Redacción
“¡Así es que lo cogen a pata h…, tiemble h. tiemble g!”. La frases se repiten en un video, en la autopista Sur de Cali, donde una turba rodea a un motociclista que yace en el asfalto.
Al hombre no se le ve casco, sino gorra y una persona lo sujeta con fuerza, sin mover el pie sobre su rostro, mientras otros le dan patadas en la cara, en el torso y en los brazos, además de cachetadas.
El parrillero corre, pero es alcanzado. Siete personas lo rodearon para aplicarle lo que llaman castigo “por robar” y que muchos bautizaron ‘masajeada’ o ‘paloterapia’. De inmediato, la imagen fue viral en redes sociales, como respondiendo a un virus de atracos a clientes de restaurantes, de almacenes y transeúntes o deportistas, como la joven a la que le robaron hasta los aretes.
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En los periódicos ya amarillos figura un antecedente que causó horror cuando ‘Kankil’ y el ‘Justiciero’ en los 80 trasnochaban en recorridos para asesinar a presuntos delincuentes, a personas que dormían en andenes o a población LGBTI.
En julio de 1986 fueron asesinadas 17 personas en los barrios La Isla, Sucre, Berlín, Atanasio, El Rodeo, Primitivo y Simón Bolívar. Los homicidas iban en camioneta y motos. Por esos casos se denunció ‘alianza’ de civiles con miembros de organismos de seguridad.
Lo que sucede ahora corre por las redes sociales.
El susto por los atracos no se aleja y ha debido salir el gobierno distrital de Cali y el nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, a mover una estrategia para frenar robos, en especial, de ocupantes de motocicletas. Las capturas no han faltado, incluidas las de dos hombres y dos mujeres en un carro, tras el asalto a un negocio de comidas rápidas en el sur local.
Hay luto por el final tráfico de atracos como los asesinatos del cliente de una cafetería o del empleado de una droguería. Ahora aparece un ‘contragolpe’.
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La más reciente persecución a los dos hombres en moto terminó el miércoles con su moto incinerada, en plena autopista Sur. Fue cuatro días después de que a Milton Montenegro, de 26 años, con machete le amputaron una mano y le lesionaron la otra. Especialistas del Centro Médico Imbanaco le reimplantaron la mano y el paciente hasta sonríe; si bien su recuperación apenas comenzara.
La primera versión sobre lo ocurrido ese 13 de febrero se atribuye al intento de robar una cicla, pero Érika Montenegro sostiene que su hermano Milton iba a visitar a la mamá y que pisó una ‘frontera invisible’ entre barrios del oriente de la capital vallecaucana.
El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, esperaba el testimonio de Montenegro y que se revisen pruebas para entender qué ocurrió. Pero lo que no duda al advertir que no se puede aceptar justicia por mano propia.
En similares términos habla el comandante Rodríguez, con quien también coincide en criticar que estos hechos sean solo filmados para subir a redes y no haya reacciones como activar la llegada de autoridades o buscar más el socorro de quien este siendo objeto de palizas.
Eso genera el debate de por qué comunidades en Cali y en el país asumen esta violencia con el ímpetu de aparentes ‘justicieros’, cruzando la delgada línea de la moral y la misma ley.
El secretario de Seguridad de Cali trata de entender esta dinámica, en medio de las dificultades sociales, pero pide a la ciudadanía que tenga más confianza en las autoridades, que hay un sistema judicial, con defectos o no, acorde con la democracia, que toda persona cuestionada por algún delito debe ser sometida a una investigación para que a la luz del sistema penal y con base en pruebas se emita un fallo.
El general Rodríguez dice que las estadísticas presentan una reducción de delitos, tras un año de pandemia. Anota que se trabaja frenar los robos y el plan 100 contra microtráfico.
Un informe de ‘Cali Cómo Vamos’ muestra que en enero pasado hubo 942 denuncias por hurto a personas, 917 menos (49,3 %) que en el mismo mes de 2020 (1.859). El informe también indica que los robos que de motocicletas bajaron en un 42 por ciento. Se pasó de 323 a 187 (-42,1 %).
El personero del Distrito, Hárold Cortés, rechaza esos comportamientos. “La comunidad acude a estos actos que son detestables y barbáricos, y por el contrario lo que hace ver es que nuestra sociedad va en retroceso hacia lo primitivo”.
El tema ha sido motivo de análisis académico.
La tesis ‘La mano propia y legitimación del Estado colombiano como ente sancionador’, reposa en el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá. Sus autoras, Tania González, Yuly Gutiérrez y Nathaly Reyes, exponen “que corresponde a una o varias conductas violentas al margen de la ley, ejercida por una o varias personas, con la finalidad de ajusticiar al presunto autor o autores del delito, propendiendo con esto el resarcimiento del daño perpetrado en contra de los bienes jurídicos tutelados en cabeza de las víctimas, familiares o conocidos”.
El documento universitario detalla “tres importantes hechos que se relacionan y que constituyen la columna vertebral del problema sobre la justicia por mano propia. Son la inseguridad, el miedo y la desconfianza de las personas en las entidades estatales sobre la dureza de las penas de los condenados. Ello disminuye la credibilidad de las personas hacia la administración de la justicia e incrementa el miedo de los ciudadanos de denunciar cualquier acto delictivo, pues sienten que corren riesgo”.
‘Torturar, lastimar o golpear a un ladrón no solucionan nada’
El sociólogo Iván Mojica dijo que “es importante analizar los casos por justicia por mano propia, como los lamentables sucesos en estos tiempos en Cali desde dos perspectivas importantes. La primera es la institucional”.
En esta cuestión explicó que estos casos no han sucedido por casualidad. “La percepción de justicia y la confianza en las fuerzas policiales está muy decaída e históricamente ha estado muy decaída. Por eso es muy importante que las instituciones recuperen esa confianza para evitar que los ciudadanos lleguen a esos extremos en busca de justicia”.
Esta falta de confianza en las autoridades también quedó en evidencia el año pasado, con hechos como el asesinato de Juliana Giraldo, en el norte del Cauca que en ese septiembre involucró a un soldado. Hubo protestas en Cali y algunos ciudadanos la emprendieron en contra de un policía que terminó golpeado.
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Anotó que la segunda perspectiva es la de la ciudadanía. “Cuando un ciudadano golpea o lastima a un supuesto ladrón no está solucionando un problema de fondo. La delincuencia no va a desaparecer, porque golpea a un ladrón. Si así fuera la delincuencia ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Por el contrario, los actos de justicia por mano propia enquistan una noción de justicia arcaica, tribalista, que no tienen cabida hoy en día en una sociedad moderna”, agregó. “Nos fragmenta, rompe con las relaciones humanas”, dijo además.
Así, surgen dos grupos de personas, las que merecerían una justicia común y corriente, tradicional, y grupos de personas que merecerían ser torturadas, lastimadas o ser humilladas. “Eso nos hace ver no como una sociedad integral, como sociedad completa; fragmenta a nuestras comunidades y evita que busquemos soluciones de fondo a problemas, la desnutrición la falta de oportunidades, el hambre y la falta de escolaridad”.
También considera que es una solución ficticia que se origina cuando se golpea a un supuesto ladrón. “En realidad no está solucionando absolutamente nada. Por eso hago esta invitación a la ciudadanía a no convertirse en un criminal en la búsqueda de justicia y a buscar soluciones integrales que nos permitan a todos como sociedad unirnos, pero para alcanzar respuestas positivas, para buscar soluciones a problemas de fondo que, de verdad nos permitan avanzar y evitar los actos de delincuencia en la ciudad”.
CALI
