Ante los hechos ocurridos el fin de semana en el departamento del Cauca, cuando fueron atacadas por grupos ilegales comunidades indígenas, la ONU anunció mediante comunicado una condena contra los hechos violentos de las disidencias de las Farc.
La situación generó una reacción del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hizo un llamado para que “los grupos violentos cesen hostilidades contra la población civil”.
Guterres llamó a un cese de hostilidades contra la población civil en un comunicado que fue leído por Carlos Ruiz Massieu, Representante especial del secretario general de la ONU en Colombia.
En la comunicación indicó que “el secretario general toma nota de la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral del fuego entre el Gobierno y el Grupo armado autodenominado como EMC en varios departamentos de Colombia”.
Massieu agregó que “el Secretario General condena los últimos actos de violencia contra las comunidades indígenas que han motivado esta decisión y hace un llamado a los grupos armados para que cesen inmediatamente todas la hostilidades contra la población civil”.
Recompensa
Por otra parte, a través de X, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofreció 130 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita la captura de seis integrantes del frente “Dagoberto Ramos” que delinquen en el Cauca.
Según el Ministro, los miembros de esa estructura del Estado Mayor Central de las disidencias Farc serían los posibles autores del ataque armado en Toribio, Cauca, donde fue asesinada la dirigente indígena Carmelina Yule y resultaron heridos otros dos comuneros.
Más medidas
La Guardia Indígena también anunció sus propias medidas ante la situación de orden público que viven sus territorios.
Es así como la justicia indígena del Cauca ordenó la captura de los cinco integrantes de las disidencias de las Farc, presuntos responsables del ataque donde murió la dirigente.
Luego de una asamblea, los indígenas anunciaron retomar los puntos de control por parte de la guardia indígena y retirar toda la propaganda o publicidad que haga alusión a ese grupo armado.
Así mismo, se activó un instrumento jurídico contra personas que se han identificado que colaboran con criminales en esa zona del norte del Cauca.
El consejero mayor del Cric, Yesid Conda, indicó que “la comunidad ha decidido expulsarlos del territorio”.
Conda agregó que las determinaciones son “el retomar los puntos de control por parte de la guardia indígena junto a la comunidad, el retiro inmediato de toda propaganda o publicidad que haga alusión a estos actores armados ilegales y la activación del instrumento jurídico contra personas que se han identificado que colaboran con estos grupos. La comunidad ha decidido expulsarlos del territorio”.
Por otra parte, el defensor regional del pueblo, Daniel Molano le pidió a los pueblos permitir el ingreso del Ejército a sus territorios para cumplir con su labor constitucional.
En un comunicado manifestó que “solicitamos que se les respete, que los militares no sean expulsados para que ejerzan el control territorial, no de la mano de las autoridades indígenas”.
Las organizaciones reconocieron que a pesar de lo ocurrido están dispuestas a sentarse en una mesa de diálogo con representantes de los grupos armados siempre y cuando existan actos de voluntad.
