La Superintendencia de Sociedades, a través de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, admitió a la sociedad Procinal Bogotá Limitada, al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006.
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Según el auto No 2020-01-213300 del organismo de control y vigilancia, desde diciembre la compañía, a través su representante legal, revisor fiscal y contador certificó que estaba en cesación de pagos, al encontrarse imposibilitada para cumplir con sus obligaciones mercantiles.
La situación llegó al punto de que había suspendido el pago corriente de algunas obligaciones, encontrándose en cesación de pagos por tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días con más de dos acreedores, que representan el 10 por ciento del total de pasivo.
De acuerdo con el documento, entre las situaciones que llevaron a Procinal a caer en insolvencia aparecen los avances tecnológicos, que obligaron a la compañía a actualizar sus equipos de proyección incurriendo en un endeudamiento de 14.000 millones de pesos, que no estaba contemplado en las proyecciones financieras.
Dura competencia perjudicó a la empresa
Además, se menciona un crecimiento desbordado de la competencia, ya que el ingreso y participación de competidores internacionales en el mercado nacional, afectó de manera significativa participación de la compañía en la oferta de producto, al tiempo que la dura situación de iliquidez no ha permitido ejecutar la construcción de nuevas salas en áreas de propiedad de la compañía, las cuales incrementarían los ingresos.
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El auto agrega que la oferta del número de películas a estrenar simultáneamente generó un cambio para los exhibidores y contar con un mayor número de salas por complejo, por lo cual se realizaron cuantiosas remodelaciones en los dúplex existentes, obligando a la compañía a comprometer recursos de la operación y a incurrir en endeudamientos significativos.
El incumplimiento en los pagos generó la pérdida de uno de los puntos más productivos, que fue entregado por el arrendador a uno de los competidores de la compañía.
Además, se mencionan los tiempos de maduración y posicionamiento de los centros
comerciales, aspecto en el que las altas inversiones realizadas en la compra de los inmuebles y dotación de los teatros en los centros comerciales a causa de la lenta maduración de los puntos de venta, generaron afectaciones significativas en los recursos financieros de la operación ocasionando incumplimientos en obligaciones.
“Los costos del negocio han sufrido impacto por cambios en la legislación tributaria y la imposibilidad de descontar dichos tributos generaron afectaciones en los resultados proyectados. El incremento en tasa de cambio ha afectado significativamente el negocio por operaciones que se deben realizar con compañías extranjeras”, agrega el documento.
Y además, debido a la situación legal de embargos de cuentas y de iliquidez de la compañía, uno de los principales distribuidores de películas, quien manejó tres de los cinco principales estudios productores a nivel mundial, tomo la decisión de suspender el suministro de productos, lo que llevó a Procinal a dejar de recibir alrededor de 4.000 millones de pesos de ingresos brutos en los últimos cuatro meses, generando incumplimientos en los pagos. Incluso, la situación de incumplimiento en los pagos generó la pérdida de uno de los puntos más productivos, que fue entregado por el arrendador a uno de los competidores de la compañía.
Lo que sigue
Dentro del proceso fue designado como promotor el representante legal de la compañía, Jorge Enrique Gutiérrez Gil.
Según la Supersociedades, en el marco del proceso, Procinal deberá entregar en los próximos 10 días, de acuerdo con lo que determina la ley, una actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del Auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas de los estados financieros, suscritos por el representante legal, contador y revisor fiscal.
Así mismo, el promotor deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, dos meses posteriores a la firmeza del auto de admisión, información base para la definición del pasivo a reorganizar por parte de la compañía y para negociar la fórmula de pago con sus acreedores.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO
