Ser el dueño de la imprenta de billetes es, sin duda, una gran responsabilidad. No son pocos los ciudadanos, políticos e incluso economistas que se preguntan por qué no imprimir más dinero y financiar con estos recursos a diferentes sectores públicos y privados. A primera vista, esta posibilidad es una idea tentadora: simplemente se enciende la imprenta y con esto se resuelven todos los retos de financiamiento que enfrenta nuestra economía. Desafortunadamente, las cosas no son así de fáciles. Emitir dinero indiscriminadamente para financiar los requerimientos de los sectores económicos resultaría en un incremento desbordado de los precios y en un menor crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
Nos referiremos a la historia reciente de la política monetaria en Colombia para explicar por qué el Banco de la República no debe (ni puede) emitir dinero para otorgar crédito a particulares. La experiencia muestra cómo la financiación de sectores productivos por parte del Banco es incompatible con una política monetaria encaminada a la estabilidad de precios, y justifica el mandato constitucional vigente que prioriza el control de la inflación.
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En 1963, con la instalación de la Junta Monetaria, se inició una etapa en la cual el Banco tenía la clara atribución de dar crédito a diferentes sectores de la economía. Se buscaba que hubiera liquidez abundante para el aparato productivo, bajo el supuesto de que esto estimulaba el crecimiento e incluso mitigaba presiones de precios al fortalecer la producción nacional. La Junta Monetaria operó entre los años 1963 a 1991. Durante este período, el Banco estuvo a cargo de fondos de fomento y cuasifiscales, y financió gran parte de los sectores económicos, así como la construcción de bienes públicos a nivel nacional y local. En la práctica, el Banco operó como un banco de desarrollo, a la vez que ejercía sus funciones de banca central a cargo de la emisión y el control monetario.
Préstamos
El resultado de política expansiva de la Junta Monetaria, que además de suministrar crédito de fomento financió también el déficit fiscal, fue el crecimiento de la base monetaria a un ritmo promedio anual del 25,9% mientras que la economía lo hizo a una tasa del 4,6%. Por su parte, la inflación alcanzó un promedio del 20,3% anual, y llegó al 32,4% en 1990.
La tensión entre los objetivos de fomento económico y estabilidad monetaria impidió que la Junta Monetaria tuviera un compromiso firme y creíble contra la inflación. Esto, además, contribuyó a que se consolidara un proceso de indexación de la economía con mecanismos de actualización de precios y salarios que alimentaron espirales inflacionarias e incrementaron la persistencia de la inflación en el tiempo.
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A raíz de estos acontecimientos, la Constitución Política de 1991 reformó el mandato del Banco con el objetivo de reestablecer la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Los participantes en este proceso reconocieron la importancia de eliminar la incompatibilidad manifiesta de los objetivos que habían guiado el actuar de la Junta Monetaria.
La convivencia de los propósitos de estabilidad monetaria y fomento económico no había dado buenos resultados y era necesario otorgar total autonomía al Banco para que se pudiera concentrar en el fin superior de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda. Fue así como en la reforma constitucional se estableció de manera explícita que al Banco no le estaba permitido otorgar créditos o garantías a particulares.
Banco de la República
Con el mandato constitucional otorgado al Banco, se inició una nueva era de la política monetaria en Colombia. En la actualidad el país tiene un banco central independiente que ejecuta la política monetaria de manera transparente y que cuenta con credibilidad en su meta de inflación entre actores nacionales e internacionales.
A partir de 1991, la inflación ha tenido una tendencia claramente decreciente y, previo a la pandemia de la covid-19, se mantenía relativamente estable alrededor de la meta del 3%. La estabilidad de los precios ha sido garantía para inversionistas de los sectores real y financiero que se han beneficiado de una mayor certidumbre en su toma de decisiones y planeación a diferentes horizontes de tiempo.
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Ahora bien, el hecho de que no sea conveniente (ni posible de acuerdo con su mandato constitucional) que el Banco otorgue crédito de fomento, no quiere decir que no se deba hacer. La financiación de los sectores productivos es necesaria y puede ser el objeto de distintas entidades públicas y privadas. De hecho, en Colombia existen múltiples instituciones oficiales que operan como bancos de segundo piso para dirigir crédito de fomento hacia diversos sectores y actores económicos. Por su parte, los establecimientos de crédito del sector bancario, de financiamiento y cooperativo también participan en la financiación de la actividad productiva a través de créditos y microcréditos de variadas características.
En conclusión, aunque parezca una buena idea, la financiación de los sectores productivos de la economía por parte del Banco resulta costosa en el mediano y largo plazo. Políticas de esta naturaleza llevan a una expansión excesiva de la base monetaria que termina por generar elevadas presiones inflacionarias que, a su vez, impiden obtener un crecimiento sostenible de la economía. Todo esto erosiona la transparencia y credibilidad de la política monetaria misma, al limitar la autonomía del banco central y el ejercicio técnico de sus funciones.
BIBIANA TABOADA ARANGO Y MAURICIO VILLAMIZAR-VILLEGAS
Codirectores del Banco de la República.
*Las opiniones de este texto no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
Una versión más extensa de este artículo en: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/presentaciones-discursos/mitos-por-que-banrep-no-presta