La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) planteó la recuperación del papel central del Estado para crear nuevos pactos fiscales, sociales y culturales, para asignar nuevos recursos y configuraciones sociales que tenga al ciudadano como eje central.
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Así se desprenden del nuevo informe ‘La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género’, que fue presentado en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer que se celebra en Buenos Aires por esta semana.
“Estoy seguro que sociedades como las que estamos promoviendo harán que todas las personas vivamos mejor (…) Estamos ante una propuesta ambiciosa, pero la realidad es que este no es un momento para cambios graduales ni tímidos, sino ambiciones y transformadores”, señaló en el documento José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.
El ejecutivo remarcó que “urge una transformación profunda” que reconozca los vínculos sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente.
El documento recuerda que en la actualidad, las mujeres son uno de los grupos ciudadanos más vulnerados y golpeados por la crisis de la pandemia y la guerra, posteriormente.
(Vea: Cepal prevé caída en el crecimiento de América Latina).
Por la covid-19, las mujeres sufrieron un “retroceso de 18 años”, donde las tasas de participación cayeron desde el 51,8% del 2019 a 47,6%, mientras sus tareas domésticas también se incrementaron.
Pero antes de los pactos, para lograr una mayor vinculación formal de las mujeres dentro del mercado laboral de América Latina, la Cepal propone el concepto de la sociedad del cuidado, una estrategia que “integra el cuidado de las personas y el cuidado del planeta desde un enfoque de género y en el marco de los derechos humanos, como una alternativa imprescindible”.
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El documento destaca que el objetivo “prioritario” para que dicho modelo logre superar los nudos de la desigualdad de género es la autonomía de las mujeres, entendida como su capacidad “para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos”.
El documento señala que para que este modelo se concrete, el papel del Estado es “decisivo” mediante la “universalización de servicios de calidad, la coordinación e intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera y el principio de la corresponsabilidad”.
Al puntualizar sobre la propuesta de los pactos, el documento especifica que en el tema fiscal se debe impulsar para “por un lado, ofrecer servicios públicos de calidad que garanticen los derechos de las mujeres e implementar sistemas de protección social integrales y, por el otro, asegurar la sostenibilidad financiera de las políticas”.
(Vea: Ingresos de gobiernos de América Latina alcanzan máximo en 30 años).
En el texto también se propone que “la implementación de políticas de género y su sostenibilidad son requisitos interdependientes para reducir las grandes desigualdades que aquejan a la región”.
Por otro lado, frente al tópico del pacto laboral, el documento señala que “resulta indispensable” un mercado que se adapte a las necesidades de los ciudadanos y “no al revés”; por lo cual se va a requerir “descentrar los mercados laborales como principales reguladores de la vida en términos de acceso a bienes y servicios indispensables”.
Además, se requieren otras políticas laborales como la regulación de la extensión máxima de las jornadas de trabajo, la protección del empleo de quienes tienen personas dependientes a su cargo y la promoción de la inserción de mujeres en cargos masculinizados.
Cerrar brechas en licencias, clave para empleos en A. Latina: OIT
Extender la cobertura de las licencias para el cuidado de niñas y niños y las interrupciones para la lactancia de acuerdo a los estándares internacionales, y universalizar los servicios de calidad para el cuidado infantil y los servicios de larga duración generaría millones de empleos directos e indirectos en América Latina y el Caribe, en su mayoría formales y ocupados principalmente por mujeres.
Así lo constata un nuevo estudio de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo.
Una simulación mundial, que incluyó a siete países de la región, estimó que invertir para universalizar las licencias para el cuidado de niñas y niños, las interrupciones para la lactancia, los servicios de cuidado infantil y los servicios de cuidados de larga duración en estos siete países latinoamericanos generaría 25,8 millones de empleos directos e indirectos. Nueve de cada diez serían formales.
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