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Oposición incomprensible - Columna de Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía - Gobierno - Política

Oposición incomprensible – Columna de Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía – Gobierno – Política


La minería ha sido un común denominador del desarrollo económico, social e institucional de Colombia desde el inicio de la República. Uno de los primeros decretos integrales para un sector productivo, lo expidió Simón Bolívar el 24 de octubre de 1829 para reglamentar la actividad minera, convirtiéndose en la base del actual derecho minero. En departamentos como Antioquia y Caldas, por citar solo dos ejemplos, la minería ha ocupado un lugar central en su desarrollo industrial, empresarial y social, como lo narra Nicanor Restrepo Santamaría en el libro ‘Empresariado Antioqueño y Sociedad, 1940-2004’.

En el caso de Antioquia, fue justamente la actividad minera la que facilitó la asociación de capitales para financiar emprendimientos comerciales e industriales, inicialmente para proveer bienes y servicios a los mineros y posteriormente para diversificar la economía hacia otras actividades productivas. De esto pueden dar fe familias industriosas como los Álvarez, Echeverri, Echavarría, Jaramillo, Ospina, Restrepo, Santa María, Sierra y Uribe, quienes gracias a las experiencias y capitales que acumularon en actividades mineras, pudieron fundar las primeras industrias de Antioquia a finales del siglo XIX.

El impulso que le imprimió la minería al desarrollo económico regional y nacional hoy se ve reflejado en varios de los más grandes grupos empresariales del país, como Drummond, Cerromatoso, Conconcreto, Gran Colombia Gold, Construcciones El Condor, Mineros S.A. y Grupo Argos. Este último, incluyendo a Cementos Argos, que hoy es la minera más grande del país por utilidades, es el segundo grupo empresarial más grande de Colombia con ingresos que sobrepasaron los 27 billones de pesos en 2019, solo superado por Ecopetrol. En materia macroeconómica, la minería es clave para departamentos como La Guajira y Cesar donde aporta entre el 30 % y el 40 % del PIB, mientras que a nivel nacional es responsable por el 25 % del total de las exportaciones, más de 350 mil empleos directos, casi el 15 % de la inversión extranjera directa y cerca del 25 % del presupuesto bienal de regalías. Todo esto se da en un sector que, pese a la desinformación y al falso mito de minería o agua, consume menos del 2 % de los 37 mil millones de metros cúbicos de agua que demanda el país anualmente.

En otros ámbitos la minería también ha hecho grandes aportes al país, como por ejemplo la creación en 1864 de la Escuela de Artes y Oficios para formar técnicos para la industria minera antioqueña, que dio paso más adelante al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 1957. Igualmente, en casi todos los departamentos del país se crearon secretarías de Minas con un carácter técnico y profesional, y a nivel nacional existen entidades respetadas científica y técnicamente como el Servicio Geológico Colombiano, referente internacional, la Unidad de Planeación Minero-Energética y la Agencia Nacional de Minería.

Este recuento es importante porque hoy es común escuchar voces que se oponen a la minería, desconociendo la relevancia histórica de esta actividad, pero más grave aún, ignorando la creciente demanda de minerales que hay en el mundo por causas tan loables y necesarias como la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Y es que los minerales están cada vez más presentes en nuestras vidas, sobre todo en las acciones encaminadas a reducir nuestra huella de carbono en el planeta. Desde las viviendas que habitamos, edificadas con materiales de construcción, hierro y aluminio, pasando por las energías renovables no convencionales que usan cobre, zinc, níquel o cobalto, hasta los vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y tabletas que usamos para conectarnos física o virtualmente y que solo son posibles gracias al litio, el oro, la plata, el manganeso o el estaño, entre muchos otros minerales.

Estas voces también desconocen, algunas por ignorancia y otras por capricho, el enorme potencial minero del país, el cual representa una gran oportunidad de reactivación económica en la era post-pandemia. Hoy contamos con 8 grandes proyectos para los próximos 3 años, entre ellos la primera mina de oro subterránea a gran escala del país que inaugurará el presidente Duque en Buriticá esta semana, que tienen el potencial de generar inversiones por más de 17 billones de pesos y crear 12 mil empleos directos. Adicionalmente, Colombia a pesar de su tradición minera y su gran potencial en minerales metálicos, esenciales para la transición energética, es un territorio prácticamente inexplorado. De los 104 millones de hectáreas que tiene el país, tan solo el 3 % cuenta con título minero y apenas el 0.2 % está en etapa de explotación. Este potencial representa también una gran oportunidad para diversificar nuestra canasta minera, que hoy es altamente dependiente de un mineral que atraviesa una compleja coyuntura internacional y que merece una columna aparte: el carbón térmico.

Por eso resulta desconcertante la oposición a esta importante actividad, que cuando se realiza a en condiciones de legalidad tiene que cumplir con los más altos y rigurosos estándares ambientales y técnicos, y en la parte social está sujeta a mecanismos de coordinación y concurrencia con el territorio, garantizando espacios de participación y socialización como lo ha reconocido en sentencias la Corte Constitucional. Esa oposición resulta además incomprensible, cuando, en ocasiones, proviene de organizaciones que representan diversos sectores económicos, incluido el mismo sector minero, y que históricamente han reconocido y contribuido a la robusta institucionalidad que hoy caracteriza al sector minero colombiano en el ámbito internacional.

DIEGO MESA PUYO
*MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

Fuente de la Noticia

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