Redacción
Un contrato para la vigilancia privada de la Alcaldía de Cali por un monto de 27 mil millones de pesos ha causado polémica en la ciudad. El objetivo de la administración distrital es que la empresa de seguridad privada que gane la licitación, que se cierra este miércoles, emplee a mujeres cabeza de familia, a jóvenes que nunca hayan tenido un empleo, adultos pre-pensionados y personas en situación de discapacidad dentro de los 2 mil puestos de trabajo que se cubrirán.
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El ganador de la licitación se conocerá entre el 18 y el 19 de marzo próximo y el contrato será por siete meses, hasta el 29 de octubre de este año.
En diálogo con EL TIEMPO, la directora del Departamento Administrativo de la Alcaldía de Cali, Nhora Yhanet Mondragón Ortiz, aseveró que el proceso licitatorio es «abierto y transparente» y que está tranquila ante eventuales demandas e investigaciones de los organismos de control.
¿En qué consiste la licitación?
«Es un proceso de licitación para la vigilancia privada de las diferentes dependencias de la Alcaldía, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónico instalado en las diferentes edificaciones administrativas. Es un contrato que se hace con vigencias futuras para que la Alcaldía nunca se quede sin vigilancia».
«Queremos que las empresas adquieran mayor responsabilidad en cuanto a la vinculación de personas como las madres cabezas de hogar, que esto sea una realidad».
«Eso solo se ha quedado como un compromiso. Esta es una de las observaciones que los proponentes nos hicieron, quizás porque no se socializó, no sabría explicarte. Los proponentes dijeron que no estaban de acuerdo y accedimos a que la vinculación de esas personas quedara como un compromiso».
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¿Exactamente, a qué se refiere con que «faltó socialización»?
«Dentro del proceso hay una audiencia -que se realizó la semana pasada- con todos los proponentes, antes de que se cuelgue el pliego definitivo. En esa audiencia hicimos énfasis en que vamos a trabajar en las compras públicas responsables, que es una política de la Alcaldía de Cali. Lo de la socialización es que quizás algunos desconocen cuál es el objetivo de defender como Estado las compras responsables y la inclusión social».
¿Por qué cree entonces que este proceso ha generado tanto ‘ruido’?
«Es paradójico porque este es uno de los procesos de licencia que tiene mayor participación de proponentes, 15. El ruido está en personas que quieren graduarnos de cosas que no son, que no obedecen a la realidad. Creo que es un tema más político que otra cosa».
¿Está tranquila entonces ante eventuales indagaciones o investigaciones de las llamadas ‘ías’, Contraloría, Personería?
«El proceso licitatorio fue elaborado por un equipo interdisciplinario que cuenta con todo el conocimiento y las buenas prácticas para que este sea exitoso y para que el Distrito tenga las herramientas de defensa ante una eventual demanda. Al final del proceso solo resultará elegido un solo adjudicatario. Esperamos que no sea interpuesta ninguna demanda porque el proceso se ha adelantado con pleno apego al marco normativo que rige la contratación estatal».
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