En el debate público se reconoce correctamente que el sistema público de pensiones, el Régimen de Prima Media (RPM), otorga unos subsidios totalmente inequitativos. A los pensionados de mayores ingresos les dan los subsidios más altos.
Sin embargo, el régimen público tiene otra fuente de desigualdad que consideramos incluso más regresiva y vergonzosa, cuando tenemos en cuenta que solamente el 10 % de sus afiliados van a alcanzar los más de 26 años (1.300 semanas) de cotizaciones para acceder a pensión. La pregunta que surge es ¿qué pasa con ese 90 % que no alcanza las semanas mínimas de cotización? Y ahí es donde se estructura la segunda fuente de desigualdad, aún más escandalosa que la primera.
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Para comprender esta situación, es importante recordar que tan solo entre 2013 y 2019, 653.198 personas no se pensionaron por vejez en Colpensiones, y recibieron una devolución de lo que habían contribuido, la llamada indemnización sustitutiva. Este es un pago único por sus aportes que hace la entidad, sin reconocer interés real alguno. Para considerar el alcance de esta anomalía, es importante recordar también que no todos los que no se pensionan han solicitado dicha indemnización y por eso hoy en día hay más de 825.000 afiliados al RPM con más de 65 años, la gran mayoría sin cotizar, que no han reclamado su devolución.
Los valores promedio de esas indemnizaciones han oscilado entre 3,9 y 5,5 millones de pesos. Para establecer una comparación, en el mismo periodo 2013-2019, 164.498 personas afiliadas al Régimen de Ahorro Individual (Rais), no se alcanzaron a pensionar, y recibieron una devolución de saldos que en promedio se ubicó alrededor de los 35 millones de pesos, cerca de 7 veces más que en el régimen público.
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Estas cifras muestran, además de su complejidad y de las grandes diferencias que existen entre ambos regímenes, la expropiación que hace el Estado colombiano a los afiliados más pobres del sistema pensional. En el lenguaje coloquial se lo debería definir como un verdadero robo.
Así, mientras en Colpensiones todos los aportes son usados para pagar las mesadas de los actuales pensionados, en los fondos de pensiones los recursos se invierten en diferentes activos para maximizar los beneficios para los afiliados en el largo plazo.
Gracias al mercado de capitales, los fondos de pensiones están logrando que la población ocupada, de todos los niveles de ingreso, accedan a las ganancias de capital, a las que bajo ningún otro modelo podrían acceder. Se ha argumentado que parte de las desigualdades de nuestra sociedad es que muy pocos acceden a estas ganancias. Sin embargo, por medio de los fondos se está logrando que cerca de 17 millones de personas tengan mayores ahorros precisamente por los beneficios de invertir dichos recursos eficientemente.
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¿Dónde están los jueces y los legisladores para que reviertan esta situación y hagan que el artículo 48 de la Constitución no sea letra muerta?
Una gráfica que utilizamos comúnmente para mostrar la evolución de las inversiones realizadas por los fondos de pensiones es una excelente forma de evidenciar qué hay detrás de estas diferencias entre las devoluciones de los regímenes pensionales.
Acá tenemos la comparación de tres ‘alternativas’ de inversión: un millón de pesos a finales del 94 cuánto significaría hoy si… 1) Lo invertimos en un activo que solo da la inflación (como Colpensiones); 2) Lo invertidos en un CDT, y 3) Lo invertimos en el portafolio moderado. Las diferencias hablan por sí solas. Pero lo realmente interesante es que la diferencia entre la inversión en el portafolio moderado y la inversión en el activo que solo cubre inflación es muy similar a las devoluciones promedio que observamos en la primera gráfica. No sobra agregar que, como se observa en la evolución del portafolio moderado, se puede ver que ya se recuperaron las desvalorizaciones presentadas en marzo como motivo del covid-19.
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Por otra parte, dado que las pensiones en el Rais se financian con el ahorro que construyen sus afiliados, en ese régimen se focalizan los subsidios en los trabajadores de menores ingresos a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Además, el capital que acumulan los trabajadores que no se alcanzan a pensionar puede ser utilizado para financiar una mesada vitalicia a través del programa de Beps.
Para 2019, la mesada que se obtendría en Beps con la devolución de saldos promedio de los fondos de pensiones sería de 300.000 pesos, aproximadamente, mientras que con la devolución de Colpensiones sería de solo 42.000 pesos. Que la gran mayoría de afiliados al RPM deje de ganar en promedio más de 32 millones de pesos si lo miramos como un pago único, o cerca de 260.000 pesos por mes, si lo miramos como una mesada vitalicia, es un verdadero exabrupto en un país que clama tener un Estado social de derecho.
Además de los impuestos que pagamos los colombianos, son los afiliados de menores ingresos, los que tienen menos semanas cotizadas al sistema, los que realmente están financiando los subsidios de la población de altos ingresos, y que esta expropiación la haga el régimen público es aún más vergonzoso. ¿Dónde están los jueces y los legisladores para que reviertan esta situación y hagan que el artículo 48 de la Constitución no sea letra muerta?
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En un estudio reciente, que hicimos tomando a todos los afiliados del Sistema General de Pensiones, encontramos que la altísima informalidad va a llevar a que un porcentaje importante de afiliados, cerca del 80 %, no alcance los requisitos de pensión, y es con esa gran mayoría que estas desigualdades se están materializando y no hay quienes realmente estén abogando por mejorar las condiciones de vida de ellos. Incluso hay un incentivo totalmente perverso, pues una forma importante de financiar el déficit de Colpensiones es teniendo población de bajos ingresos con baja probabilidad de pensión que le está financiado los subsidios a la gente de más altos ingresos con una tasa de interés real nula.
Ante esta penosa realidad, el país debe avanzar para crear un verdadero sistema de protección a la vejez, basado en el ahorro, administrado por entes tanto públicos como privados, que no otorgue subsidios a la población de más altos ingresos y que focalice correctamente los recursos en quienes sí lo necesitan. Infortunadamente, los proyectos de ley sobre pensiones, como el de traslados exprés, que actualmente se debaten en el Congreso, no atacan la desigualdad del sistema pensional y, por el contrario, ahondan esta desvergüenza de nuestra normatividad.
Esta situación es la que nos ha llevado también ha estar en desacuerdo con propuestas que plantean que la población de más bajos ingresos aporte la totalidad o gran parte de su cotización al RPM. Como se ha visto, la gran mayoría de los afiliados, un 80 %, no alcanza las 1.300 semanas de cotización de Colpensiones. Si se les obligara a cotizar al régimen público, los más pobres estarían financiando a los más ricos, no se jubilarían y solo obtendrían una magra devolución de saldos. ¿Cómo es posible que partidos y movimientos que se dicen progresistas defiendan semejante desvergüenza?
SANTIAGO MONTENEGRO, JORGE LLANO Y SANTIAGO LEÓN
Para EL TIEMPO