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Por qué el silencio de Petro sobre la falta de claridad de las elecciones en Venezuela | Gobierno | Economía

por Redacción BL
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Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El restablecimiento de las sanciones de EE. UU. contra Venezuela por el incumplimiento de los acuerdo con la oposición, sumado a la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones presidenciales de este año, aviva los temores entre los venezolanos y la comunidad internacional por la falta de compromiso por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

(Lea: Estados Unidos reactivará sanciones al petróleo y al gas de Venezuela).

Gabriel Boric, presidente de Chile, fue uno de los jefes de estado que se refirió a la situación de Venezuela, a la que calificó de preocupante.

A través de un comunicado, la cancillería chilena escribió: «Expresamos preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país».

(Vea: ¿Cómo se prepara la petrolera venezolana PDVSA ante regreso de sanciones de EE. UU.?).

La nota fue emitida tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, quien por ahora está impedida para participar en las presidenciales que debería realizarse en el segundo semestre de 2024, pero que aún no tiene una fecha definida.

Por su parte, el Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, lamentó también la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar la inhabilitación de la líder de oposición María Corina Machado para optar a la presidencia.

(También: No se bajará de la candidatura: lo que hará Machado tras su inhabilidad en Venezuela).

La administración de Arévalo de León indicó que existe una “preocupación” por la situación del proceso electoral en Venezuela y lamentó la suspensión de 15 años para ejercer funciones públicas, contra Machado, ganadora de las elecciones primarias del octubre pasado.

“Esta decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela”, puntualizó el mensaje del Gobierno de Guatemala.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

AFP- EFE

Pese a que dos Gobiernos de la línea política de izquierda de la región se han referido al caso venezolano, el presidente Gustavo Petro ha guardado silencio sobre su posición sobre la incertidumbre por las elecciones en Venezuela.

Justamente, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) pidió a la “comunidad democrática internacional”, especialmente a los mandatarios de Francia y Colombia, Emmanuel Macron y Gustavo Petro, respectivamente, que intervengan para lograr que se revierta la inhabilitación contra la líder antichavista María Corina Machado.

El jefe de la comisión opositora para el diálogo con el Gobierno, Gerardo Blyde, pidió a los Gobiernos que han respaldado los acuerdos firmados entre las partes en Barbados que usen los “canales diplomáticos” para lograr que se retome el cumplimiento de estos pactos, los cuales -aseguró- han sido “parcialmente” incumplidos con la ratificación de la sanción política contra Machado.

Aseguró que en los últimos meses sostuvo sendas reuniones con los presidentes Macron y Petro, quienes expresaron su respaldo a lo acordado en octubre pasado, cuando las partes firmaron un documento sobre “garantías electorales”, que incluía la revisión de las medidas que impiden a opositores optar a cargos de elección popular.

“Petro ha pedido que se reviertan todas, no una, todas las inhabilitaciones administrativas. Petro, presidente, usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso, ayude en sus vías diplomáticas a que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección en Venezuela libre”, pidió Blyde al presidente colombiano.

Blyde denunció que la sanción contra Machado, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este viernes, está cargada de irregularidades y viola lo pactado con el Gobierno.

El Supremo indicó que la sanción contra la exdiputada -que se convirtió en la candidata presidencial de la mayoría opositora tras arrasar en unas primarias- es de 15 años y se mantendrá hasta el 2036, contando desde el año 2021

PORTAFOLIO
Con información de agencias

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