La adjudicación y contratación del proyecto de restauración del Canal del Dique, por un valor de 3.5 billones de pesos, estaba programada para este jueves 4 de agosto. La idea inicial era adjudicarla al único proponente que fue la constructora Sacyr.
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No obstante, de acuerdo con W Radio, la sesión fue aplazada por una exasesora jurídica de la ANI para este viernes 5 de agosto, último día hábil del gobierno Duque.
Acto seguido, el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, señaló a la emisora citada que la adjudicación de esta APP ahora quedaría en manos del presidente Gustavo Petro y ya no se haría el viernes.
El rechazo del Pacto Histórico
Canal del Dique
Cortesía Cormagdalena
Una de las inconformidades desde el Pacto Histórico, ha sido respecto a la firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS que ha sido investigada en el pasado.
«Contralor Felipe Cordoba usted nos hizo regresar al Control Previo. ¿Por qué no dice nada sobre adjudicar un proyecto como el Canal del Dique por 3.5 billones, sin estudios, sin licencia, sin consulta previa, con un solo proponente y a dos días de entregar el gobierno? ¿Tapen tapen?«, había expresado el senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.
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Asimismo, la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, aseguró que en este proceso de adjudicación se han dejado factores importantes por fuera: «Hay un tema grave que vimos en el empalme y es que en nuestro criterio ese proyecto (el del Canal del Dique) necesitaba licenciamiento ambiental o instrumento de manejo ambiental. Se han inventado un instrumento que no existe en la norma para justificar la APP y acelerar su trámite, cosa que este gobierno la pueda adjudicar y además, de forma muy interesante, no en cabeza de los ministros sino en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a ver qué dejan en este contrato», aseguró en medio de una cumbre en Santa Marta.
Junto a ello, el proyecto ha sido ampliamente criticado por su impacto en las comunidades aledañas. El Canal del Dique apunta a la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del brazo artificial del río Magdalena.
“Existe desinformación científica. Por ninguna parte las comunidades han tenido acceso a los estudios de impacto ambiental, ni a los modelos que usaron las empresas para determinar cómo es posible desconectar el canal del Dique de la Ciénaga. Esto último evidencia un desconocimiento gigante de ecología básica y de la región”, señala el investigador Jesús Olivero Verbel, coordinador del Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena para EL TIEMPO.
El proyecto tendría un impacto en comunidades de al menos 8 municipios en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Para la ANI, las obras buscan controlar las inundaciones y la entrada de toneladas de sedimentación en el canal del río Magdalena. Esto, según la institución, ha generado la contaminación de la Bahía de Cartagena.
“Se le está apuntando a controlar los caudales del río Magdalena, los cuales nunca han sido controlados, especialmente en la cuenca baja donde recibe toda la precipitación de los Andes colombianos”, cuestiona Verbel.
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Según la ANI, otro beneficio para la región con el proyecto será la apertura de 61.766 empleos directos e indirectos.
«El proyecto habla de la recuperación de los ecosistemas, pero esos ecosistemas no se recuperan evitando la entrada de sedimentación. Lo que se debería hacer es remover periódicamente los sedimentos de las ciénagas para que la vida fluya e incrementemos la vida en esos cuerpos de agua«, asegura el experto.
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