Redacción
Perú sigue sumergido en una profunda crisis política, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo y el estallido de una ola de protestas que le han costado la vida a al menos 26 personas en enfrentamientos con las fuerzas policiales y el Ejército.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para analizar la crisis y las demandas de justicia de los familiares de las víctimas, en un país donde fue decretado el «estado de emergencia» nacional y el control del orden público está en manos de las Fuerzas Armadas.
Las manifestaciones que exigen el cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte aún se mantienen en distintos puntos del país.
En este clima de inestabilidad, se han estimado grandes pérdidas económicas por el cierre de comercios, el bloqueo de aeropuertos, carreteras y trenes, la suspensión de actividades productivas y los daños a la infraestructura y los servicios públicos.
«Estimamos que las pérdidas por la paralización productiva en el país han llegado a los US$50 o US$60 millones diarios, durante los días más fuertes de las protestas», dice Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
«Felizmente las protestas han ido bajando su intensidad en los últimos días», comenta en diálogo con BBC Mundo.
No es fácil calcular los efectos económicos derivados de una crisis política como esta, advierte.
En los pequeños comercios, por ejemplo, «existe un efecto significativo por las ventas navideñas», una época del año que es fundamental para el sector minorista.
Macera dice que los bloqueos de carreteras han afectado la venta y exportación de productos agropecuarios frescos, la distribución de gas natural, el traslado de carga y pasajeros entre las distintas provincias y toda la actividad comercial que requiere el transporte de productos de un lugar a otro.
En el sector hotelero, se calcula que el 80% de las reservas en la ciudad de Cusco para esta temporada fueron canceladas.
Cientos de turistas que estaban varados en la histórica ciudad de Machu Picchu fueron evacuados de la zona y han comenzado a regresar a sus destinos de origen, luego que se reabrieran los servicios de transporte que habían sido interrumpidos en la zona.
Según Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la gran mayoría de los viajeros ha preferido postergar sus planes hasta tener mayor certeza de qué pasará con las protestas.
«Hay un promedio de 1,8 millones de turistas que ya no están haciendo actividades turísticas en el Perú», dijo el martes.
El gremio ha calculado pérdidas en torno a los US$260 millones en las últimas dos semanas.
Pese a las pérdidas económicas que ha generado la convulsión social en el país luego que cayera el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, la economía sigue funcionando como ha ocurrido en otros momentos de crisis políticads.
El sol, la moneda peruana, la bolsa y los bonos del país han mantenido una posición relativamente estable hasta ahora.
Todo parece indicar, señalan analistas, que a pesar de todas las turbulencias políticas, la economía peruana se ha acostumbrado a resistir más allá de lo que ocurre en las altas esferas del poder.
En medio de la crisis, el Banco Central de Reserva de Perú disminuyó de 3% a 2,9% la proyección de crecimiento económico para el país en 2022 y 2023.
La decisión «se debe a dos factores: el dato de crecimiento observado en octubre y el efecto marginal que están teniendo estas protestas que han afectado la actividad económica», declaró Julio Velarde, presidente de la institución.
Y sobre la inversión privada en el país, Velarde disminuyó la expectativa de crecimiento de un 1,8% a solo un 1% para el próximo año.
Para el sector turístico, uno de los más afectados por las manifestaciones, estimó spérdidas de US$100 millones por los viajes cancelados en enero debido a las protestas en los últimos días.
«Si la situación se calma en las próximas dos o tres semanas, probablemente en dos o tres meses la gente se olvide de que ha pasado esto (…) no creo que tenga tanto efecto, pero habría que verlo», agregó.
La percepción del país en el exterior es un punto clave en términos de la inversión extranjera directa y los flujos de capitales.
«Lo que está pasando profundiza la imagen del Perú como un país con un problema serio de ingobernabilidad crónica», sostiene Diego Macera.
Sin embargo, «en el largo plazo la macroeconomía parece estable».
De todos modos, la evolución de la situación, explica, dependerá del consenso político al que se pueda llegar.
«Si no se abre la puerta para una Asamblea Constituyente y se mantienen los cimientos del sistema, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en el Perú pueden continuar», apunta.
Desde el mundo financiero están siguiendo muy de cerca la situación política y económica del segundo mayor productor de cobre del mundo.
«Vemos una alta probabilidad de que se repitan las sillas musicales que siguieron a la destitución de Pedro Kuczynski» en 2018, dijo Ramiro Blazquez, jefe de Investigación y Estrategia del banco de inversión BancTrust, en comentarios enviados a BBC Mundo.
Las agencias calificadoras de riesgo también manifestaron su preocupación.
La perspectiva de la calificación de deuda en moneda extranjera a largo plazo fue revisada a negativa por la consultora S&P Global Ratings.
«La forma en que ocurrió el más reciente cambio de poder en el Perú refleja un mayor estancamiento político y aumenta los riesgos por delante», escribió la agencia el 12 de diciembre.
Fitch Ratings mantuvo sus perspectivas, aunque advirtió que «la última agitación política plantea riesgos económicos y fiscales negativos y prolonga la incertidumbre».
Pese a la actual inestabilidad política, agregó, «el perfil crediticio de Perú continúa beneficiándose de fundamentos sólidos en ciertas áreas, incluida una relación moderada entre la deuda del gobierno general y el PIB, un déficit fiscal modesto y altas reservas internacionales», agregó la firma.
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