La Tienda Virtual del Estado Colombiano ha transado este año negocios por $1,2 billones. De ese total, 98,7% de los bienes son nacionales y el restante corresponde a internacionales. Del monto total, 59,5% de los proveedores corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que han obtenido ingresos por cerca de $650.000 millones.
(‘El ciudadano debe consultar, controlar y ser veedor de los recursos públicos’).
Esta es una muestra de la importancia que tiene la industria nacional en las compras públicas, dice José Andrés O’Meara, director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
Y este es uno de los argumentos del funcionario para advertir el interés permanente por la participación de la producción local desde esa entidad.
(Gobierno anuncia una nueva extensión de la cuarentena).
“Las reclamaciones en el caso de Colombia Compra Eficiente no tienen ningún tipo de sustento”, señala el funcionario ante la propuesta que ha liderado la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y que apoyan otros sectores, para que las compras públicas sean una de las fuentes de promoción de la producción nacional, dentro de la campaña de ‘Compre Colombiano’.
ALGUNAS SALIDAS
Más allá de la coyuntura, y sobre la pregunta de si habrá una estrategia para que en el camino de la recuperación de la economía se den más oportunidades a los productos y servicios nacionales, O’Meara explica que “Colombia Compra Eficiente normalmente adquiere bienes nacionales”.
Sin embargo, anuncia para el segundo semestre acciones que pueden profundizar esa política.
Una de ellas, que será lanzada en este segundo semestre del año, tiene que ver con la regionalización de los acuerdos marco de precios para que se compre con y en las regiones. “Si, por ejemplo, la Gobernación de Norte de Santander o la de Risaralda, van a comprar unos bienes, van a tener que dar prioridad a las empresas que están en su región desde nuestra plataforma, porque no queremos que se centralice la compra pública, sino que en las distintas zonas del país se puedan dar estos negocios”, explica.
Igualmente, el funcionario indica que la Agencia tiene estructurados 20 acuerdos marco de precios, desde julio hasta diciembre, los cuales van a generar una venta de $7 billones en los próximos dos años.
“Este es un llamado importantísimo a todo el empresariado colombiano para que esté atento a todos los productos que van a salir”, manifestó.
Tienen que ver con videovigilancia, vigilancia y seguridad privada, BPO, servicios de aseo y cafetería y combustibles de aviación, entre otros.
Además, expresa que como complemento a esta estrategia, está prácticamente estructurado un proyecto de ley para mejorar el sistema de contratación pública que está para la revisión del presidente de la República, Iván Duque.
Desde su perspectiva, es clave entender que la opción de comprar a la industria nacional depende de lo que se demanda.
Una cosa son los insumos para mitigar la pandemia y otra la necesidad de computadores, advierte.
A su juicio, por la coyuntura de la crisis sanitaria no conviene ver las cifras en blanco y negro, sino que hay que tener en cuenta en dónde hay fortalezas para que los empresarios colombianos participen en las compras estatales.
Recordó que en Colombia Compra Eficiente se encontró que desde el 2015, las entidades del Estado venían comprando café vietnamita y ecuatoriano.
“Entonces realizamos una nuevo Acuerdo marco de precios de aseo y cafetería y desde diciembre del año pasado todo el café que compran las entidades debe ser de denominación colombiana”, destaca el funcionario.
En este Acuerdo, uno de los más grandes que maneja la Agencia, con recursos por $1,2 billones, la industria nacional es protagonista. El de BPO es otro sector en el cual tiene fortalezas la industria nacional, dice O’Meara.
También cita el caso de la industria textil que genera 1,7 millones de puestos de trabajo. El 98,7% de los tapabocas que compra son de origen colombiano y el resto son importados.
Y resalta cómo en alimentos y catering hay oportunidades. “Tiene un valor aproximado de $500.000 millones y se pretende hacer con industria nacional”.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS
El funcionario revela que en manos de la Procuraduría y la Contraloría están las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos. Señaló que se revisaron 3.500 contratos de los 21.800 que se han firmado en el marco de la emergencia sanitaria y el 10%, 350 contratos por $155.000 millones, fueron reportados a los órganos de control.
Explicó que esto se detectó bajo la política de datos abiertos que permite que cualquier ciudadano en tiempo real pueda controlar la cuantía de los contratos que firman las entidades, conocer los contratistas y, también, los objetos. Esto, para identificar si se ajustan al ordenamiento jurídico.