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Piso de protección: ¿el camino para bajar la informalidad? | Economía

Piso de protección: ¿el camino para bajar la informalidad? | Economía

Este lunes empezó a regir el decreto que reglamenta el piso de protección social, con el que el Gobierno busca proteger a trabajadores que están por fuera de las prestaciones sociales, sobre todo a los informales. Sin embargo, varias voces se han manifestado en contra de la medida, mientras que otros dicen que esta no debería ser la única salida para fomentar la formalización.

Cabe recordar que este decreto, el 1174 de 2020, reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que busca que las personas que ganan menos de un salario mínimo, y que están en condiciones de vulnerabilidad, tengan la posibilidad de ahorrar para su vejez.

(Lea: El Piso de Protección Social iniciará en marzo de 2021)

De acuerdo con Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, “el programa de piso de protección social busca ayudar a todos los trabajadores que son informales, que no tienen ayudan de cajas de compensación ni aportan a pensión”.

(Lea: Alertan de riesgos laborales por el piso de protección social)

Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, con estanorma al menos unos 9 millones de trabajadores podrían acceder a este beneficio.

(Lea: Piso de protección social podría beneficiar a 9 millones de personas)

Actualmente, la entidad que se encarga de administrar y gestionar el proceso para que los empleadores y trabajadores puedan tener acceso al beneficio es Colpensiones.

“Cuando ya se identifique el trabajador y la entidad, el empleador tiene la responsabilidad de acercarse a hacer los aportes bajo el programa de Pila, y el resto del trámite se hace a través de Colpensiones”, añadió el jefe de la cartera de Trabajo.

Por su parte, las centrales obreras se han manifestado en varias ocasiones en contra de la medida, pues argumentan que podría ser un camino para fomentar la precarización laboral e, incluso, crear la modalidad de trabajo por horas.

“Este decreto constituye una regresiva reforma laboral y pensional puesto que al introducir el contrato por horas con salarios inferiores a un salario mínimo mensual, desconoce el sistema de seguridad y prestaciones sociales vigente en el código sustantivo del trabajo, quedando el trabajador en otro régimen: el del piso de protección social, que en salud no reconoce ninguna incapacidad común o por accidente de trabajo, ni licencia de maternidad, pues estará en el Sisbén y, además, no cotizará, como bien se deduce, en el sistema de pensiones, sino en los precarios BEPs, que nunca le permitirán pensionarse”, alertaron las centrales obreras en un comunicado.

Eso sí, ayer se conocieron dos borradores de decreto con los que el Ministerio de Trabajo busca complementar el piso de protección social para que los que se acojan a este programa accedan al subsidio familiar, las mujeres tengan derecho a su licencia de maternidad y con los que el empleador no se pueda liberar de las responsabilidades laborales como vacaciones, primas, y cesantías, entre otras.

¿Y la informalidad?

Mientras que, por un lado, el piso de protección busca asegurarles a los beneficiarios unas condiciones para que entren al sistema de prestaciones sociales, persisten los desafíos del aumento de la informalidad, y el aumento de la pobreza agudizados por la crisis por coronavirus.

Para Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, para impulsar la formalización se deben desechar opciones de formalización en las que haya una reducción de derechos para impulsar la formalización.

“Se deben fortalecer las políticas activas, la formación para el trabajo y la inclusión de incentivos a la contratación laboral con vocación de permanencia como parámetro de formalidad incluido en la Ley 1610 de 2013”.

Por otro lado, expertos dicen que será clave que una reforma laboral incluya algunas medidas para aliviar las cargas laborales de las empresas, fomentar el empleo formal y buscar que el mercado laboral sea más flexible. Por su parte, el Mintrabajo dice que avanza en una política para los vendedores informales.

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