Redacción
Mediante resolución, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expidió el protocolo que, a corto plazo, (provisional) incluye las medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente.
Esto, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al fallar una tutela decretó como medida provisional al Gobierno Nacional constituir una mesa, conjuntamente con la alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para definir dichos protocolos.
La resolución establece, entre las responsabilidades de los gobernadores, activar un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que, entre otras autoridades, deberá estar Migración Colombia para identificación y atención a población migrante extranjera.
También será tarea de los gobernadores la de activar los planes de desarme de armas blancas con el ánimo de salvaguardar la vida e integridad de los manifestantes.
Mientras tanto, el protocolo señala que dentro de las responsabilidades de los alcaldes estará convocar mesas de trabajo previas a las manifestaciones con sus líderes, con el objetivo de verificar cuál será el curso de la misma y sus pormenores, para articular las acciones requeridas y generar los apoyos de las entidades para garantizar la seguridad y el orden público.
“El alcalde deberá conformar previamente a la manifestación pública un Grupo Élite que se encargue de coordinar con los líderes de los manifestantes el cómo y por dónde se llevara a cabo la misma de tal manera que se tenga claridad que no se pondrá en peligro el derecho a la vida e integridad de los manifestantes y de los demás ciudadanos”, señala la resolución.
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También, de ser necesario, los distritos y municipios conformarán equipos de convivencia o de personal que faciliten el desarrollo pacífico de la manifestación y emitir las órdenes administrativas u operativas que permitan en lo posible, anticipar y prevenir la generación de hechos de violencia.
Además, las alcaldías deberán implementar «controles al consumo de bebidas embriagantes en vía pública y porte de armas previa coordinación con las autoridades correspondientes”.
Entre tanto, a la Policía se le impone la tarea de las acciones anticipativas de control de infiltración. En ese sentido, deberá suministrar información con enfoque preventivo a los alcaldes y gobernadores como primeras autoridades de policía, con el fin de facilitar la posible identificación de los actores infiltrados que generen actos de violencia en las protestas sociales y evitar la obstaculización del derecho fundamental a la manifestación pública de la ciudadanía.
Eso sí, se establece que los miembros de la Policía Nacional continuarán con las capacitaciones en Derechos Humanos.
No portar armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar su integridad, a
los demás manifestantes, las autoridades y personas que no participan en la manifestación
“Cuando en el marco de la manifestación pública, se desprendan hechos violentos que alteren el orden público y la convivencia, poniendo en riesgo la vida e integridad, así como la propiedad privada y la libertad económica, la actuación de la Policía Nacional se realizará con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario”, se lee en la resolución.
Pero no todo es para las autoridades. A los participantes y organizadores de las marchas se les imponen igualmente unos compromisos.
El primero es que deben conminar a los participantes para que en el ejercicio del derecho legítimo a manifestarse públicamente lo hagan de manera pacífica, pero también deberán propender por un desarrollo armónico entre el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes, teniendo como marco general la corresponsabilidad y la solidaridad social.
En otro de los puntos se establece que deberán “respetar a las autoridades legítimas del Estado, evitando afectaciones a sus elementos o uniformes con los cuales cumplen la función de protección y garantía del ejercicio del derecho de manifestación».
Y queda claro que no podrán “portar armas contundentes, químicas o incendiarias que puedan afectar su integridad, a los demás manifestantes, las autoridades y personas que no participan en la manifestación”.
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