directos del sector, de más de 780 empleos. En cuanto a lanzamientos de proyectos, también vemos un retroceso, ya hay una contracción en el sector como tal y esto lógicamente tiene unos efectos sobre la economía local, puesto que hay 36 sectores económicos que tienen que ver con la cadena de valor de la construcción. Además de eso, los ingresos de los municipios por concepto de impuesto predial se verán disminuidos, como también se esperan efectos negativos y nocivos en algunos aspectos de tipo social.

¿Los constructores cómo van a afrontar esa situación?

Hay una situación bastante grave para muchos constructores, sobre todo los pequeños, que necesitan del crédito constructor de las entidades financieras y que no han podido entregar las unidades que ya están construidas. Aquí han llegado unos 111 de más de 5.700 subsidios que se requieren, las unidades ya están listas y el constructor tiene que cumplir con los créditos y con los intereses mensuales. El constructor está tratando de ayudarle a los compradores, pero va a llegar un momento en el que tendrán que tomar una decisión si el desistimiento los obliga a tener que renegociar esas unidades de vivienda y muy seguramente sin subsidio.

¿Camacol ya le ha planteado esta situación al gobierno nacional?

Las reuniones con el gobierno nacional han sido múltiples. Es más, recientemente aquí en Pereira estuvo la ministra de Vivienda con su equipo trabajo, asistieron a una junta directiva nacional de Camacol donde varios miembros de las juntas directivas nacional y regional les pusieron de presente la realidad y esto ha sucedido en varios escenarios. Pero al gobierno nacional en esta materia de vivienda por un oído le entra y por el otro oído le sale. En cada reunión se comprometen a agilizar la asignación de los subsidios y el giro, pero la respuesta es que en cada resolución sale tres subsidios para una ciudad, cuatro para otra, como ha ocurrido en el caso nuestro en Risaralda. Los subsidios que faltan totalizan entre $15.000 millones y $20.000 millones.

¿Esto podría llevar a la quiebra a muchos constructores?

Sí, definitivamente, sobre todo los constructores medianos y pequeños que tienen su nicho de mercado en las viviendas de interés sociales. Y no solo aquí en Risaralda sino en todo el país va a ver una quiebra masiva de constructores que estaban dedicados a la vivienda social.

Los más afectados

De los 43 proyectos de vivienda de interés social afectados en Risaralda por esta situación de crisis en el programa Mi Casa Ya, los más emblemáticos por la cantidad de soluciones habitacionales que tienen en juego son los siguientes:

Fortal de Condina (520), San Francisco Campestre etapas 1 y 2 (516), Jacaranda Parque Residencial (364), Acqua Hills etapas 1, 2 y 3 (350), Alcázares Apartamentos (320), Guaduales del Otún (300), Entreguaduas (280), Parque Residencial Los Molinos (272), Zaguán de Villavento (256) y Mirador Campestre (240).