Foto Colprensa

El Consejo de Estado revivió la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador Gustavo Petro Urrego por presuntamente vulnerar el artículo 122 de la Constitución Política que fija una serie de prohibiciones para postularse a un cargo de elección popular.

El accionante sustenta en contra de Petro Urrego existen tres fallos de la Contraloría de Bogotá por decisiones que tomó cuando fungió como Alcalde Mayor de la capital de la República entre los años 2012 y 2015. En este sentido señala que las decisiones fiscales indican que con sus acciones, Petro afectó el patrimonio de la ciudad en 300 millones de pesos.

“Por Constitución, normas legales y desarrollos de la jurisprudencia de las cortes existe en Colombia la prohibición de que cualquier persona responsable, por omisión grave o abierto dolo, de una pérdida de plata pública pueda contratar con el Estado, inscribirse como candidato a una elección o posesionarse como servidor público”, precisó el demandante.

En este punto considera que hasta la fecha, Petro Urrego no ha cancelado las multas impuestas por la Contraloría de Bogotá hecho por el cual se encuentra inmerso en una inhabilidad para desempeñarse como congresista “hasta el 19 de noviembre de 2023” como lo establece el certificado de antecedentes de la Procuraduría General.

“La inhabilidad por haber sido declarado responsable fiscalmente cumple con una finalidad constitucionalmente válida y legítima. Configura una expresión de los principios que orientan el ejercicio de la función pública, principalmente de la gestión fiscal y el manejo adecuado del patrimonio del Estado, pues pretende garantizar que quien aspire a desempeñar cargos públicos no hay sido condenado en juicio fiscal”, manifiesta la demanda.

Considera que ningún senador pudo haber sido responsabilizado por “alguna falta a la pulcritud, honestidad y probidad en el manejo de los recursos de la comunidad”. Debido a esto pide que se declare la pérdida de investidura del excandidato presidencial.

El Consejo de Estado le otorgó cinco días hábiles al congresista y a la Procuraduría General para que presente sus argumentos frente a la demanda, así como la solicitud de pruebas en el estudio del presente caso.

Fuente: RCN Radio

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