En medio del contexto de desfinanciación que vive el sector de la salud, por el que diferentes actores han estado pidiendo insistentementeatención, la Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 del 20 de noviembre de 2023 ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha.
“Esta busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población, toda vez que no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos”, aseguran.
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Según lo mencionado por la Corte, esto se hace para garantizar el objetivo donde el Gobierno donde se comprometió a cancelar de “manera efectiva” esta deuda a través del Acuerdo de Punto Final.
“Es una norma mediante la cual se estableció que se pagaría a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019”, detalla el documento.
Por otra parte, la Alta Corte fue enfática en reiterar que Ministerio de Salud contará con un máximo de dos meses para hacer efectivos los pagos a cada una de las entidades.
Ahora bien, entre los hallazgos mencionados por la Sala, se encontró que para el 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda, que, según el Gobierno, se completaría en agosto del 2022.
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Así mismo, evidenciaron que existen montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo, mientras que hay sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo porque se discuten en procesos judiciales.
También declararon que a partir del 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios no cubiertos con UPC.
“Sumado a los valores pendientes, la Sala identificó que los actores del sector salud señalaron que, en relación con la nueva deuda que estaba surgiendo en materia de recobros -a partir de 2020-, se les adeudaba más de un billón de pesos”, mencionan.
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EPS.
Archivo EL TIEMPO
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Por este motivo, el organismo reveló que el origen de esas obligaciones se relacionaba, en gran medida, “con servicios prestados durante la emergencia por covid-19”.
Por su parte, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), manifestó que es de mayor importancia el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional ordenando el giro de los recursos del Acuerdo de Punto Final que se deben a las EPS.
“Debemos recordar que la oportunidad en el pago de los dineros a las EPS contribuye al adecuado flujo de los recursos en el sistema y sobretodo aseguran y garantizan que no hayan barreras de acceso para la población y que la atención de los ciudadanos que día a día hacen las EPS se puedan hacer de manera fluida”, dijo.
De igual manera, Augusto Galán, director de Asi Vamos en Salud y exministro de la cartera, le mencionó a Portafolio que el nuevo auto de la Corte Constitucional tiene la implicación, por una parte de “ratificar la desfinanciación estructural del sistema de salud” en parte debido al no pago de deudas atrasadas del Gobierno al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“De otra parte en su análisis la Corte plantea la necesidad de revisar la estructuración del flujo de recursos del sistema de salud que la ve todavía débil y por último la necesidad de revisar el presupuesto del sistema ya que lo ve desfinanciado”, concluyó Galán.
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DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Portafolio