Redacción
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ‘Colombia potencia mundial de la vida’ entra a su recta final en el Congreso. Este martes, iniciará su debate en plenarias de Cámara y Senado, las cuales tienen por ley como tiempo límite para su aprobación el próximo domingo 7 de mayo.
(Vea: Aprobado en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo).
La ponencia radicada para segundo debate llegó con 373 puntos, un volumen superior a los 300 que pretendía el proyecto original y, además, con 43 artículos nuevos frente a lo aprobado en su primer debate, ante las comisiones económica del Congreso de la República.
Si bien el proyecto tiene varios puntos que han sido objeto de discusiones amplias tanto dentro como fuera del Legislativo, entre los temas que podrían complicar la discusión en estas células legislativas están las medidas con que el Gobierno busca cambiar algunas reglas en relación con la contratación pública.
El artículo 72 de la iniciativa legislativa establece que “todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas”.
(Vea: Advierten posible monopolio estatal en riesgos laborales).
Otro punto que, según conoció Portafolio, está en la mira de varias voces del Congreso es el 249, que modifica las condiciones de los Pactos Territoriales establecidas en el Plan de Desarrollo del Gobierno pasado, el de Iván Duque.
Pues propone transformar el Fondo Regional para los Pactos Territoriales en un patrimonio autónomo. Esto con el fin de “recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales”.
Sumado a ello, el artículo 313 modificaría la Ley de Contrataciones Públicas, pues de ser aprobado como está el texto, permitiría la contratación abreviada (sin necesidad de licitación) para el mantenimiento o mejoramiento de infraestructura social y de transporte, con cabildos indígenas.
Y también dispone que: “En situaciones de emergencia y desastres y dentro de sus territorios las Entidades Estatales comprarán de manera preferencial y directa productos agropecuarios a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, organizaciones y asociaciones campesinas, los cuales podrán ser donados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Otro cambio que verían las contrataciones públicas en áreas como la infraestructura y el transporte se daría por medio del artículo 327 del proyecto, que busca otorgar al Presidente facultades extraordinarias por seis meses para que expida normas al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo principal sea el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales.
“Vemos varios artículos que pueden generar inconsistencias y posibles focos de corrupción, como las condiciones especiales de contratación para grupos poblacionales especiales como indígenas, negritudes, población rom, asociaciones campesinas entre muchos otros”, indicó Ciro Alejandro Ramírez, representante del Centro Democrático y ponente del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
Entre las novedades que trae en proyecto para su discusión en plenarias se destacan varios artículos, como son el 332, que establece la reglamentación de “zonas de inversión especial para superar la pobreza”, o el 333, que indica que “la Nación podrá anualmente aportar recursos en calidad de transferencia no condicionada y de libre destinación” a las denominadas Regiones Administrativas de Planificación (RAP).
(Vea: El doble factor de incertidumbre económico que enfrentará Colombia).
También hay artículos que propenden por el fortalecimiento para agilizar autorizaciones de los procesos de fabricación, venta e importación de medicamentos y tecnologías en salud y para el saneamiento de los pasivos en el sector.
El artículo 338 propone una autorización excepcional para permitir el “otorgamiento de crédito directo a los patrimonios autónomos que constituya Findeter para el desarrollo de proyecto de inversión en infraestructura”.
Otras novedades apuntan a la promoción de la movilidad escolar eléctrica (artículo 341); la creación del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (Indtot), dispuesto en el artículo (344); o el artículo 369 propone una reforma participativa al sistema de educación superior.
La ponencia busca también revivir algunos puntos que se cayeron en el primer debate, como algunas facultades extraordinarias al Presidente o el Fondo para el Ministerio de la Igualdad.
El artículo 353 propone nuevamente la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Especiales, y en sus disposiciones están dichas facultades.
Mientras que el artículo 352 propone la creación del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, “como un patrimonio autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública”.
Además, la ponencia propone la creación de instrumentos para la ‘paz total’ (artículo 347), como son programas de acuerdos parciales, la definición de regiones de paz y el fortalecimientos de instancias de participación ciudadana.
El Plan, el cual persigue inversiones por $1.154 billones en cuatro años, llega a las plenarias de Cámara y Senado tras dos semanas de reuniones entre los equipos del Ministerio de Hacienda; el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los coordinadores ponentes de las comisiones económicas del Congreso.
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“Después del primer debate, estuvimos reunidos durante cerca de quince días con los congresistas, escuchando y tomando atenta nota de sus observaciones y nuevas propuestas, alineadas con las bases del Plan, con el ánimo de construir entre todos una hoja de ruta para que Colombia sea potencia mundial de la vida”, manifestó Jorge Iván González, director del DNP.
PORTAFOLIO