Redacción
Desde que se conoce el articulado de la reforma a la salud que presentó el Gobierno, uno de los puntos clave es el papel que jugaría la Nueva EPS, una entidad con capital privado y público, en el que el Estado tiene el 49% de las acciones, según informó la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho.
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Según algunos expertos en salud, esto tiene riesgos por las dificultades que traería atender a más usuarios en el sistema en medio de la transición y por la vulnerabilidad con las conveniencias políticas.
La Nueva EPS inició operaciones en el año 2008, a partir del traslado de los usuarios del Instituto de Seguros Sociales (ISS). Ahora tiene cobertura en 1.117 municipios del país, según las cifras que ofrece la entidad.
Adicionalmente, hasta diciembre de 2022 reportó 4,53 millones de usuarios activos en el régimen contributivo, mientras que en el subsidiado tenía 5,29 millones, lo que la hace una de las entidades promotoras de salud más grande del país.
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Su función protagónica se daría en la recepción de usuarios que provengan de EPS liquidadas y en la contratación de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs), otro de los focos que el Ejecutivo pretende hacer con esta iniciativa.
En el artículo 149 de la reforma, en el que se detalla el régimen de transición y evolución hacia el nuevo modelo de sistema de salud, se especifican esas funciones.
“En los territorios donde no queden Entidades Promotoras de Salud, la Nueva EPS, asumirá preferentemente el aseguramiento o, en su defecto, lo harán aquellas Entidades Promotoras de Salud con capacidad de asumir la operación en estos territorios”.
“Para el reordenamiento territorial de los afiliados durante la transición, la Nueva EPS o las EPS existentes podrán asumir los afiliados de Entidades Promotoras de Salud liquidadas o en incapacidad de atender a sus afiliados”, agrega.
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Y señala que: “La Nueva EPS contratará los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs), si fuere necesario, o adscribir a la población a ella afiliada en tales Centros que estén operando bajo las reglas del nuevo Sistema de Salud, en las subregiones o municipios priorizados en su implementación”.
Y en el artículo 151, uno de los que más cuestionamientos ha recibido por ser el que le otorga al Presidente unas facultades extraordinarias, se menciona que el jefe de Estado colombiano podrá “dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requiera para capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación”.
Paul Rodríguez, economista experto en salud de la Universidad del Rosario, menciona que ese papel protagónico de la Nueva EPS lo que refleja “es que el Gobierno no piensa diseñar un plan de transición especializado”, porque una gran parte de la responsabilidad que debería ser del Ministerio será trasladada a un ente que no es público.
A su vez, es cierto que las cifras de resultados de esta entidad dan cuenta de que “ha madurado”, como agrega el consultor en salud Cristián Vanegas, pero doblar el tamaño con un sistema en transición y con poca claridad en cuanto a tiempos y funciones exactas, “podría ser peligroso, en especial al momento de pedir prestamos al sector financiero”, añade Rodríguez.
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El economista agrega que no es claro el rol preciso con esas nuevas funciones de una monopolización estatal, pero “el objetivo en la reforma sí es dejar el sistema completamente monopolizado dentro del Estado”, según agrega.
Por otra parte, Vanegas dice que “hay un riesgo porque la Nueva EPS va a ser un actor dominante y eso implica que va a poder negociar mejor los precios con los prestadores”.
Podría desaparecer del mercado
Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud en el gobierno de Ernesto Samper, considera que es posible que “la Nueva EPS pase a ser completamente estatal, lo que sería un renaciente Seguro Social”.
Por lo anterior, agrega que esta entidad “desaparecía en un plazo no muy largo”, esto si la reforma pasa sin modificaciones en cuanto a las funciones de la Nueva EPS y de las Entidades Promotoras de Salud en general.
Galán coincide con el economista Paul Rodríguez, en el sentido en que la reforma apunta a lograr una monopolización estatal de la salud.
Lo anterior se evidencia, según el consultor Cristián Vanegas, en que con un mayor número de usuarios, las prestadoras tendrán que adaptarse a las condiciones”.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
Periodista de Portafolio
