Hay versiones encontradas sobre lo que pasó con la explosión dada en la comunidad indígena asentada en el río Pepitas entre Buenaventura y Dagua. Tanto autoridades locales como de los cabildos indigenas, han sacado sus propias conclusiones al respecto.

Como inició todo?

Alrededor de las tres de la tarde se registró una explosión en una casa de la comunidad indígena Cañón del Río Pepita, jurisdicción de Dagua, Valle. Muy cerca a Cisneros en la vía Loboguerrero – Buenaventura.

Que dicen las autoridades?

Los hechos aseguran que, cuando varias personas departían en este lugar y al parecer por una mala manipulación de la pólvora se dio la explosión. Personal del CTI, el Ejército y la Policía, ingresaron hasta la zona, ubicada en una trocha a 30 minutos de la vía principal.

En este hecho 9 personas fallecieron. El resto de heridos se recuperan en el hospital de Dagua, el cual les quedaba mucho mas cerca para su traslado pronto.

El alcalde de Dagua, Guillermo Giraldo manifestó que la emergencia se originó por la manipulación de explosivos.

Comunidad indígena asegura que fue un atentado

Por medio de un comunicado, el consejo regional indígena rechazó el hecho vivido en la vía Buenaventura, cerca a La Delfina. Y que la explosión que dejo a varios de sus guardias muertos, se trato de un atentado en contra de su movimiento pacífico.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde.

Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

Esta organización exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica.

No se conoce hasta el momento una respuesta concreta del gobierno y si empezará a regir investigaciones sobre el caso, como lo pide la ORIVAC; o si está todo completamente claro, como las autoridades locales lo presumen, sobre su versión de manipulación de pólvora.

 

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