Históricamente, la pesca en Colombia ha jugado un papel preponderante en la economía regional del país, actividad que, de hecho, ha crecido en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
Por ejemplo, en el 2021, el sector agropecuario generó $77 billones, de los cuales la pesca y la acuicultura aportaron $2,4 billones, lo que da un crecimiento del 22,1% por parte de estas dos actividades, según reporta el Dane.
Dicho crecimiento se dio en su mayor parte gracias a las exportaciones del subsector acuícola, aunque el aporte de la pesca en sus diferentes niveles de captura (artesanal, semiindustrial e industrial) han generado un porcentaje importante en comparación con las décadas anteriores.
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La captura de peces, crustáceos y moluscos ha contribuido de manera sustancial a la generación de empleo, pero de igual manera a la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del país, en particular a las que se encuentran asentadas en las costas del océano Pacífico y del mar Caribe, así como en las riberas de los ríos, lagos y lagunas de todo el país.
Sin embargo, la actividad pesquera ha sido víctima de un ataque sistemático, basado en argumentos falsos y salidos de la realidad del sector, por parte de varios grupos ambientalistas y ONG en una supuesta defensa a la pesca artesanal; sin embargo, lo que buscan es que se haga ecoturismo con los actores que a dichas ONG les conviene.
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Otro ‘ataque’ ha vendo del Gobierno mismo, pues el decreto 281 del 18 de marzo del 2021, por ejemplo, que fue firmado en su momento por el presidente Iván Duque, indica que, si en sus faenas capturan un tiburón, raya o quimera, aún si sucede de manera incidental, la acción se convierte en un atentado contra el recurso hidrobiológico (delito). Así, la norma convierte a los pescadores en personas al margen de la Ley.
Ahora, debe entenderse lo ‘incidental’ como la forma en que cualquier pez, tiburón, crustáceo o molusco, es capturado o ‘pescado’ mediante cualquier arte o aparejo empleado, cuando no es esa especie la que se desea capturar y que, para el caso, ‘cae’ en una red o anzuelo por accidente.
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En la práctica, es imposible que la pesca incidental llegue a ser cero o nula, pues siempre se correrá con el riesgo de que alguna de las especies anotadas caiga en cualquier aparejo de pesca.
Así las cosas, el decreto es una herramienta innecesaria en el contexto de protección de dichas especies de ser pescadas, pues se parte de un hecho totalmente jurídico, e incluso dentro del sentido común: “nadie está obligado a hacer lo que es imposible hacer”. Por esto, cabe preguntar ¿cuál fue el objetivo de expedir dicho decreto?
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Podría presumirse que se trata de la justificación de algunas ONG a las partidas que reciben por, supuestamente, contribuir al cuidado y conservación de nuestros ecosistemas y recursos costeros y marinos.
Otro ejemplo de ‘populismo ambiental’, está en la declaratoria de nuevas ‘Áreas Marinas Protegidas’ y la ampliación de algunas ya creadas, modelos analizados por científicos conocedores de la materia, quienes concluyeron que esto no era necesario.
Sin embargo, la decisión tomada condujo a que ciertas áreas marinas extensas quedaran totalmente desprotegidas y que ahora sean aprovechadas por la pesca ilegal que hacen barcos de bandera extranjera en las aguas colombianas.
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Ahora, vale la pena preguntarse: ¿quién responde por la pesca ilegal que se adelanta en estas aguas colombianas? ¿cuántos millones de dólares deja de percibir el país por no vigilar adecuadamente las áreas que han sido ampliadas, curiosamente, con la idea de proteger los recursos pesqueros nacionales y la soberanía alimentaria?
Finalmente, el asunto no está del todo en el aporte de la actividad pesquera al PIB del país. Aquí la realidad debe verse desde el hambre que calma y la posibilidad de un empleo que necesita ser dignificado.
Infortunadamente, esta se ha convertido en la única actividad lícita en las zonas más vulnerables de nuestro país. Acabar de esta manera con la pesca es dejar vulnerables a las personas más pobres para que, finalmente y por necesidad, se vean obligadas a ser reclutadas por diferentes grupos al margen de la ley.
OTTO POLANCO
Máster en Negocios Internacionales, Máster en Agronegocios