Redacción
Al menos 100 vehículos, entre camiones, autobuses y motocicletas, han resultado «afectados» por el paro armado ordenado el jueves el jueves 5 de mayo por el clan del Golfo en represalia por la extradición a EE. UU. de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, acciones que también ha causado zozobra entre la población.
En los llamados paros armados, como este que finalizará el próximo martes 10 de mayo, los grupos criminales suelen restringir el comercio, el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques a quienes transiten por las vías, incluso si van en caravanas escoltadas por el Ejército.
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El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo al término de un consejo de seguridad realizado en Montería, capital del departamento de Córdoba, uno de los perjudicados, que entre el jueves y parte de este viernes ocurrieron «113 hechos» que dejan «100 vehículos» afectados, muchos de los cuales fueron incinerados.
En el consejo también estuvieron el ministro de Defensa, Diego Molano, y mandos del Ejército y la Policía, al igual que los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, que junto a Antioquia y Atlántico son los departamentos más afectados por las acciones del grupo criminal.
Debido a las amenazas del clan del Golfo, los comerciantes de varias ciudades de esos cuatro departamentos decidieron cerrar sus negocios y en varios de ellos fueron suspendidas las clases, como fue el caso de la Universidad de Córdoba.
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La presidente Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, dijo a periodistas que el paro armado les ha dejado pérdidas superiores a los 13.000 millones de pesos (unos 3,2 millones de dólares) por acciones cometidas en Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.
Explicó que ese es el valor aproximado de 32 vehículos, entre camiones y tractocamiones, incinerados en las carreteras de esos departamentos y aclaró que en ese monto no está incluido el valor de las cargas que transportaban.
Además del consejo de seguridad en Montería, Molano y Palacios viajaron a Antioquia para tomar medidas para esta parte del país porque, el jueves 5 de mayo, fueron quemados 18 vehículos y seis motocicletas allí.
Bus quemado en Antioquia.
RESPETO POR LA VIDA
Sobre esta situación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) manifestó su preocupación por la afectación a la población y llamó a que se respete a la gente, su vida y sus bienes.
«Observamos con suma preocupación afectaciones a comunidades y alteraciones al orden público en varias regiones de Colombia«, expresó el organismo e hizo un llamado al grupo armado «a respetar población, derechos y bienes públicos-privados«.
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«Instamos al Estado a acelerar acciones para desactivar violencia y reforzar la protección«, manifestó la MAPP/OEA en Twitter.
En ese mismo sentido se manifestó Juan Pappier, investigador senior para las Américas de Human Rights Watch y quien exigió en redes sociales que «respeten a la población civil».
«Estamos preocupados por el paro armado impuesto por las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se conoce al Clan del Golfo) en al menos seis departamentos de Colombia«, expresó y agregó que, «una vez más, falla la política de seguridad del Gobierno«.
«Insisten con una política errada. El costo lo pagan las comunidades«, dijo en su crítica al ejecutivo que preside Iván Duque.
BLOQUE DE BÚSQUEDA
Para hacerle frente al paro armado, el Gobierno colombiano anunció medidas, entre ellas la creación de un bloque de búsqueda que tiene como fin combatir a ese grupo criminal, el cual está, principalmente, en el Caribe y en el Chocó, según explicó el ministro Molano.
Por otro lado, los gobernadores de Córdoba, Bolívar y Sucre, firmaron una declaración en la que respaldan al presidente Duque, que extraditó a alias Otoniel.
«Rechazamos las vías de hecho y acciones violentas, que no solo atentan contra las vidas de personas inocentes, sino que afectan vehículos, bienes, formas de trabajo e infraestructuras por las que se mueve el esfuerzo y el progreso de todos los colombianos«, remarca el documento.
Úsuga, quien fue extraditado el miércoles 4 de mayo, ya se declaró no culpable ante una jueza federal en Nueva York que lo acusa, entre otros delitos, de «liderar una empresa criminal continuada» entre el año 2003 y octubre de 2021, cuando fue capturado, y de «participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas serían importadas ilegalmente a Estados Unidos«.
EFE
