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Petróleo en Colombia: Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

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Áreas que Colombia tiene para desarrollo petrolero | Gobierno | Economía

Una de las cartas con las que la nación se juega el futuro energético, para garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas, es la que busca fortalecer la reactivación de la operación hidrocarburífera del país, con la ‘Ronda Colombia 2021’.

El proceso, que es prácticamente el cuarto ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), fue lanzado de manera oficial por el Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Este proceso competitivo tiene la novedad del ofrecimiento de ocho áreas para evaluación técnica (TEA’s), de las cuales cuatro están ubicadas en el océano Pacífico, frente a las costas de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño; tres más, en tierra, en el departamento del Chocó, en tanto que una más se localiza también en el mar, pero en el golfo de Urabá”, señaló Armando Zamora, presidente de la ANH.

La oferta se complementa con 20 áreas de exploración y producción (E&P), en zonas ya maduras para crudo liviano, gas natural y crudo pesado. Así del total de bloques que se pondrán en vitrina, hay 10 áreas con potencial de gas, y las 18 restantes, para petróleo.

Además, se ofrecerán otras cuatro áreas libres, las cuales serán nominadas por las empresas petroleras interesadas en desarrollarlas.

Desde agosto de 2018 a la fecha se han firmado 35 contratos de exploración y producción de hidrocarburos, luego de cinco años sin firmar un solo convenio en el país, lo que le da más impulso a esta reactivación petrolera que es importante además para la redinamización económica”, recalcó el viceministro de Minas, Miguel Lotero.

Por su parte, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, recalcó que, “en casi tres años el Gobierno Nacional a través del PPAA ha ofertado 67 bloques para E&P de petróleo y gas natural, lo que contribuirá al aumento de las reservas de hidrocarburos y mejorar la autosuficiencia energética de Colombia”.

Se atraerán al país inversiones adicionales y se generarán nuevas oportunidades de empleo para seguir cerrando brechas en las regiones

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Del total de los bloques que son ofertados por la ANH, cinco están en costa afuera (offshore) y 23 en áreas continentales (onshore), ubicadas en nueve cuencas: cuatro comerciales (Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena y Llanos) y cinco fronteras (Urabá, Sinú – San Jacinto, Chocó Continental, Chocó Offshore y Tumaco Offshore), es decir, que han sido poco exploradas anteriormente.

Como país gozamos de condiciones contractuales atractivas, una prospectividad prometedora y un nuevo mapa de tierras con áreas predefinidas para que las compañías nominen sus propios bloques, sumado a una gran oferta por parte de la ANH”, recalcó Zamora.

El funcionario subrayó que, “además, contamos con un moderno modelo de asignación de áreas que busca incentivar la perforación exploratoria como camino para aumentar las reservas e incrementar la producción”.

Las condiciones están dadas para que los inversionistas aprovechen este amplio portafolio de oportunidades que ofrece la Ronda Colombia 2021

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Así mismo, en el concurso público se implementará nuevamente la tecnología blockchain en las audiencias para la postulación de ofertas y contraofertas, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en el piloto ejecutado en el tercer ciclo. “Esta herramienta brindará mayor transparencia y confiabilidad en el proceso”, dijo Zamora.

Las áreas E&P que está ofreciendo la ANH cuentan con información disponible de sísmica y aspectos técnicos, sociales y ambientales. Además, para cada una de ellas se está adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio con el fin de facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras.

Esperamos que en la minuta definitiva se den señales importantes que agilicen los nuevos proyectos y permitan viabilizar nuevas inversiones. Colombia tiene un potencial muy grande de gas natural que podría incluso darnos reservas por más de 100 años. Pero para lograr aprovechar esa gran prospectividad se necesita apoyar e incentivar a la industria para ampliar la frontera de hidrocarburos costa afuera, y en yacimientos convencionales y no convencionales (YNC)”, indicó Andrés Sarmiento, presidente (e) de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

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Proyecto de ley contra la ‘comida chatarra’, a punto de hundirse en el Senado

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Proyecto de ley contra la 'comida chatarra', a punto de hundirse en el Senado

El proyecto de ley sobre comida chatarra, que propende por mejores hábitos alimenticios y acceso a información clara y veraz sobre productos comestibles y bebidas, se encuentra en cuidados intensivos en el Senado de la República.

El SOS fue lanzado por Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red Papaz, quien advirtió que de no debatirse en los próximos días (hay plazo hasta el 20 de junio cuando vencen las sesiones ordinarias del Congreso), la iniciativa se hundirá.

Explicó que el pasado 20 de mayo fue aprobado en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y que solo falta la última discusión en la plenaria de esa corporación para que quede listo para pasar a sanción presidencial.

“La responsabilidad es de su presidente, Arturo Char, y la mesa directiva. Les estamos mandando un mensaje de urgencia para que este martes lo pongan en la orden del día”.

De lo contrario, dijo Piñeros Ospina, todo el trabajo realizado durante los dos últimos años por parte de los impulsores de la iniciativa saludable terminará en la caneca de la basura.

“Este es un proyecto muy sencillo, que busca que la gente tenga derecho a información clara y veraz cuando un producto tiene exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas y edulcorantes, pero falta gestión de la mesa directiva del Senado. Llevamos dos semanas en las que no pasó nada con él”, sostuvo.

Y agregó que la iniciativa “quiere ayudar a los consumidores a identificar cuándo un producto tiene exceso de estos ingredientes a través de un sello de advertencia al frente de los empaques. Podrían ser cuatro etiquetas si tiene exceso de los cuatro”.

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El objetivo es claro, como el eslogan de la campaña: ‘No comas más mentiras’, que se viene promoviendo desde el 2017, pero, según la vocera de Red Papaz, algunos congresistas que se oponen a su aprobación han recibido dinero de la industria de productos procesados para sus campañas o están pensando en obtener contribuciones de esa fuente para la contienda electoral del próximo año.

“Si se hunde, seguiremos trabajando. Son iniciativas de salud pública hacia donde el país debe moverse. Por eso, es muy importante no abandonar las luchas. Seguimos pretendiendo el impuesto a las bebidas azucaradas y los entornos escolares saludables”, enfatizó Piñeros Ospina.

De su lado, el senador Juan Luis Castro, del Partido Alianza Verde, coincidió en que los tiempos para legislar sobre la denominada comida chatarra se están acortando.

“Ha sido muy complejo el tema, porque uno no sabe qué más hacer para que le pongan atención al proyecto. Me explico, esta es una decisión de la mesa directiva del Senado, le he mandado mensajes al presidente del mismo, pero no lo ha puesto en el orden del día y, si no lo pone, se nos hunde la iniciativa”.

El congresista reconoció que es una propuesta sobre la que pesan muchos intereses por parte de la industria de alimentos en Colombia, por lo que, según él, algunos gremios estarían presionando a los legisladores para que al proyecto ya aprobado en la Cámara de Representantes se le hagan varias modificaciones. “La principal dificultad que tenemos es esa: la oposición que le ha hecho la industria de los alimentos”.

Sin embargo, Castro reconoció que hay una luz de esperanza, pues la iniciativa ya fue anunciada para discusión el pasado martes, “pero hay que seguir presionado para que lo pongan en el orden del día”.

Para el senador, el etiquetado frontal de los productos es urgente porque advierte a la gente de los alimentos que tienen hipercontenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas, lo que evitará que los colombianos consuman productos que le podrían hacer daño a su salud.

Al mismo tiempo, añadió, evitará la publicidad engañosa, porque, explicó, un jugo procesado no es igual que un jugo natural.

Entre tanto, el representante Mauricio Toro, del mismo partido y coautor de la iniciativa, lamentó que el Senado solo esté sesionando una vez a la semana, durante cuatro horas, porque retrasa la posibilidad de que se debatan los proyectos que están pendientes por ser aprobados por el Legislativo, al punto que se ha generado un “trancón impresionante”.

“Esta iniciativa “la ha tratado de engavetar la industria, que ha hecho un ‘lobby’ poderosísimo. Y también el Gobierno, por medio del Ministerio de Comercio, que apagó la voz del de Salud y que hoy está haciendo un trabajo muy fuerte”.

De acuerdo con Toro, “uno de los encargados de torpedear el proyecto de ley es un asesor del Ministerio del Comercio de apellido Pescador, quien está haciendo todo lo posible para que la iniciativa no sea agendada, de tal manera que se nos hunda”.

Entre tanto, Castro manifestó que están ante un SOS porque nunca antes habían logrado que la propuesta llegara a cuarto debate, pero, de ser aprobada por el Senado, tendría que ser conciliada con la Cámara de Representantes, lo que demoraría más la posibilidad de que quede lista como nueva ley de la República.

De igual forma, el representante liberal Julián Peinado Ramírez enfatizó en que “la evidencia muestra que una buena regulación en términos de etiquetado frontal de alimentos puede suponer una reducción en las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión o la obesidad”. Y recalcó que si se dejan pasar más días sin que sea debatido, el proyecto se hundiría y tocaría empezar su trámite desde cero.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, reconoció que presentó observaciones a varios puntos en el debate en la Comisión Séptima, pero que finalmente votó de manera positiva la iniciativa.

En su opinión, “es importante que en el país se puedan crear menús saludables a precios asequibles, generar espacios pedagógicos desde temprana edad sobre hábitos y consumo de productos saludables, fomentar el deporte como un estilo de vida, respetar los horarios de alimentación y/o hacer promoción de actividad física.

El senador por el Centro Democrático Gabriel Velasco, que también apoyó el proyecto, precisó que “se debe hablar de balance nutricional y equilibrio, no todo está en la ingesta, hay otros mecanismos e instrumentos que podemos utilizar para mejorar las condiciones nutricionales y el bienestar de los niños y de la ciudadanía”.

Por su parte, el senador José Ritter López, del Partido de la U, indicó que “este proyecto no va en contra del empresariado, que ha hecho lobby para que el etiquetado frontal no se dé y lo considero una lectura equivocada”.

En detalle

El proyecto de ley 347 del 2020 del Senado y 167 del 2019 de la Cámara de Representantes busca “regular y prevenir, a través de diferentes instrumentos, enfermedades relacionadas principalmente con los malos hábitos alimenticios”.

El colectivo de Abogados José Alvear Restrepo envió una carta al presidente del Senado, Arturo Char, manifestando que “consideramos que la adopción de medidas de salud pública orientadas a la prevención de enfermedades no transmisibles es una medida necesaria para avanzar en el nivel de garantía del derecho a la salud”.

Esta situación, dice la comunicación, se hace más prioritaria ante los retos globales que enfrenta el mundo por la pandemia de covid.

Cadena perpetua también espera su último debate

Entre este martes y jueves la plenaria del Senado espera darle discusión y votación al proyecto de ley por medio del cual se reglamenta en el país la implementación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.

Esta iniciativa hace parte del acto legislativo que se encuentran estudiando los magistrados de la Corte Constitucional, luego de que fuera aprobado el año pasado por el Congreso de la República, que elevó a esa máxima pena los actos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en el país.

Aunque la ley sigue siendo materia de revisión por parte del alto tribunal, el Gobierno del presidente Iván Duque procedió a pedirle al Legislativo que tramite, con llamado de urgencia, la reglamentación de la misma, tal como lo anunció en la instalación del actual Congreso.

Dicha iniciativa ya fue aprobada en por las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara de Representantes y luego fue votada de manera positiva por parte de la plenaria de esta última corporación. Sin embargo, todavía queda pendiente que se surta el mismo trámite en la plenaria del Senado, para que sea aprobada como ley y pase a ser sancionada por el Jefe de Estado en los próximos días.

Entre tanto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, volvió a defender la iniciativa y a rechazar las posturas que ha venido expresando la oposición frente a la misma.

“Este mandato constitucional de darle una protección especial a nuestros niños, niñas y adolescentes hoy se vuelve una realidad. Esto no es populismo, esto es una responsabilidad, es dar un mensaje a un país que la institucionalidad rodea a nuestros niños y le dice a los criminales que, antes de que cometan una tragedia, tendrán que pensar que, como mínimo irán a pasar 60 años en la cárcel, y si no, la cadena perpetua como una opción válida en nuestra Constitución”, sostuvo el funcionario cuando el proyecto de ley fue sancionado positivamente por la mayoría de los representantes a la Cámara.

Sin embargo hay preocupación, dado el trancón legislativo del que ya se está hablando con insistencia en los pasillos del Congreso de la República, puesto que el actual periodo de sesiones ordinarias termina el próximo domingo 20 de junio.

De esa manera, existe la posibilidad de que el proyecto de ley no alcance a ser debatido y aprobado durante la última de deliberaciones, lo cual lo afectaría en alto grado.



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¿cómo va la recolección de firmas?

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¿cómo va la recolección de firmas?

Cerca de 40.000 firmas se han recogido hasta ahora, para pedir la revocatoria del mandato del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, según informaron los promotores de dicha iniciativa.

La convocatoria inició el pasado 3 de mayo, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega de los formatos de recolección de las rúbricas de los ciudadanos que deseen respaldar ese proceso.

Hárold Viáfara, uno de los voceros del comité ‘Cali Primero’, explicó que con ese objetivo se han instalado alrededor de diez puntos fijos en la capital del Valle del Cauca.

Pero además hay brigadas móviles y se adelantan jornadas casa a casa en varias comunas, con el fin de que un mayor número de personas participen de este mecanismo democrático consagrado en la Constitución Política.

“Tenemos hasta el 3 de noviembre para recoger 90.000 firmas que deben ser validadas por la Registraduría Nacional para poder convocar a un referendo, en el que los caleños votarán a favor o en contra de la revocatoria del Mandatario”, expresó Viáfara antes de añadir que para finales de julio próximo esperan haber logrado reunir esa cantidad de respaldos.

“El proceso sigue caminando gracias a la acogida que ha tenido en todos los estratos sociales de la ciudad. Seguimos trabajando para consolidar el derecho ciudadano a revocar el mandato del Alcalde por el incumplimiento de su programa de Gobierno”, indicó.

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Según Viáfara, los puntos en los que habría incumplido Ospina son muchos: seguridad, movilidad, salud, educación, pero también en Emcali dado que, según él, el Mandatario no habría establecido cuáles eran los negocios reales de la empresa ni los fortaleció.

Agrega que producto de ello es la crisis que actualmente presentan unidades de negocios como Teléfonos, Energía y Acueducto y Alcantarillado, “con una Ptar que sigue contaminando el río Cauca”.

Lo más grave, no obstante, sería la corrupción en la contratación: “El Alcalde manejó de manera directa con sus amigos y familiares temas relacionados con el alumbrado navideño; la feria virtual, en la que se perdió mucho dinero, y el Estadio Pascual Guerrero, además de millonarias inversiones en la plazoleta Jairo Varela”, dice.

Los puntos de recolección de firmas se encuentran ubicados en los sectores de Ciudad Jardín, El Ingenio, Cosmocentro Chipichape, Boulevard, Pízamos y Siloé.

Entre tanto, Carlos Espinosa, también miembro de ‘Cali Primero’, coincide en que la iniciativa ciudadana está motivada por el descontento ante los manejos de los dineros públicos de la ciudad.

“Recursos que pudieron ser destinados para camas y ventiladores para mejorar la red hospitalaria fueron invertidos en una feria virtual y un alumbrado navideño que los caleños no podían disfrutar por la misma pandemia”, anotó el politólogo.

Y anotó que los reclamos a Jorge Iván Ospina también tienen que ver con el polémico crédito que solicitó el año pasado por $650.000 millones. “Ese dinero, que tenía por propósito reactivar la economía de la ciudad con ocasión de la pandemia, a la fecha no se ha ejecutado”, precisó.

Para Espinosa, el interés del comité ‘Cali Primero’ es mandarle un mensaje claro al Mandatario local para que reconozca que ha cometido una serie de errores en contra de la ciudadanía y mejore su Gobierno.

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Esto considerando que la revocatoria es un proceso difícil, por eso, la idea es sentar un precedente.

“Que el próximo alcalde elegido por los caleños sepa que debe hacer las cosas buscando el bien común, porque los políticos deben hacer eso. Aquí nadie está pidiendo cosas paranormales, sino que gobierne para la gente, para la ciudad, pero él hizo oídos sordos y defendió su feria virtual y alumbrado navideño”, enfatizó el líder de la iniciativa en contra de quien resultó electo en octubre de 2019.

Edinson Gómez Zorrilla, igualmente miembro del comité promotor, coincidió con sus compañeros en que la propuesta de revocatoria no está relacionada de manera directa con los bloqueos y las manifestaciones realizadas en la ciudad en el marco del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril.

Sin embargo, admiten que el Mandatario caleño también se ha equivocado en el manejo que le ha dado a la situación, lo que ha sumido a la capital del Valle del Cauca en un caos total, como se ha sostenido por parte de distintos sectores.

Comités firman acta de unión

El pasado 3 de junio los representantes de los comités pro revocatoria ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’; ‘Todo por Cali’ y ‘Decisión Ciudadana por la Democracia/Decide’, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, firmaron un acuerdo para presentar un solo formato para la recolección de firmas en la capital del Valle.

Cristóbal Navia, promotor de ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’, indicó que la iniciativa nació de un sentimiento de inconformismo con la forma en la que el alcalde Jorge I. Ospina viene manejando la ciudad.

El segundo motivo, dijo, es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, al abusar de la figura del convenio interadministrativo. “A una ‘contratitis’ de más de 80.000 millones en menos de dos meses”.

Agregó que no está de acuerdo con la gente que piensa que este no es momento para una revocatoria, porque “Cali es hoy un foco de inseguridad, de hambre, pobreza, y todo porque no tenemos Alcalde”, puntualizó.



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El giro urgente que debería dar la política exterior de Colombia

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Reunión del Gobierno con delegados de la Cidh

Además de los esfuerzos que deberá hacer el Estado para recuperar el empleo y restaurar una economía maltrecha, producto de las manifestaciones y bloqueos de las últimas semanas, el Gobierno Nacional tiene el reto fundamental de recomponer su imagen ante la comunidad internacional en lo que respecta al respeto por los Derechos Humanos.

Esta es quizás la situación más compleja en la imagen de un Gobierno en los últimos 30 o 40 años, según el politólogo Fernando Giraldo, porque hay una proyección negativa de que el país no respeta los Derechos Humanos y que incumple el derecho internacional y el propio ordenamiento jurídico y constitucional interno.

“Es un momento complejo y en ese sentido la política de Derechos Humanos del Gobierno Nacional va a requerir de un trabajo de largo aliento que le permita rescatar el prestigio que Colombia tenía formalmente en el sistema internacional”, asegura Giraldo.

Y es que desde mucho antes de la situación interna generada por las manifestaciones, los bloqueos y los actos de vandalismo, las relaciones diplomáticas colombianas no se encontraban en su mejor momento, de acuerdo con los expertos en política internacional.

“El video del Presidente de Fecode reconociendo que el paro tiene como fin ganar la Presidencia en el 2022 debe ser entregado a la CIDH y que vean cómo quieren debilitar
las raíces democráticas en el país”.

Vicente Torrijos,

politólogo.

En el caso de los Estados Unidos, un aliado clave para Colombia en los últimos años, la relación se vio desmejorada ante el intento de algunos senadores del partido de Gobierno de injerir en el voto de los colombianos residentes en ese país para la campaña presidencial que a la postre llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

Tampoco estaban en su mejor momento las relaciones con las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los pronunciamientos frente al asesinato de líderes sociales en el país y sorprendió la designación de Alejandro Ordóñez como delegado de Colombia ante la OEA por su posición y críticas, justamente, en materia de Derechos Humanos.

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Situación por demás aprovechada por sectores de la oposición que apostando al desprestigio del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas han buscado en el exterior que se condene el país en esta materia.

Coinciden, además, politólogos y analistas consultados en que se propició de manera tardía la visita de los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que contribuyó a generar un clima de preocupación internacional sobre lo que estaba ocurriendo en el país.

Un giro necesario

Ante este panorama complejo, explica el internacionalista y politólogo Vicente Torrijos, hay tres cosas que el Gobierno Nacional debe poner en práctica para tratar de revertir esta situación que, como lo ha reconocido el miembro del Comité del Paro y presidente de Fecode, Nelson Alarcón, tiene como único propósito derrotar al Centro Democrático y ganar la Presidencia en el 2022.

“Es necesario que se active todo el servicio exterior para defender de la mejor manera los intereses nacionales con una orientación estratégica. Segundo, se debe articular todo el gabinete ministerial en torno a la promoción de los Derechos Humanos, porque esto no es asunto solo del Ministerio de Defensa y de lo contrario nada de lo que se haga al interior del país tendrá alcance a nivel mundial, y lo tercero, que las Fuerzas Armadas tengan un acompañamiento político para poder mostrarle al mundo lo que en realidad se hace en materia de Derechos Humanos, porque si no es muy difícil que esos esfuerzos sean bien valorados”, señala Torrijos.

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“Es muy grave que se interprete como una actitud injerencista la preocupación de algunos organismos por el tema de Derechos Humanos”.

Mauricio Jaramillo,

politólogo.

En ese sentido es fundamental, agrega el analista, comunicarle al mundo, a través de las comunicaciones estratégicas, que en el fondo de todo esto, como lo ha reconocido abiertamente el Presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), “lo que hay es un proyecto político, una campaña para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y mostrar a Colombia como un país autoritario y despótico que está atacando la oposición”.

Entre tanto Mauricio Jaramillo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, considera que hay dos cosas que el Gobierno Nacional debería realizar para mostrar otra imagen al mundo: no insistir en el discurso de que los únicos que incurrieron en excesos fueron los manifestantes y abandonar la retórica de que lo que hagan los organismos proderechos humanos es una injerencia en la soberanía.

“Debemos entender y mandar una señal de que visibilizar internacionalmente los Derechos Humanos no es una señal de injerencia ni es muestra de debilidad sino de convicción democrática y si eso no pasa va a ser muy difícil recuperar la imagen, pero tengo fe de que eso ocurrirá en las próximas semanas”, indica Jaramillo.

Fortalecer el cuerpo consular

En medio de la situación actual es necesario, advierten también los expertos, apelar a funcionarios de carrera en materia consular, que conozcan el sistema internacional y las herramientas que contribuyan a mejorar la imagen del país en el exterior.

“Ha llegado a la Cancillería la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también ha tenido declaraciones desafortunadas frente a los Derechos Humanos y, por lo tanto, no creo que sea la persona idónea. No creo que tenga la trayectoria internacional, que conozca los circuitos internacionales ni la diplomacia en general”, enfatiza el analista Jaramillo.

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De acuerdo con Fernando Giraldo, en esta coyuntura se deben promover agentes diplomáticos de carrera y respetados por la comunidad internacional, acercar los organismos internacionales a los que pertenece Colombia, como son la ONU y la OEA, y no alejarse de países y organismos de integración como Estados Unidos, países latinoamericanos y la Unión Europea.

“También trabajar en una política de mayor cooperación y diálogo, desarrollando una campaña de imagen basada en el acatamiento del orden político y jurídico internacional”, concluye el politólogo.

Delegados del Gobierno se reunieron esta semana con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colprensa / El País

Un giro en el relacionamiento con EE.UU.

En un momento en el que las relaciones con Estados Unidos no pasan por su mejor periodo, la renuncia del embajador en Washington Francisco Santos es una oportunidad, aseguran los analistas, de enviar un mensaje de acercamiento al gobierno del presidente Joe Biden nombrando a una persona que genere confianza en el sistema internacional.

Entre otras cosas porque el Gobierno de los Estados Unidos dio parte de tranquilidad a su similar en Colombia con el anuncio de consolidar la ayuda económica para el 2022 con la propuesta de incluir en el presupuesto una partida para Colombia superior a los US$453 millones de dólares.

El primer nombre en el sonajero para dirigir la misión diplomática en Washington es el del expresidente Andrés Pastrana, quien en primera instancia agradeció al presidente Iván Duque el ofrecimiento y lo desestimó por el momento.

Esta semana se incluyó en la lista la posibilidad el nombre de la exministra y excanciller conservadora Noemí Sanín.

El llevar a ese cargo diplomático a una persona con experiencia y con conocimiento del sistema internacional, según el analista Diego Luis Sánchez, será un indicativo de la importancia que le otorga el gobierno del presidente Iván Duque a las relaciones con EE. UU.

“No es el momento de enviar a Washington a un embajador que responda únicamente a dinámicas de favorecimientos o cuotas políticas. Se necesita a una persona de peso y experiencia en el servicio exterior”, señala.



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