En la mañana del jueves 3 de marzo, Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) presentó el Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el periodo de enero 1 a diciembre 31 de 2021.
Este informe hace énfasis en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, la prevención de las violaciones y la protección de derechos humanos, durante el quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. En el documento, se presentan recomendaciones para mejorar la situación de vulnerabilidad en el país.
Son muchas las alertas que emitió la ONU sobre el incrementó de violaciones de los derechos humanos en zonas rurales y en algunos centros urbanos durante el último año. La organización enfatizó en que la violencia, afectó severamente a lideres sociales, comunidad indígena, campesina, mujeres y afrodescendientes en zonas rurales.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas (12.848 niños y niñas) fueron desplazadas, mientras que en 2020 fueron 26.291 las víctimas de este hecho. La oficina argumentó que los desplazamientos fueron provocados por la violencia, confinamientos y restricción a la movilidad de la población, causados por organizaciones criminales y grupos armados. La OCHA señaló que el 69 % de la población desplazada es indígena y afrodescendiente.
La ONU solicitó al Estado atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia, pidió al Ministerio Público reforzar su presencia en la zonas afectadas, con la prestación de servicios básicos para contener, prevenir y proteger la violencia hacia estas comunidades en riesgo.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país en la región con el mayor nivel de desigualdad. Una de las preocupaciones que encontró la ONU respecto a este tema, es el poco avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz, en particular de la Reforma Rural Integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial y el capítulo étnico. Ante eso, le pidió al Gobierno nacional, “cumplir con lo acordado en La Habana con el fin de combatir las desigualdades estructurales”.
Puntualmente se advierten deficiencias por parte del Fondo Nacional de Tierras, ante las solicitudes de formalización de propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También, se le hace un llamado a la entidad para acelerar el ingreso, registro y caracterización de los predios de distribución a las familias campesinas. “Se debe garantizar el acceso efectivo a la tierra y a las oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos”, señala el informe.
El mayor riesgo para los defensores de derechos humanos derivan del apoyo a los programas de sustitución de cultivos ilícitos. El informe indica una disminución de cultivos de uso ilícito en Colombia cercana al 7 % respecto a 2020. Sin embargo, los cultivadores de coca, marihuana y amapola que se acogieron a programas de sustitución manifiestan una baja implementación de proyectos productivos.
Otra de las realidades que reflejó el informe es el incremento de mujeres y niñas víctimas de violencias, desigualdades y discriminación por género. Según la Fiscalía General de la Nación, al 6 de diciembre había recibido 114.727 denuncias de violencia intrafamiliar.
En el mismo período la Fiscalía recibió 43.394 denuncias de violencia sexual, el 86 % con víctimas mujeres, y 183 denuncias por feminicidios. La Defensoría del Pueblo ha identificado barreras para el acceso de las víctimas de violencia de género a la salud, la justicia y a medidas de protección.
