La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso al descubierto esta semana la manera como reconocidos empresarios del Magdalena, desde una finca en el municipio de Zona Bananera, venían cometiendo un millonario robo de energía por más de 12 años.
En la finca La Ilusión se halló toda una infraestructura de conexiones ilegales, que operaban en un terreno de más de 150 hectáreas de cultivos de banano pertenecientes, entre otros, a Manuel Julián Maya Dávila, miembro de una poderosa familia con gigantescas propiedades en el departamento.
Los dueños de la finca trasladaron el equipo de medida dentro del predio y prohibían el ingreso a funcionarios de Electricaribe, para evitar el recorte del servicio y que les generaran la facturación correspondiente al consumo real.
La deuda que mantenía la propiedad con Electricaribe asciende a los 3.400 millones de pesos. No obstante, en vez de buscar una conciliación para ponerse al día, este usuario decidió no volver a pagar y derribar con armas de fuego los transformadores oficiales, instalando un sofisticado sistema con el que durante más de 10 años generaron la defraudación del fluido eléctrico.
La Fiscalía, un grupo élite de la Sijín de la Policía y la superintendente Natasha Avendaño allanaron la propiedad y corroboraron la manipulación y alteración de elementos empleados para la medición de los consumos (equipos de medida), con el fin de obtener el servicio mediante conexiones no autorizadas, que además afectaban el suministro eléctrico a los moradores de la zona que sí cancelan puntualmente sus facturas.
Las irregularidades en los predios de esta familia también afectan a la comunidad de este municipio
Pero este lío no es el único en el que están involucrados miembros de la familia Maya Dávila en el Magdalena. EL TIEMPO conoció que Manuel Julián y su hermano, José Alfredo, recibieron sanciones por parte de la Corporación Autónoma del Magdalena (Corpamag) por captar ilegalmente agua del río y llevarla a unas fincas de su propiedad de nombre La Isabel y La Patricia.
Corpamag confirmó que ninguno de estos empresarios tiene concesiones para uso del agua; sin embargo, se favorecieron del recurso hídrico para su actividad productiva sin pagar un solo peso. Las captaciones ilegales del líquido vienen desde 1995, por lo que han sido sancionados en tres ocasiones, dos de ellas en 2008, con una suma cercana a los $ 2’500.000.
La última sanción fue en 2015, cuando Corpamag impuso una nueva medida preventiva, consistente en la suspensión de actividades de construcción y utilización de un canal ubicado en el predio María Eusebia, propiedad de Manuel Julián, en Zona Bananera.
Las irregularidades en los predios de esta familia también afectan a la comunidad de este municipio, la cual denunció que los Maya Dávila, con el cerramiento de cultivos en la finca La Ilusión, se adueñaron y bloquearon una vía que comunica a varios corregimientos y veredas de Zona Bananera.
“Ellos aquí hacen lo que quieren, como tienen dinero se creen los dueños de todo, nadie les dice nada y si alguna autoridad les hace un llamado de atención, la ignoran y siguen infringiendo con sus actuaciones”, dijo Edilberto Ruiz, habitante de la zona.
Los operativos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están detrás de otros predios que podrían estar cometiendo irregularidades con conexiones ilegales de agua o energía. Serían en total, en toda la costa Caribe, unas 40 propiedades.
ROGER URIELES
Santa Marta