El país se encuentra en medio de la discusión de si se requieren o no nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Si bien el gobierno de Gustavo Petro ha sostenido que no se otorgarán por el momento, en días pasados los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Comercio señalaron que con base en el Informe de Recursos y Reservas que presentará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en mayo se usará para tomar futuras determinaciones.
(Las críticas de César Gaviria a la política energética del Gobierno).
Dentro de los varios factores que tomarán en cuenta las carteras están la vida útil de las reservas y el estado de los contratos ya otorgados.
Por esto, toman relevancia cifras como la de trámites de cancelación de contratos. En los últimos 12 años se han otorgado 162 contratos petroleros y se han iniciado trámites de cancelación de 67, según cifras de la Agencia. Esto quiere decir que por cada 2,4 contratos entregados en este rango, otro ya vigente ha pedido terminación.
De acuerdo con la entidad, el país tiene 330 contratos firmados para la exploración y producción de petróleo y gas, de estos, la cartera de Minas y Energía ya ha señalado que buscará reactivar cerca de 32 contratos que se encuentran detenidos, por motivos principalmente de orden social.
Las terminaciones de contratos de hidrocarburos son un proceso normal dentro de la asignación misma de áreas. Estos responden a motivaciones sociales, ambientales, de orden público o discrecionalidad de las compañías.
Durante 2022, por ejemplo, se asignaron 32 contratos y de igual forma se iniciaron trámites de terminación para otros 9.
(Crece conflictividad en zonas petroleras y mineras del país).
Andrés Bitar, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH afirmó durante su participación en Colombia genera que “algo como industria estamos haciendo mal si, por un lado adjudicamos unos contratos, pero al tiempo estamos recibiendo solicitudes de terminación”.
Explicó que si bien es normal que haya terminaciones, lo cierto es que esto también refleja una serie de retos de socialización en las regiones, con el fin de que las comunidades reconozcan los aportes de las compañías y los beneficios que se pueden brindar a las zonas aledañas.
Ahora bien, al analizar los datos se evidencia que desde 2012 se han pedido entre una y 13 terminaciones por año, siendo 2018 cuando se alcanzó el máximo de solicitudes.
Desde entonces ha habido alzas y bajas en estas; por ejemplo, en 2022 se pidieron nueve y en lo corrido de este año ya va una.
Este es el caso de Emerald Energy que enfrentó una situación de orden público, notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.
Los motivos de las terminaciones
De los 67 contratos que desde 2012 están en terminación, 52% de estos se explican por dos motivos: fase vencida y autonomía del contratista, siendo las causales de 18 y 17 de las solicitudes respectivamente.
Bitar apunta que en el caso de fase vencida, este hace referencia a los casos en los que las petroleras tienen compromisos pendientes una vez terminó su fase, por lo que la ANH hace un seguimiento de este.
(Las cartas con las que Emerald buscó evitar toma de campo petrolero).
“El contrato establece que si se vence el plazo sin presentarse un aviso de descubrimiento, programa de evaluación o declaración de comercialidad, este queda inmerso en esta causal”, aclaró.
Por su parte la autonomía del contratista refiere a la libertad que tienen las compañías de dar por terminado un contrato por motivaciones internas a renunciar al área.
De hecho, bajo esta causal fue que Emerald Energy renunció al área que tenía asignada en San Vicente del Caguán.
Con respecto a las situaciones de orden público, la Agencia reconoce una serie de categorías referentes a estas dificultades. Solo las situaciones de orden público han significado ocho de las solicitudes.
Por su parte, la categoría de orden público y conflictividad social ha significado una cancelación desde 2012. Ahora, las situaciones de orden público y restricciones ambientales han llevado a la terminación de uno.
Otra categoría que reconoce la ANH es la conflictividad social, que ha llevado a un caso. Por su parte la conflictividad sumado a restricciones ambientales ha significado tres.
Bitar resaltó que el gobierno sigue trabajando en viabilizar los contratos que ya hoy están suscritos. Para esto, se han destinado cerca de $45.000 millones cada año por los próximos cuatro años para lograr que los que ya están puedan producir. Esto para el caso, por ejemplo de los contratos que están suspendidos y que anunciaron que buscarían sacar adelante.
Emerald Energy notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022. El Ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que el Gobierno “revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de la empresa y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.
DANIELA MORALES SOLER
PORTAFOLIO