En la previa al debate de la reforma laboral, proyecto que no se ha agendado todavía en el Congreso, pero sigue dando de qué hablar, esta semana se dió un duro enfrentamiento entre los comerciantes y el Ministerio del Trabajo, por uno de los cambios que propone, con los pactos colectivos.
Todo comenzó después de que el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, lanzara una dura advertencia a las empresas, hablando del escenario en el que no se llegue a aprobar la reforma, en la que dijo que habrá duras sanciones para quienes usen los pactos como una herramienta en contra de la actividad sindical.
Palma Egea dijo que los “pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo en su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de inhibir el nacimiento de un nuevo sindicato, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”.
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Si bien dijo que las sanciones respetarán el principio de “dosimetría”, no hay que pasar por alto que el monto de salarios expuestos por el viceministro Palma, se traduce en $6.500 millones, lo cual no fue bien visto por los comerciantes.
Además, este funcionario advirtió que “si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos ceñiremos a la circular que señala unos indicios cuando hay discriminación” y explicó que “aquí había una tesis de que no aplicaba, sino la sanción de máximo 100 salarios mínimos, nosotros no compartimos esa tesis, y es la orientación que le hemos dado a toda la Inspección del Trabajo”.
Edwin Palma Egea
Estas declaraciones fueron calificadas como desafortunadas por el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien pidió al vocero del Gobierno que dio estas declaraciones, que no olvide que el país atraviesa por un momento en el que lo más importante es darle seguridad y tranquilidad a los empresarios y atraer inversión.
“No se entiende cómo, un funcionario del Ejecutivo, anuncia anticipadamente unas penalizaciones, claramente desproporcionadas a empresas del sector privado. No puede normalizarse que los caminos para aprobar una inconveniente reforma laboral sean las vías de hecho con amenazas inescrupulosas”, afirmó Cabal Sanclemente.
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Así mismo, dijo que las situaciones generadas por las palabras de Palma Egea no ayudan al principio democrático de separación de poderes, ni al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, dejando claro que no es bueno anunciar sanciones multimillonarias como retaliación, si no se aprueba un proyecto de ley que, según Fenalco, generaría altos costos y destruiría empleos.
“Preocupa que se comuniquen este tipo de medidas, cuando el Congreso analiza las dificultades que esta reforma agregaría a las empresas en momentos difíciles de la economía y cuando la Corte Constitucional revisa el ajuste a la Constitución de la figura de los pactos colectivos, lo cual se constituye en una presión indebida”, resaltaron.
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de FENALCO.
Cabe resaltar que de las reformas que promueve el gobierno Petro en el Congreso de la República, la laboral es la que menos avances muestra, ya que apenas cuenta con la aprobación de 16 de los casi 100 artículos que contiene y todavía no tiene una fecha clara para su debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio