Redacción
En los próximos días el Gobierno Nacional expedirá un Decreto Reglamentario para que empleadores y trabajadores independientes hagan los aportes que dejaron de pagar a los fondos de pensiones en abril y mayo de 2020, autorizados ante la parálisis que sufrió la economía en esos meses.
(Lea: ¿Qué cambio trae para los pensionados la nueva actualización del RUT?)
Dicha medida, expedida por el Gobierno, fue declarada inexequible meses después por la Corte Constitucional, cuando ya miles de empresas e independientes la habían acogido.
(Lea: Crisis por coronavirus incrementó el retiro de las cesantías en 2020)
Pero la situación ha estado generando un limbo jurídico ante los inconvenientes que miles de trabajadores están enfrentando al solicitar el reconocimiento de su pensión de vejez, pues su empresa no pagó los aportes correspondientes.
Mientras el Gobierno expide la norma, los fondos se mueven para darle solución a quienes piden su reconocimiento pensional.
Un vocero de Protección dijo que “estamos garantizando que mientras sale la resolución que reglamente la manera como se recaudarán los aportes de estos meses, vayamos adelantando los trámites complementarios mientras revisamos los montos de las cuentas que pudieran ser donde está el impacto a la hora de definir el beneficio”.
Asofondos, que agremia a los fondos privados, dice que están a la espera de expedición del decreto que regule la materia.
“No obstante, para el caso del RAIS, y como quiera que el presupuesto para acceder a una pensión de vejez en dicho régimen es el capital ahorrado, el afiliado podrá hacer un aporte voluntario por dicha diferencia para lograrse pensionar, y con base en la reglamentación que expida el Gobierno, poderle reintegrar dicho pago al afiliado, tendiendo presente que el empleador asume el 75% y el empleado el 25%”.
El presidente de Porvenir, Miguel Largacha le dijo a Portafolio que “quienes estén a punto de pensionarse deben hacer esos pagos de inmediato”.
Skandia dijo que hasta el momento no ha tenido casos en esta situación, “que estén cerca del límite de cumplir con el capital necesario para acceder a una pensión o una devolución de saldos. En caso de que se presenten estos casos tendríamos que hacer una proyección con la totalidad del saldo que el cliente debería tener y en paralelo se avanzaría en la gestión de cobro ante el empleador”.
Por su parte, Colpensiones solicitó al ministerio de Hacienda un concepto para saber cómo actuar en este tema.
Una parte de la respuesta del Ministerio dice que “todos los empleadores y trabajadores independientes que se acogieron a la reducción en la cotización al Sistema General de Pensiones, deberán sufragar las cotizaciones correspondientes a los periodos en que operó el alivio, como si éste no hubiese existido”.
COTIZACIÓN SIN PAGAR
Otro aspecto que genera incertidumbre para quienes están cerca de pensionarse, es el descubrimiento de periodos de tiempo laboral que no fueron pagados por el empleador ante el fondo. Y el caso se agrava cuando ese descubrimiento se da años después de que la empresa desapareció.
Una abogada especializada en derecho laboral dijo que hay que verificar qué acciones legales tendría, en este caso contra la entidad pensional.
Recordó que la Corte Constitucional ha emitido fallos que en general protegen al trabajador pues consideran que este no puede llevar la carga de una cotización no pagada, en el entendido que su empleador actuaba de buena fe e interactuaba con el fondo de pensiones.
La profesional dijo que usualmente las empresas deben reportar y desactivar de sus planillas de pago pensional a los trabajadores que desvinculan.
Esperan menos consignación de cesantías
Los empleadores tienen plazo hasta hoy para consignar las cesantías de sus trabajadores correspondientes al 2020. Aunque la fecha oficial es hasta el 14 de marzo, esta se mueve al siguiente día hábil.
El año pasado el valor consignado en los fondos de cesantías administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP, y el Fondo Nacional del Ahorro, ascendió a $8,92 billones, lo que representó un aumento del 10,6% frente al recaudo de 2019, cuando la cifra fue de $8,06 billones.
Los fondos dijeron que por la crisis que ocasionó un alto desempleo, las cifras, por positivas que sean, igualarían las del 2020, pero estimaciones dicen que la cifra caería a $6,5 billones.
