La semana pasada el Congreso debatió y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. El texto de 373 artículos recibió la luz verde del Legislativo, y ahora deberá pasar a sanción presidencial. El proyecto persigue inversiones por $1.154 billones en cuatro años, y plantea cinco grandes efes transformacionales para el país.
(Los incentivos que tiene el Plan de Desarrollo para pequeñas empresas).
El director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, explicó a Portafolio las metas que alcanzó con el proyecto, aclaró algunas de las polémicas, y se refirió a los puntos que siente quedaron faltando.
¿Cuál es el punto más importante que destaca de la aprobación del Plan?
Para mí un punto muy satisfactorio es que realmente las bases no se tocaron, y se dejaron como se presentaron desde el principio. Eso significa una aceptación de los puntos generales que presentamos. Yo creo que ese es el gran logro, porque en ninguno de los debates se pusieron en tela de juicio las bases. Es un triunfo enorme, porque realmente el Plan son las bases, porque son cambios muy fuertes para el país, cambios muy fuertes en la concepción del desarrollo.
Quiero reconocer al Congreso un trabajo muy duro de tres meses, con unas discusiones excelentes. Creo que ellos se fijaron en cada línea y cada artículo pasó por una discusión muy cuidadosa.
Uno de los puntos más cuestionados fueron las facultades extraordinarias al presidente. Se aprobaron cuatro de ellas, pero también se cayeron otras, ¿qué balance hace estas facultades?
En realidad son poquitas. Cuando presentamos el articulado para la primera ponencia un primer comentario que le aceptamos a los congresistas fue que no las dejáramos tan abiertas. Las habíamos metido todas en un artículo que pedía facultades extraordinarias.
Para la primera ponencia presentamos artículos por separado. En el Congreso quedaron facultades bastante prudentes, bastante sensatas, frente a los comentarios que recibimos al principio, que decían que se le iban a dar poderes dictatoriales al Presidente.
(Plan de Desarrollo, a la espera de la sanción del presidente Petro).
El Grupo Bicentenario lo creó el ministro Carrasquilla y lo que quería el ministro Ocampo era tener instrumentos para ordenar mejor las entidades del Estado que tienen que ver con los temas financieros. El de Familias en Acción me parece bastante razonable para determinar la cuantía de recursos que se deben repartir y mirar cómo se articula con lo que también aprueba el plan del Registro Universal de Ingresos y la renta ciudadana. Creo que son facultades realmente razonables, moderadas.
Como lo de caminos vecinales, que busca dar contratos para el mantenimiento de vías. Con la del Hospital San Juan de Dios tiene que haber un acuerdo entre el distrito y la Nación para ver si la Nación paga o no paga.
¿Y las que se cayeron?
Se quitaron la de la Agencia Cibernética, que era muy querida por el Presidente, que incluía la parte espacial. En principio se negó con un argumento sobre todo en que la Agencia se podría introducir en la privacidad de las personas, pero eso se corrigió y se aclaró y se puso mucho más explícito que no podría interferir. El argumento del Congreso es que era un tema lo suficientemente complejo y que requeriría una nueva ley.
La otra que rechazaron fue la creación de una Agencia para el Manejo Forestal, que resulta también muy importante, porque uno de los temas centrales es el ambiental, y la reforestación. Ahí hay un conflicto con las CAR, se dijo que se les podía quitar margen de maniobra, pero era también fundamental.
Otro tema que generó discusión fue la aprobación del giro directo de la Adres a las instituciones que prestan servicios de salud. Con todo el tema de la reforma, ¿cuál es la importancia de ese artículo?
Ahí quedó la versión inicial. En el Congreso se revivió un poco esa discusión de si la Adres factura o no, se armó un lío. Cuando empezamos la discusión había como 16 artículos de salud, pero también estaba por esos días la radicación de la reforma. Los ponentes nos dijeron que no tenía sentido discutirlos si se iba a tener una reforma a la salud.
(Por qué no le gustó el Plan de Desarrollo al sector de infraestructura).
Pero cuando llegó de nuevo esa propuesta al Senado, se rechazó la discusión misma, los temas de salud se dejaron para la reforma y no prosperó esa idea de volver a discutir si debía facturar o no, y nos quedamos con la versión inicial, que es que en algunos casos, como el régimen subsidiado, la Adres puede hacer el giro directo, pero los temas de facturación lo pueden hacer las EPS, pero no se toca, fue más un procedimiento para agilizar el pago.
El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco y Jorge Iván González del DNP.
César Melgarejo
Varios congresistas cuestionaron la posibilidad de una contratación directa del Estado con Asociaciones Público Populares, ¿qué tiene para decirles?
Ahí los congresistas moderaron mucho el artículo, lo limitaron bastante. Se volvió a discutir el tema de asociaciones comunales, se trajo a colación la existencia de una ley que permite que las acciones puedan contratar hasta menor cuantía, que son más o menos $1.000 millones. Y frente a las organizaciones populares, un grupo de campesinos, un grupo que se esté constituyendo, ellos podrían contratar hasta mínima cuantía.
Lo que se aceptó fue mínima cuantía, no menor cuantía. Que eso varía dependiendo del tipo de entidad que contrate, pero puede ser digamos $300 millones, que una asociación de vecinos, de campesinos, puede contratar hasta $300 millones para temas como una placa huella de mantenimiento, un mantenimiento de vías. Pero esa contratación pasa pues por todos los controles del gasto público, de eficiencia o transparencia.
(Se cae propuesta de ‘expropiación exprés’: así fue su corta vida).
Yo creo que se moderó y se redujo bastante, en algún momento se habló de menor cuantía, pero se dejó en mínima cuantía. En Planeación y Hacienda pensamos que es razonable, no quiere decir que la plata se les va a entregar sin vigilancia, eso tiene todos los controles de manejo de gasto público.
En medios y trinos hay frases exageradas, afirmaciones que en muchas veces se hacen si quiera sin mirar el artículo.
¿Siente que el Plan cumple las expectativas de fortalecer la economía popular?
Yo creo que se abre el paso para discutir y para empezar a pensar en cómo se dinamiza la economía popular. Lo primero es tratar de entender bien qué es la economía popular, en el Plan de Desarrollo buscamos primero que se entendiera qué es, porque la gente tiene una intuición cuando uno habla de Economía Popular, se piensa en el tendero, en el vendedor de una esquina, pero también es el Madrugón de San Victorino, donde hay metros cuadrados a $33 millones. Detrás de eso hay unas dinámicas económicas brutales y no se puede despreciar una lógica tan complicada como esa. Es una cosa misteriosa que está manejando millones, o billones.
Llamamos economía popular a eso cercano a lo que el Dane llama como informalidad, pero asociado a dinámicas empresariales. Se podría asimilar a algo como informalidad en empresas de menor tamaño, empresas de baja intensidad.
Hay que entender esas dinámicas y ayudar a potenciar eso. En lugar de pretender cambiar al vendedor de la esquina, es darle los recursos y el apoyo para ver cómo es la logística, cómo está comprando los insumos, a quién está vendiendo. A esa economía que llamamos popular, no pretendamos convertirla en otra forma economía, tratemos de potenciarla y si se quiere, de formalizarla, pero eso no quiere decir sacar al vendedor de esa esquina, o acabar el madrugón. Ese es el tipo de reflexión que trae el Plan de Desarrollo.
Usted siempre habló de que quería un Plan con pocos artículos. Terminó en 373. ¿Le pusieron muchas arandelas los congresistas?
Demasiadas. Yo no me quejo con el Congreso, el proceso fue muy bueno, pero el país tiene que hacer una reflexión sobre la institucionalidad de la planeación. Hay temas más estructurales muy complicados. Yo había dicho ‘no vamos más allá de 180 páginas’, terminamos las bases con 260.
Llegamos al Congreso con 300 artículos yo dije ‘por favor, no nos pasemos’, y contra mi parecer terminamos en 373. Pero eso es una locura, en una semana nos llegaban 5.000 proposiciones.
Colombia tiene que repensar la planeación desde varios puntos de vista, en la concurrencia de recursos hay mucho desorden. Y no deberíamos sectorizar, nosotros tratamos de sectorizar, presentamos cinco transformaciones, y les dije que no departamentalizáramos la inversión. Yo creo que eso sí logre transmitirlo al Congreso.
Pero no logré lo que quería, yo hubiera querido un Plan de Desarrollo con 50 artículos. Hubiera querido en lugar de 800 proyectos, 50 proyectos. Pero avanzamos, porque el Plan Nacional de Desarrollo de Duque tenía 1.900 páginas y 1.800 proyectos.
El Plan de Desarrollo tiene varias medidas en temas catastrales, como la actualización masiva, ¿es esto una medida para recaudar más impuestos para los municipios?
El Catastro tiene varios propósitos. Nos pusimos una meta ambiciosa de 9,5% que hay ahora y subirlo al 70%. Un primer criterio es ordenar el territorio, es definir el título de propiedades, porque sin eso no puede haber mercado de tierras y ni modernización en el sector agropecuario.
Lo segundo es el ordenamiento del territorio. Con la Upra se está mirando la vocación del suelo. Lo tercero, es el tema de relaciones factoriales. Es decir, de acuerdo con la vocación del suelo y las características del suelo, cuál puede ser la relación tecnológica más adecuada. Y el tema impositivo, obviamente Colombia tiene unas potencialidades enormes de mejorar la tributación. La actualización catastral puede duplicar los recursos de los municipios, y para este Gobierno eso es clave, porque ahí está una de las fuentes fiscales más potentes de este país.
La decisión del Gobierno es clarísima, es mejorar todo el tema de avalúos. Eso tiene que ver con todo ese debate sobre cuánto vale el suelo y cuánto se le paga a un propietario. Todo eso tiene que ver con el catastro.
¿Qué se quedó por fuera y le hubiera gustado aprobar?
Me hubiera encantado que quedara lo de la Comisión de la Verdad. Es una lástima que se hubiera caído ese artículo. El Senado no lo aprobó, pero Cámara sí. Y el argumento del Senado es que la Comisión tiene procesos muy complicados, como fue toda la discusión alrededor de cambiar el proceso de elección del fiscal, pero la intención del artículo era algo más hacia ‘paremosle bolas a la Comisión de la Verdad y en la medida de lo posible ir aceptando sus recomendaciones’. Pero en la conciliación primó la postura del Senado.
Y lo otro que no quedó es lo que ya mencioné, la Agencia Nacional Forestal, que hubiera sido muy útil para avanzar en temas de reforestación, y la Agencia de Seguridad Cibernética.
Pero en general quedo muy satisfecho, este plan es la primera discusión en el Congreso ya con una coalición debilitada, y se logró a pesar de esto. Esto es satisfactorio.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE