Desde antes de comenzar la rueda de prensa, los periodistas que le siguen la pista a la situación de la economía sabían que venía un anuncio grande.
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Seguramente por eso más personas de lo usual se conectaron el viernes al enlace en el cual tanto el gerente del Banco de la República como el ministro de Hacienda reportaron lo sucedido durante la junta directiva del Emisor.
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El plato fuerte estaba en lo que se denominó como el “comunicado número tres”, que en realidad no había sido escrito en Bogotá, sino en Washington. En el texto se informó que Colombia obtuvo la ampliación de la línea de crédito flexible que tenía abierta con el Fondo Monetario Internacional a un nuevo máximo de 17.300 millones de dólares, de los cuales está considerando pedir el desembolso de hasta 5.300 millones.
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Como es de imaginar, la gran mayoría de las preguntas se concentraron en la utilización de un mecanismo con escasas ataduras, al cual solo tienen acceso unas pocas naciones. Hasta ahora, ninguno de los cuatro países que cuentan con esa posibilidad –entre los 189 que componen el FMI– ha usado todavía la línea y menos para propósitos fiscales.
Según lo explicó el propio Alberto Carrasquilla, el dinero servirá para financiar el pago de obligaciones estatales en 2020, pues la pandemia trajo consigo un aumento de las obligaciones y una caída en los ingresos públicos. La entrada de divisas servirá, de paso, para aliviar el desequilibrio de las cuentas externas que muestran un elevado saldo en rojo.
Aunque todavía falta conocer las condiciones precisas de un préstamo que será a cinco años de plazo, la noticia confirmó que la administración Duque decidió aceptar el consejo que personas como el exministro Mauricio Cárdenas le habían dado desde abril. En lugar de acudir a emitir bonos o a tocar la puerta de los bancos, el Ejecutivo resuelve sus necesidades de un plumazo.
El trasfondo de lo ocurrido comprueba que los desafíos en materia económica son muy serios y que falta un buen tiempo antes de que regrese la calma. Es verdad que la reanudación de un gran número de actividades avanza y que se pueden contar en los dedos de una mano los segmentos que no cuentan con una reapertura a la vista. Sin embargo, vale la pena ser realistas y entender que falta mucho trecho para recuperar el terreno perdido.
A MEDIA MARCHA
Tal vez el diagnóstico más claro sobre la coyuntura provino del propio Banco de la República el viernes 28: “En respuesta a la flexibilización de las medidas de aislamiento, se observa un menor ritmo de deterioro (…). No obstante, la actividad económica se sigue contrayendo”, señaló la entidad. En concreto, el equipo técnico del Emisor calcula que el producto interno bruto (PIB) caerá “entre 6 y 10 por ciento en el 2020”.
El Fondo Monetario también recortó sus previsiones. Ahora el organismo habla de un bajón de 8,2 por ciento este año, cuatro décimas menos de lo que pensaba en julio. Dicho estimativo es mucho más pesimista que el 5,5 por ciento del que habla todavía el Gobierno y se ajusta al escenario más ácido que presentan entidades como Fedesarrollo.
Para entender por qué las cosas se ven peor ahora hay que referirse a la prolongación del confinamiento, que tuvo consecuencias negativas sobre el sector productivo. En comparación con lo visto en junio, la mejoría en julio acabó siendo pequeña y en agosto las ventas volvieron a dar marcha atrás. Las restricciones impuestas en varias ciudades, pero sobre todo en Bogotá y Medellín, alargaron la crisis.
Solamente en septiembre, tras el comienzo de la etapa de aislamiento selectivo, se recuperó la tendencia ascendente. Un análisis hecho por Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, que le sigue la pista a 172.00 establecimientos y a 11 millones de consumidores, afirma que este es “el mejor mes para el comercio desde que se inició la pandemia”.
Semejante opinión no quiere decir que las dificultades hayan quedado atrás. Todavía las transacciones en los almacenes muestran un descenso del 15 por ciento con respecto a los datos de un año atrás.
Quien quiera ver el vaso medio lleno dirá que en abril –cuando las cuarentenas estaban en todo su vigor– la descolgada alcanzó a ser del 49 por ciento. Pero así se trate de ser optimistas, es imposible tapar el sol con las manos respecto al tamaño de la recesión.
Tal como están las cosas, los pronósticos de los especialistas respecto al desempeño de la economía durante el trimestre que concluye el miércoles próximo muestran un descenso cercano al 9 por ciento. Ahora las esperanzas están puestas en el último cuarto del año, en el cual se podría aminorar el tamaño de la caída si se logra que el consumo y la inversión muestren una dinámica un poco más favorable.
Contener el retroceso es fundamental para salir del bache más temprano que tarde. Aunque los expertos coinciden en que durante el próximo año el crecimiento volverá a ser positivo, con un avance cercano al cuatro por ciento, el Banco de la República estima que solo hasta finales de 2022 la economía nacional retornará al tamaño que tenía en diciembre de 2019.
Lo que eso significa en materia de calidad de vida es inquietante. Millones de personas entrarán a las filas de la pobreza y varios cientos de miles más se enfrentarán a la miseria. Ante ese panorama resulta clave examinar si hay maneras de disminuir el impacto social de una crisis que no tiene precedentes, al menos desde que existen estadísticas.
OPCIONES SOBRE LA MESA
La respuesta de los expertos es que las políticas pueden ser más proactivas, sin desconocer que existen diferentes estrategias en marcha. Para citar un caso, los programas de transferencias condicionadas existentes, en combinación con el esquema de ingreso solidario, sirven para evitar que un número significativo de familias queden en la indigencia.
Dichas soluciones, sin embargo, son de carácter temporal, pues el verdadero objetivo debe ser bajar los índices de desocupación, que a nivel nacional se encuentran por encima del 20 por ciento. El impulso dado a la infraestructura o a la construcción de vivienda apunta en esa dirección, pero compensar la pérdida de más de cuatro millones de puestos de trabajo exige mucho más.
Hay opciones que merecen ser impulsadas. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, se muestra a favor de las obras públicas a escala local. “Respaldar los grandes proyectos está bien, pero los municipios pueden crear muchas plazas si ponen en marcha sus planes de inversión y sacan adelante iniciativas de menor envergadura, que, de paso, le sirven a la comunidad”, subraya.
También es imperativo contener la quiebra de empresas, pues sin firmas que ocupen personas será imposible parar la hemorragia laboral. Los daños ocasionados por la pandemia son incalculables en el ámbito empresarial, pero algunas estadísticas dan una idea de lo sucedido.
De acuerdo con Bancolombia, el número de establecimientos comerciales que hicieron transacciones con tarjetas de crédito emitidas por la entidad ascendió a 393.636 en enero. Para agosto, esa cantidad bajó a 245.462 negocios, es decir, un 33 por ciento menos. La muestra es parcial, pero da una idea sobre la mortandad ocurrida.
Por esa razón vale la pena mantener operando a las compañías que sobreviven. El pago parcial de las nóminas es fundamental, aunque no todos los que desearían formar parte del programa de apoyo al empleo formal logran calificar, y en especial la mediana y pequeña empresa.
Adicionalmente, existe el peligro de que el acceso a recursos de crédito se cierre para muchas unidades productivas, con lo cual conseguir el capital de trabajo o financiar las operaciones se vuelve un obstáculo insalvable. Sobre el papel, las garantías estatales deberían servir para que los bancos aprueben las solicitudes de préstamo, pero en la práctica el mecanismo funciona a medias y los desembolsos están lejos de las metas fijadas.
Tales tropiezos obligan a que se adopten correctivos pronto con el fin de que los fondos asignados se usen en su totalidad. Sería lamentable que la plata destinada a la reactivación no se logre gastar porque las barreras lo hacen imposible.
Igualmente, es aconsejable que se promuevan maneras de inyectarle dinero a las firmas privadas que lo requieran, lo cual pasa por medidas para facilitar la emisión de acciones o la presencia de fondos de inversión. Algunos proponen, incluso, la presencia de una línea estatal que financie a los socios que deseen capitalizar su negocio.
Tampoco se deben olvidar los mecanismos orientados a promover las compras de los hogares, que son el principal motor de la economía. Dentro de las ideas lanzadas está incluso la de subsidiar las tasas de interés de los préstamos de consumo, tal como pasa con las de la vivienda.
En contestación, el día sin IVA –al que le queda su tercera y última jornada– vuelve a ser promovido como una manera de hacer mover las cajas registradoras, a pesar de que los beneficios que este ensayo deja para la economía son, cuando menos, discutibles. Basta recordar que en las dos ocasiones anteriores, la mayor parte de las transacciones se concentró en electrodomésticos importados.
EL TEMOR DE OTRA OLA
Las iniciativas señaladas dependen, además, de un factor fundamental: que la reapertura siga, para que la gran mayoría de sectores cerrados o semiparalizados vuelvan a operar pronto. Hacer efectivo tal propósito depende de la voluntad de las autoridades locales, que son las encargadas de conceder los permisos solicitados.
No obstante, hay un temor que no desaparece: la posibilidad de rebrotes masivos que obliguen a nuevos cierres para contener los contagios. El salto en el número de casos positivos en algunos países de Europa y zonas de Estados Unidos confirma que el miedo a una segunda ola está justificado. Si las cifras de hospitalizados y fallecidos vuelven a acercarse a las registradas en marzo y abril, no quedará más remedio que imponer restricciones, como sucedió en días recientes en el puerto francés de Marsella o, peor todavía, en Israel.
Ese es el motivo por el cual otra vez las bolsas reflejan el pesimismo de los inversionistas, que ven como el auge observado en algunas economías importantes puede llegar a ser efímero. Por ahora, los líderes del Viejo Continente dicen que no hay más remedio que convivir con el virus, pues la resistencia a nuevos encierros crece, si bien todo dependerá de lo que pase cuando bajen las temperaturas ahora que comenzó el otoño.
De vuelta a Colombia, los datos señalan que estamos lejos del pico observado a finales de julio, pero llegamos a una meseta que refleja el regreso masivo de personas a la calle.
Por tal razón no se puede bajar la guardia y las recomendaciones sobre el autocuidado merecen sonar con más fuerza. Bajar la guardia implicaría el retorno a los estados de alerta amarilla y roja.
Aunque solo los estudios de seroprevalencia que están en marcha darán la certeza sobre si una buena proporción de los colombianos son inmunes al covid-19 o no, la esperanza de aquellos que resultaron más golpeados por las restricciones es que el descenso en la cantidad de casos activos seguirá. Si eso llega a ser así, serán mayores las probabilidades de que la economía colombiana empiece a levantar la cabeza de manera más temprana.
En cualquier caso, las autoridades están obligadas a redoblar esfuerzos y buscar fórmulas que permitan que el país vuelva a crecer y generar empleo. Es verdad que otros países de la región se ven mucho peor, pero eso sirve de poco consuelo ante la magnitud de una contracción que algunos funcionarios se niegan a reconocer y enfrentar con más decisión.
RICARDO ÁVILA
Analista Sénior
Especial para EL TIEMPO