En otro incidente, se acusó a un hombre que atacó a un perro después de una disputa familiar.
Los fiscales del Grupo Especial de Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) presentaron ante los jueces de control de garantía a una mujer y un hombre que en diferentes hechos habrían provocado la muerte de dos animales.
Muerte perezosa en Pereira
Por su presunta responsabilidad en la muerte de un perezoso en Pereira (Risaralda), Dayana Alejandra Pulgarín Fue imputada por los delitos de aprovechamiento indebido de recursos naturales renovables agravados y maltrato animal.
Los hechos investigados ocurrieron el 24 de enero. Después de mantener al perezoso en cautiverio y convertirlo en su mascota, la mujer lo llevó a un veterinario. En la escena, se descubrió que estaba mal de salud y tenía los dientes limados. Un día después de recibir tratamiento, falleció.
La autopsia del animal indicó que el perezoso sufría de hipotermia, derivada de una deficiencia nutricional. Esto provocó un paro respiratorio. Ante los resultados de la decisión intervino la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) y la Policía Nacional capturó a Dayana Alejandra Pulgarín.
Muerte de animales en Yumbo
El 3 de enero de 2020, en Yumbo (Valle del Cauca), Johan Estiven Muñoz, en un acto de intolerancia, presuntamente provocó la muerte de un canino.
Según la investigación, el hombre discutía con los hermanos en una casa y supuestamente los amenazó. Posteriormente, salió del edificio, tomó un trozo de concreto y se lo arrojó a la cabeza del perro. El hombre fue imputado por el delito de maltrato animal.
La fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/MCRC/AG
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
