El gobierno nacional investigara a los propietarios de más de 100 viviendas en la ciudadela San Antonio, con el fin de conocer cuáles son las que tienen promesas de compra venta o contratos de arrendamiento con terceros por parte de quienes fueron los beneficiarios iniciales.
Esto luego que se conociera en redes sociales la ofertara de una de estas viviendas por valor de 23 millones de pesos. Otras presentan letreros como se vende, se arrienda o se permuta.
Aunque esto no está permitido por la ley, mucha gente ha decidido no habitar la ciudadela San Antonio por qué no cuentan con garantías dignas para estar en el territorio. Lo peor es que en la zona no se pueden tener las necesidades básicas satisfechas.
La gran mayoría de los habitantes de San Antonio, son personas que era habitantes de bajamar en la zona insular de la ciudad, que estaban acostumbrados incluso a conseguir su diario en el mar y sus alrededores. El cambio y la distancia con su fuente de trabajo también les hace vender sus hogares, brindados por el gobierno nacional.
Un puesto de salud, la mejora de los servicios públicos e incluso la necesidad de un granero o un supermercado, son algunas de las cosas que piden habitantes de este lugar para vivir mejor.
Hay que destacar que de acuerdo con la ley 1537 del año 2012, los deberes y derechos de quienes recibieran subsidios del Gobierno Nacional para vivienda, entre ellos se estableció que las unidades habitacionales no podían ser arrendadas ni vendidas antes de 10 años.
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