Se tiene previsto que el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se reúnan este lunes 30 de enero para discutir las diferentes aristas y requerimientos judiciales que se tienen que surtir en medio de la búsqueda de la Paz Total.
Las diferencias entre el Gobierno y Barbosa comenzaron cuando la Fiscalía General se negó a suspender las órdenes de captura de integrantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, AGC, y las ‘Autodefensas de la Sierra Nevada’, Acsn, porque, según el fiscal, «no hay una norma que lo permita».
Ante esa respuesta, en un comienzo, el Gobierno aseguró que esa potestad se la entregaba al presidente Petro la Ley 2272 de 2022 que reglamentó la Ley 418 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público.
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En medio de ese proceso, el Gobierno y el ente acusador no tuvieron un diálogo sobre lo que había venido ocurriendo hasta que el presidente Petro y el fiscal Barbosa tuvieron un diálogo telefónico mientras el mandatario estaba en Davos, Suiza. Luego de la llamada, Petro aseguró que el fiscal Barbosa sí tenía razón en algunos temas y, por tal motivo, ambos acordaron reunirse este lunes 30 de enero para entrar en consensos.
“Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal (…) que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón”, expresó Petro en declaraciones.
El Mandatario también se había referido a la decisión del fiscal, eso sí, sin nombrarlo puntualmente. «Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una Ley de la República que le permite al Presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento», dijo el Presidente.
Además, había asegurado que la negociación con esos grupos no será con el Gobierno, sino con la justicia. «Implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno, no estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica por la realidad de nuestro país la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión ha sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, eso sí tiene que ver con el Gobierno», afirmó Petro.
Para hacer dicha negociación, el Fiscal le está solicitando al Gobierno hacer una ley que permita ejecutar este tipo de decisiones pero que estén facultadas bajo la legalidad, por tal motivo, el Gobierno presentará ante el Congreso de la República la Ley de Sometimiento.
“La Ley de Sometimiento es la que ha reclamado el señor Fiscal General a quien respetamos mucho y con quien absolutamente no le quede la duda de que vamos a allanar el camino y a encontrarlo para trabajar armónicamente por la Paz Total, el Gobierno no está en tónica de pedir solicitudes de suspensión de captura de extraditables”, expresó, por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Aunque todo estaba listo y tranquilo para la reunión de este unes, desde Washington, Estados Unidos, el Fiscal se refirió al tema de una forma crítica. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. Nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”, manifestó Barbosa.
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Frente a esas declaraciones, el ministro Prada reconoció que, aunque ha habido reparos a algunas iniciativas, estás serán abordadas en el encuentro. “Pero debe quedar claro que aquí hay posibilidad de dialogar con quien tenga estatus político, como el Eln, y de iniciar unas conversaciones que nos permitirán el desmantelamiento de estructuras de alto impacto del crimen organizado”, expresó Prada.
Prada también advirtió que “en la medida en que satanicemos esta propuesta que va a llegar al Congreso de la República para fijar esas reglas (del sometimiento a la justicia), pues lo único que ganamos es que se mantengan abiertas las puertas de esas estructuras criminales, y con ello se genere más violencia en Colombia”.
Hasta el momento no hay hora estimada del encuentro, lo único que se sabe es que se desarrollaría en la Casa de Nariño.