En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado el año pasado, el Ministerio de Trabajo logró incluir varios artículos entre los cuales está el 193 que habla sobre el piso de protección social que busca darle un mínimo de garantías a las personas que por trabajar tiempo parcial reciben un ingreso mensual menor al salario mínimo.
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Si bien se ha venido hablando de esta medida desde 2019, el decreto que dejaría las reglas claras sobre el tema saldría en los próximos días, según destacó el nuevo ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
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Cabe decir que de acuerdo con datos de la cartera de Trabajo, en el país hay cerca de 9 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo mensual, universo total al que le apunta esta medida.
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De acuerdo con el proyecto de decreto publicado en la página web del Ministerio, el piso de protección social consiste en la afiliación a salud subsidiada, en la vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y en el derecho a un seguro inclusivo.
Además, en este se especifica que los empleadores tendrán la responsabilidad de hacer los aportes al programa Beps y no el trabajador. Esto aplicará para los casos de las personas que cuenten con relación contractual laboral o por prestación de servicios que trabajan tiempo parcial y que por dicha razón obtienen un ingreso mensual menor a un salario mínimo.
Sin embargo, dice que los trabajadores por cuenta propia, aquellos que realizan un oficio o actividad profesional a cambio de dinero sin intermediación de un contrato o relación laboral formal, podrán acogerse de manera voluntaria al piso de protección social. Esto, teniendo en cuenta también que sus ingresos mensuales sean inferiores a un salario mínimo legal vigente.
Respecto a la distribución de los aportes a los Beps, tanto de los empleadores como de los trabajadores por cuenta propia, el borrador del decreto detalla que en total será de 15%.
“El 14% se acreditará en la cuenta de ahorro individual del vinculado y el 1% se destinará al pago del seguro inclusivo”, dice.
Sobre temas de seguimiento, en el PND se establece que los empleadores o contratantes que a la entrada en vigencia de la ley tengan trabajadores o contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su componente contributivo y que con el fin de sacar provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social desmejoren las condiciones económicas de los trabajadores para afiliarlos al piso mínimo de protección social, serán investigados.
Específicamente, el documento señala que estos “serán objeto de procesos de fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp) por no realizar en debida forma los aportes a seguridad social que le correspondan, una vez surtido el debido proceso y ejercido el derecho a la defensa a que haya lugar”.
Otro de los puntos que detalla el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo es que una vez terminado el periodo de ahorro en el mecanismo de Beps, las personas tendrán derecho a elegir si se recibe la anualidad vitalicia o la devolución del valor ahorrado, “caso en el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente”.
En el borrador del decreto también se menciona que “en ningún caso la inscripción del trabajador al piso de protección social exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales”.
ASÍ LO VEN LOS ANALISTAS
De acuerdo con Juan Carlos Guataquí, experto en temas laborales, “como un todo el proyecto de ley puede reducir la informalidad laboral vinculando a la protección social a muchos trabajadores que actualmente no tienen acceso”.
Sin embargo, agregó que si este se encuentra asociado a una reforma de horas de trabajo, “que teóricamente genere un efecto desplazamiento de trabajadores permanentes a trabajadores vinculados por horas, va a deteriorar el bienestar general del mercado de trabajo”.
En línea con lo anterior, también afirmó que “la informalidad laboral dejaría de ser el principal estándar, lo pasaría a ser la precariedad del ingreso del trabajador ‘formal’ que estaba por encima del piso de protección y pasaría a estar dentro del mismo”.
Por su parte, Jaime Tenjo, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cree que “eventualmente eso va a disminuir un poco la informalidad laboral cuando esta se define como trabajadores que no hacen contribuciones a seguridad social, pero probablemente no va a tener mayor efecto sobre la productividad laboral de las personas. Simplemente les va a permitir acceder a ciertos beneficios y a futuro van a poder tener algunos recursos cuando se retiren gracias al sistema de Beps”.
Además, explicó que las personas que trabajan menos de tiempo completo en general, especialmente las mujeres, es un número alto de personas y en ese sentido eventualmente va a beneficiar más al segmento femenino.
Por último, Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, comentó que con esta medida contemplada en el PND existe “un riesgo muy alto de degradación progresiva de los estándares laborales en Colombia”.
OTROS DE LOS PUNTOS CLAVE
Según detalló Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo durante una entrevista reciente con Portafolio, con el decreto del piso de protección social “que está casi listo” lo que se busca es comprometer al empleador a que contrate de manera formal.
“El Gobierno Nacional los apoyará para que los empleados ahorren para la vejez. Nosotros podemos apoyar con el tema de los aportes a la salud, pero el patrono también debe hacerlo”, añadió el Jefe de la cartera.
