Un preocupante balance en materia de derechos humanos en Antioquia durante 2019 fue entregado por el Instituto de Capacitación Popular (IPC). Gran cantidad de homicidios, casos de amenazas y reclutamiento forzoso se siguen presentando en el departamento. El Bajo Cauca es la subregión donde más casos se registran, según la entidad.
El informe fue realizado por el IPC, en asocio con la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la Escuela Nacional Sindical (ENS), Mujeres que Crean, Ruta Pacífica de las Mujeres, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Corporación Jurídica Libertad, Partido Farc, Observatorio Mujer y Género, entre otras organizaciones, y fue presentado este martes, como parte del Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre.
De acuerdo con el documento, en Medellín, los 308 homicidios registrados entre enero y mayo de 2019, constituían una tendencia de incremento, que sumaban 42 casos más frente al mismo período de 2018. Tendencia que se mantuvo hasta julio cuando la proporción de asesinatos comenzó a disminuir.
“Entre enero y junio de 2019 se asesinaron en promedio a 13 personas por semana; proporción que cambia para octubre, cuando la relación es de 8 personas por semana. Durante este periodo, las comunas más afectadas fueron La Candelaria, San Javier, Robledo, Belén y Castilla, así como los corregimientos de San Cristóbal y Altavista”, indica el informe.
El de Medellín no es un modelo de seguridad que garantiza los derechos humanos. Este modelo produce más homicidios que en años anteriores
Durante la presentación, Nathaly Tobar, investigadora del IPC, manifestó que «el de Medellín no es un modelo de seguridad que garantiza los derechos humanos. Este modelo produce más homicidios que en años anteriores”. Con dicho modelo, se refiere a la lucha frontal de las autoridades para capturar integrantes y cabecillas de los grupos armados organizados.
El documento hace división por entidad territorial, haciendo hincapié en la subregión del Bajo Cauca, en la que, de acuerdo con el IPC, en 2019 los municipios con mayor número de homicidios fueron Caucasia, con 108 casos; Cáceres, con 66 casos, y Tarazá, con 62 casos.
“Cáceres y Tarazá, con una tasa respectiva de 123,32 y 89,02 homicidios por cada cien mil habitantes, son los municipios más violentos en términos de homicidios durante enero y octubre de 2019”.
En cuanto a las amenazas en el Bajo Cauca, entre enero y octubre de 2019 se presentaron 101 casos en total. Por otro lado, con respecto al reclutamiento forzado en esta subregión, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Victimas, entre 2016 y 2019, en el departamento hubo 49 casos relativos a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, sin embargo, para el IPC y como precisa en el texto, se trata de un subregistro.
“De acuerdo con los testimonios de los familiares de las víctimas, en Cáceres se registran por lo menos 30 casos conocidos de reclutamiento. En las veredas Campanario y Omagá se conocen alrededor de 10. Las personas reclutadas pertenecen al pueblo indígena Zenú. Se atribuye la responsabilidad de este hecho a los Caparrapos y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En Tarazá se registran alrededor de 40 casos de reclutamiento de niños y niñas”.
En el primer trimestre de este año se han registrado 220 casos de homicidios de mujeres en el país, “siendo las personas más cercanas (esposo, novio, pareja, expareja) las responsables de los casos violentos. Denunciamos que, en este país, existe un 90% de impunidad con relación a las violencias contra las mujeres.”, manifiestan las organizaciones Mujeres que crean y Ruta Pacífica de las Mujeres en el texto.
Asimismo, expresan que aunque las mujeres con más de la mitad de la población del país, del departamento de Antioquia y de los municipios de Medellín, Caldas y Barbosa, “en los cargos de representación política no sobrepasamos el 25%”, indicaron las organizaciones.
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), desde enero de 2018 a septiembre de 2019, 281 indígenas fueron desplazados de manera forzada en el departamento, la mayoría de ellos del Bajo Cauca (106 personas en Cáceres y 120, en Caucasia).Entre 2018 y 2019 se presentó el confinamiento de 1.064 indígenas en Antioquia, siendo las zonas de Bajo Cauca, Norte y Occidente las más afectadas.
Asimismo, de acuerdo con el texto, entre 2018 y 2019 se han presentado 26 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas. «Las prácticas de reclutamiento por estos actores se dan por medio de amenazas e intimidaciones a los jóvenes y su familias (…) las más comunes son el ofrecimiento de dineros para que sean colaboradores o trabajen con ellos, el enamoramiento a las jóvenes, ofrecimiento de ayudas a las familias menos favorecidas, entre otros», resalta el informe.
MEDELLÍN