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Modelo de regalías reforzaría reactivación en las regiones | Gobierno | Economía

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La Contraloría General de la República presentó una nueva edición de su revista anual de Economía Colombiana, cuyo tema central se centró en la nueva Ley de Regalías y los cambios que trae consigo el esquema que entró a regir desde este año.

(Lea: Empresas podrán pagar regalías con obras en territorios donde operan)

El Contralor, Carlos Felipe Córdoba, se refirió a como el aval al Acto Legislativo 05 de 2019, por medio de la Ley 2056 de 2020, “aprobó una reforma en la que ganaron todos, productores y no productores, y para hacerlo posible sencillamente se echó mano de los recursos ahorrados en el SGR a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet)”.

(Lea: ‘Hemos girado $15.000 millones en regalías’)

Gracias a esto, para el bienio 2021-2022, se aprobó un presupuesto de $ 17,3 billones, de los cuales la asignación para inversión en estos próximos dos años será de $16,1 billones.

“Se espera y se aspira que la inversión de estos recursos contribuya efectivamente al plan de reactivación de la economía nacional. Allí tendrá el país un enorme potencial para impulsar proyectos ambiciosos de verdadera y grande dimensión regional”, destaca Córdoba.

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Dentro de la publicación, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, destacó que las regalías “han representado entre 20 % y 25 % de la inversión de los territorios y, en particular, en los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde representan cerca del 10 % de sus ingresos totales”, y que la Ley 2056 de 2020 continúa el proceso de fortalecimiento del Sistema General de Regalías que ha sido impulsado por el gobierno a través de una reforma constitucional con la intención de incrementar las asignaciones directas a los municipios productores, sin desmejorar las asignaciones a los demás municipios.

Bajo esta óptica, Rodríguez refiere que el incremento en las asignaciones directas será de un 11,2% a un 25%, lo que significa “que con la reforma se genera un aumento aproximado de $1,8 billones para el bienio 2021-2022, respecto a los $2,07 billones del presupuesto actual, para llegar así a un total de $3,86 billones”.

Vale destacar que otros de los cambios que trajo la Ley 2056 de 2020 y su reforma a las regalías fue la incorporación de una asignación mínima del 5 % de los recursos directos, destinados a financiar proyectos de infraestructura educativa; así para los municipios más pobres se aumentó la asignación de 10,7 % a 15 % del total de los dineros, y para esto se dio también un cambio en los criterios de asignación, donde 60% de la ponderación se enfoca en el criterio de pobreza, a partir del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y un 40 % al criterio de población.

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Cálculos presentados en la publicación sostienen que “en total, 1.038 municipios del país recibirán recursos por este concepto, en tanto que de haberse mantenido la Ley 1530 de 2012 para el próximo bienio, los recursos de esta asignación tan solo llegarían a 184 municipios que tienen, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (2018), un NBI mayor al 35 %”.

Desde el Ministerio de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, jefe de dicha cartera, señaló a su turno en el lanzamiento de la revista que “las regalías que pagan las empresas mineras y petroleras se traducen en obras que transforman la vida de las comunidades y de la sociedad colombiana. Desde el año 2012 y hasta la fecha más de 19.000 proyectos se han ejecutado por un monto superior a los $62 billones”.

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El ministro destacó también que la reforma al sistema “se traduce en mejores obras y mayores oportunidades de invertir la riqueza que sale del sector para mejorar la vida de los colombianos”.

Mesa, quien también colaboró con la publicación, mencionó en el documento que un “hito histórico” de la reforma es la asignación del 5% de los recursos del sistema para temas ambientales, pues por primera vez se destinarán recursos de manera exclusiva para la protección de áreas estratégicas ambientales, la lucha contra la deforestación y otros programas para la conservación del medioambiente.

Sin lugar a dudas, esta reforma es una de las apuestas más ambiciosas en materia de descentralización y de impulso al sector minero-energético como motor de equidad y de reactivación económica regional”, señaló el ministro.

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