María Aidé Useche siempre había soñado con tener una casa propia. Así que en 2006 no le dio más espera a ese sueño y fue a buscar junto a su esposo una vivienda.
Encontraron el proyecto Altos de Galicia, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Separó la casa 108 de la manzana 6 con $ 200.000. En ese entonces, María trabajaba en el servicio de aseo, así que tomó sus ahorros, los de su esposo, las cesantías y abonaron $ 9’200.000, casi la mitad del costo total.
A pesar de que le prometieron que en 2008 iba a tener su casa, han pasado 14 años y ese día no ha llegado.
(Puede leer: La emotiva sorpresa a conductor que le saquearon y destruyeron furgón)
María y otros compradores se empezaron a dar cuenta de que había irregularidades en el proyecto construido por Inversiones y Construcciones AC y CEU, cuyo representante legal era Alfonso Corredor, y alertó a las autoridades.
“Yo vi que Alfonso Corredor estaba haciendo negocios ilícitos con las casas de nosotros y ahí me di cuenta que no me iba a entregar mi casa. Él nunca nos dijo que en ese momento no tenía recursos y siguió con el proyecto con el patrimonio de nosotros”, le cuenta María a EL TIEMPO.
Y esa alerta era una realidad. El 8 de junio de 2009 este proyecto fue intervenido y la Secretaría Distrital del Hábitat tomó posesión de él porque estaba presentando reiteradas quejas por parte de los compradores.
Además, “no cumplía con la presentación de informes, en sus estados financieros no sólo reflejaba deficiencia en el capital de trabajo sino también iliquidez, un alto nivel de endeudamiento y había una serie de anomalías que ponían en riesgo el proyecto. Se impuso una sanción de 4’700.000”, advierte el actual liquidador, Carlos Hernández.
(En otras noticias: Estas son las 46 excepciones para salir en la nueva cuarentena)
En 2010, Corredor, dueño del proyecto, le dijo a EL TIEMPO que se quedó sin recursos para terminar las 250 casas que ofreció en planos. «Para financiar el proyecto me fié de captar, de forma anticipada, los subsidios de vivienda de las personas y esta gestión no funcionó».
En ese momento el esposo de María pagaba un arriendo en un apartamento, pero eso pronto cambió. Su esposo empezó a enfermarse, le hicieron una cirugía y allí falleció.
“Yo fui y le comenté al señor Corredor que mi esposo había fallecido y que me había tocado irme a vivir a una pieza con mi hija porque no tenía recursos para seguir pagando el apartamento. Entonces él dijo que iba a mirar qué solución me daba pero nunca llegó la solución”, asegura María.
Años después María conoció a otro hombre y tuvo con él una hija, que hoy tiene 11 años. Pero después de dos años, su pareja se fue y la dejó a ella con sus dos hijas. “No me ha dado ni siquiera la primera cuota alimentaria”.
Actualmente María vive en una habitación en Ciudad Bolívar con su hija menor, y no tiene empleo, pues las familias donde trabajaba por días no la volvieron a llamar desde que empezó la pandemia del coronavirus.
Pero María no fue la única afectada. El proyecto constaba de 187 unidades, de estas se construyeron 100; muchas de ellas las entregaron incompletas y cada comprador se encargó de terminarla.
(Le sugerimos: Por qué los mayores de 60 años tienen más riesgo de morir)
Uno de estos casos fue el de Johana Mejía. A ella le entregaron su casa sin sendero peatonal y a los pocos años se empezó a agrietar el terreno. “A mí me toca echarle cemento y en todas las casas hay mucha humedad”, advierte.
El conjunto que le prometieron solo quedó en los planos. No lo entregaron con parque, parqueadero propio y comunal; ni zonas verdes ni un muro de contención.
Por esta razón los mismos residentes crearon un muro de contención en latas; los senderos peatonales; un salón social y hasta parqueadero, en el terreno donde debía haber casas.
Para quienes recibieron su casa, la preocupación es otra. Eduard Cano, otro de los compradores, asegura que en el nuevo plano del conjunto se reduce el área, no hay espacio para hacer una zona verde ni parque para los niños. “Se van sin dejarnos el conjunto como se supone que debió haber sido entregado y como compramos la vivienda”, le cuenta a este diario.
Además, quieren un parque a los niños, cerramiento, parqueaderos pavimentados, tal como se los prometieron. Pero ese deseo no parece sencillo ni cercano.
¿Cuándo les devolverán el dinero?
El liquidador actual y representante de Inversiones y Construcciones AC y CEU, Carlos Hernández Nope, y quien está a cargo del proceso desde 2015, señala que a pesar de que un proceso como este no debe durar más de cuatro años, este lleva más de 10 y han pasado tres liquidadores. Él espera resolverlo en los siguientes tres meses.
“Dados los entuertos jurídicos que ha tenido el inmueble el tiempo ha jugado en contra. Además hay gestiones que no dependen directamente del liquidador sino de entidades ajenas”, enfatiza.
(Le sugerimos: Congreso aumenta de una a ocho semanas la licencia de paternidad)
En total hay 86 acreedores reconocidos entre personas naturales y jurídicas. A ellos se les debe reconocer una suma que espera obtener de la venta de los predios. Herández espera que sean $ 1.500 millones y así cumplir la totalidad de las acreencias. “Con el inventario de los activos se hace un avalúo y se invita a que presenten ofertas para vender los más activos y pagar los pasivos”, puntualiza.
Además, asegura que en caso de que quede un sobrante después de pagar todas las acreencias, se le tiene que dar al accionista o a los dueños del proyecto intervenido.
«En este momento no se le ha pagado a nadie entonces lo que vamos a hacer es enajenar ese predio para poder pagarles a todos», puntualiza.
Sin embargo, aún no hay un comprador asegurado. “El problema radica que para cualquier interesado no es fácil comprar 87 folios de matrícula Inmobiliaria en una copropiedad y con unos desarrollos que ya tendría que cumplir. Entonces las constructoras me han dicho que comprarían si todos los folios se vuelven un solo folio y es el trámite que se está realizando ahorita en la oficina de registro”, agrega.
El liquidador asegura que el tema de los espacios públicos, que están pidiendo quienes sí obtuvieron sus residencias, no es un capricho de los constructores pues “ellos deben cumplir unas disposiciones y distritales (…) luego el parque que se entrega es mayor incluso al que le correspondería al área”.
Y agrega que “al constructor le toca volver a tramitar un nuevo proyecto y calcular una nueva zona de sesión. Entonces no es cierto que no haya zonas verdes por el contrario estás este proyecto va a tener amar zonas verdes y tiene más de la que debería tener”.
Por ahora, la ilusión se desvanece cada día para estas familias, muchas de ellas de bajos recursos, que no tienen su casa o lo que les prometieron en 2006.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
Twitter: @LuisaMercadoD
Instagram: @luisamercado1
Si tiene alguna denuncia o comentario de este artículo puedo escribirnos a [email protected] o @PoliticaET