En cumplimiento de actividades operativas encaminadas a impactar las conductas delictivas que más afectan la seguridad ciudadana en la isla de San Andrés, la Fiscalía General de la Nación reportó que durante el fin de semana se realizaron en diferentes allanamientos, la aprehensión de un menor de edad y la incautación de armas de fuego de largo alcance.
El primer procedimiento realizado conjuntamente con la Policía Nacional ocurrió el 14 del mes en curso, en una vivienda del barrio Loma Linval, en el que se tenía conocimiento se almacenaban, al parecer, armas de fuego para la comisión de actividades ilícitas.
En dicho lugar fue aprehendido un adolescente al que le encontraron en su poder, una pistola Glock, un proveedor y 14 cartuchos calibre 0.40 mm.
Durante las audiencias concentradas y ante el juez de control de garantías se le imputó al menor de edad, el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cargo que no fue aceptado y por el cual quedó con medida de internamiento preventivo.
Un similar operativo ocurrió en un predio del barrio Loma Claymont, donde por fuentes humanas también se conoció que era utilizado para guardar armamentos. Aunque no hubo capturados con el allanamiento se incautaron, un fusil y una escopeta que fueron debidamente legalizadas en las audiencias preliminares.
En el archipiélago, la dirección Seccional de Fiscalías, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, continúa implementando acciones que permitan prevenir, mitigar y resolver cualquier acción delincuencial que altere la sana convivencia de los isleños.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/VHGB/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
