El gobierno peruano reveló el martes al jefe máximo de la policía por presuntamente intentar desarticular un grupo que investigó por corrupción al expresidente Pedro Castillo cuando aún estaba en el poder.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte reemplazó a Raúl Alfaro por el general Jorge Angulo. En la resolución de retiro publicada en el diario oficial El Peruano se observó que existía un conflicto de interés porque al mismo tiempo era el máximo jefe policial y estaba siendo investigado.
Documentos fiscales vistos por La Prensa Asociada indican que Alfaro está investigado por el presunto delito de organización criminal y corrupción y por sus nexos con un ciudadano español detenido, Jorge Hernández, que fue asesor de inteligencia del expresidente Castillo. Alfaro y el extranjero serían parte de la supuesta red criminal liderada por Castillo.
Alfaro estuvo al frente de la policía peruana desde agosto cuando el entonces presidente Castillo lo nombró jefe máximo. Castillo fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre luego de intentar disolver el parlamento para evitar una votación para removerlo del cargo.
Ese mismo día Castillo fue detenido y la justicia le impuso tres años de prisión preventiva mientras es investigado por cargos de corrupción y organización criminal, así como otros 18 meses por rebelión.
El juez Juan Checkley mostró a inicios de marzo que existen indicios de que Castillo habría estado involucrado durante su gestión (2021-2022) en la compra de biodiésel para la petrolera estatal Petroperu por la cual habría recibido de forma irregular 527.000 dólares. También estaría involucrado en una licitación irregular para la construcción de un puente en la Amazonía.
Castillo inició su gobierno el 28 de julio de 2021 y tras su salida fue reemplazado por su vicepresidenta, Boluarte, con quien esta distanciado. Desde que Castillo dejo el poder se han producido manifestaciones en contra de Boluarte que han dejado 66 muertos, de los cuales 48 son civiles fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.
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