En los primeros meses del año se ha venido viviendo una dinámica difícil en el sector petrolero por los anuncios de salida de contratos de exploración y producción que habían adquirido en años pasados.
(Vea: Ecopetrol: por qué tributaria y más factores acabaron ganancias récord).
Una situación que genera alertas debido al impacto en regiones que, si bien no son las principales productoras, tienen en el petróleo un aporte importante para su economía y empleo, y en las que se generan importantes recursos para las finanzas públicas nacionales y territoriales.
Los anuncios de Emerald Energy, Geopark, ExxonMobil y Frontera han puesto en evidencia una serie de problemáticas en las regiones y dificultades para hacer que el proceso en estos contratos sea exitoso. Estas han notificado que suspenderán o terminarán contratos, principalmente en los departamentos de Putumayo, Santander y Caquetá.
Este año, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ha solicitado cancelar un contrato. Esto significa que en los cinco primeros meses se han pedido 11% del total visto en 2022, cuando fueron nueve las peticiones.
(Vea: Utilidades de Ecopetrol bajaron 13,9 % en el primer trimestre del 2023).
Además, se suman los contratos en suspensión, como es el caso de Emerald Energy, que tras los graves sucesos de orden público que incluyeron el secuestro de 79 policías y la muerte de uno de ellos, radicó una carta ante la ANH pidiendo la suspensión del bloque Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.
Al respecto, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo que “hemos delegado siempre en todas las instancias de diálogo a una persona que va y se entera de manera directa de lo que está pasando; yo misma tuve reunión con las directivas de la empresa para entender lo que estaban en disposición de hacer. Desafortunadamente esto escaló y en este momento es responsabilidad del Gobierno ir a hacer presencia y lograr que haya un diálogo que permita recuperar la paz”.
Después de que esto pasara también se conoció que ExxonMobil dejaría su operación en el contrato VMM-37, tras lograr un acuerdo con Sintana Energy, con quien tenía un convenio de operación conjunta, para que esta asuma la operación.
Esta decisión voluntaria significa que la petrolera ya no cuenta con ningún contrato en el país, puesto que los cuatro en los que estaba ahora están en terminación o se retiró de la operación.
A esto se suma que Geopark, petrolera latinoamericana, informó que saldría de seis de sus contratos en el Putumayo, de los 12 que tiene en este departamento. De estos procesos cuatro fueron iniciados en el gobierno Duque, aunque ninguno alcanzó a tener una producción. La empresa notificó que tres de los contratos que rescindieron eran por motivos de fuerza mayor. De los seis, dos se encuentran en análisis y otros dos ya están en liquidación.
Por último, Frontera también está adelantando dos procesos de terminación de contratos que se encuentran en suspensión desde hace dos años.
(Vea: Retos del Acuerdo de Escazú para la industria petrolera nacional).
Se trata de los bloques Caguán 5 y 6, también ubicados en Putumayo y, según Andrés Sarmiento, vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, están en conversaciones con la ANH mostrando evidencias de las dificultades de seguridad para desarrollarlos.
De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), desde 2016 hasta 2022, la conflictividad en las regiones se ha incrementado cuatro veces y la mayor concentración está en los departamentos de Santander, Meta, Casanare y Putumayo, que han tenido 67% de los bloqueos.
Un dato que no es menor, porque solo en Arauca, Santander y Putumayo, los 123.048 barriles por día que se produjeron en el primer trimestre del año representan cerca de 16% del total nacional.
En otras palabras, ventas diarias de al menos 8,6 millones de dólares que tienen riesgo de contagio si las situaciones de seguridad siguen repuntando.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, recuerda que la actividad petrolera tiene un alto impacto en el desarrollo territorial, a través de los recursos fiscales, derivados de las regalías, y por medio de la creación de empleos formales. “Los resultados de estudios previos, son que los departamentos y municipios petroleros tienen mayor crecimiento y mayor desarrollo urbano y poblacional. Además se han encontrado impactos positivos en la cobertura de indicadores como la educación, aseguramiento en salud y desarrollo del sector agropecuario”, afirmó.
(Vea: ANH promoverá exploración de gas y petróleo en contratos ya firmados).
Por su parte, Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, aseguró que las compañías están comprometidas con sacar adelante las empresas y están concentradas en llevar a cabo los contratos existentes de exploración y de producción y no salir de las regiones.
Sin embargo, el directivo apuntó que “la conflictividad social se ha exacerbado y hay un incremento en lo corrido del actual Gobierno en materia de bloqueos. A lo anterior se suma que se va a requerir un gran compromiso del Ministerio de Ambiente y del Ministerio del Interior y la dirección de Consulta Previa para que esos proyectos surtan de manera efectiva su trámite”. Aunque el Gobierno ha intentado reactivar contratos suspendidos, Lloreda señala que hay zonas en las que es muy difícil destrabar y que entren a operar.
Barril de petróleo
Regiones con más regalías
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana encontró que los municipios con mayor asignación de regalías per cápita son Becerril, Cesar; Puerto Gaitán, Meta; Castilla la Nueva, Meta; Tauramena, Casanare, y Cantagallo, Bolívar.
(Vea: ¿Hay contradicciones de Petro en su discurso sobre petróleo?).
Las asignaciones por habitante para el bienio 2023 – 2024 oscila entre los $13 millones y los $4,7 millones. Cabe recordar que en el Congreso se aprobó un presupuesto de regalías por $33 billones, de los cuales $29,1 corresponden a inversión. Los cálculos del Observatorio muestran que Puerto Gaitán, con una apropiación de $518 millones, es el municipio que mayor cantidad de recursos recibirá, seguido por Becerril con $270 millones y Castilla La Nueva con $118 millones.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista Portafolio