Con poca aceptación fue recibido el anuncio del Gobierno Nacional, de que buscará un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para hablar de las deudas que tiene el país con ese organismo multilateral, en aras de gestionar una posible renegociación de los plazos de pago.
(Lea: Petro discrepa de su exministro de Hacienda por renegociación de deuda con el FMI).
Si bien el primero en dar a conocer esta noticia fue el presidente, Gustavo Petro, la explicación profunda de lo que se piensa hacer la dio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien antes que nada dejó claro que Colombia siempre se ha caracterizado por ser un buen pagador de sus compromisos internacionales, pero se hace necesario hacer inversión “pues esta es la que genera crecimiento”.
Uno de los principales argumentos para la renegociación con el FMI es que en 2025 se deberían pagar, entre deuda externa e interna, $125 billones y eso generará presiones en el Presupuesto Nacional, golpeando directo a la inversión.
“Trataremos de correr hacia adelante parte de la deuda con el FMI o si no, no habría lo suficiente para inversión. El debate es si pagamos deuda o invertimos o cómo equilibramos las dos cosas, es la discusión macro más importante. Para el presupuesto de 2024 se equilibró en $96 billones”, dijo Bonilla respecto a la idea.
(Vea: ¿Por qué se renegociará plazo de parte de deuda con FMI?).
Si bien en un principio los motivos iniciales parecen loables, para José Antonio Ocampo, antecesor de Bonilla en el Ministerio de Hacienda, no hay que pasar por alto que la línea de crédito flexible del FMI otorgada en 2009 a Colombia es un reconocimiento a las buenas prácticas macroeconómicas del país.
“El FMI no renegociará el cronograma de pagos de un programa ya acordado sin exigir nada a cambio. Sería un craso error cambiarla por una línea de largo plazo del Fondo, que tendría condicionalidad (como la de Argentina), sería más costosa y daría la señal de que el historial de fortaleza macroeconómica del país se está perdiendo”, sostuvo.
En este punto vale la pena recordar que, según lo dicho por el ministro Ricardo Bonilla, en deuda externa, el país tiene un cupo de US$70.000 millones, que es flexible y en la medida que se toma una parte, baja el cupo y si se paga una parte se abre el cupo, lo cual es punto sobre el que se puede trabajar.
(También: ¿Cuándo se volverán a ver altas tasas de crecimiento en la economía? Esto dice el FMI).
No obstante, para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la realidad económica que vive el país en este momento exige movidas diferentes a las que está planteando el Ministerio de Hacienda, ya que aumentar el gasto público podría generar incertidumbre financiera, especialmente considerando la necesidad de cumplir con la regla fiscal y recortar el gasto en el futuro cercano.
“Tampoco hay espacio para aumentar el gasto público, de hecho, esperamos que el Gobierno tenga que recortar el gasto en cerca de $15 billones para poder cumplir con la regla fiscal. Es mejor focalizar los esfuerzos en acelerar la ejecución del presupuesto, especialmente el de inversión, que ha sido el talón de Aquiles en la política económica del Gobierno Nacional”, agregó este analista.
(Además: Inflación no cumpliría meta en 2024 y afectaría la política monetaria).
Para ser precisos en los puntos de deuda, las pretensiones de cambio de deuda que tiene el Gobierno se centran en un rubro de US$5.400 millones que se solicitaron durante la pandemia y que según el Ejecutivo está “ahogando” las finanzas del país, junto a puntos como el subsidio a los combustibles.
Ante esto, el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explica que si bien el reperfilamiento de créditos o Roll Over de deuda es algo normal en los países que buscan liberar caja, el caso del FMI es especial, puesto que es una herramienta financiera para Colombia que se tiene por el buen comportamiento financiero.
“El problema que está enfrentando Colombia es que el escenario del 2024 y 2025 está siendo muy apretado por varias razones. Entre esas porque los ingresos no se están dando y no se están dando porque se metieron en el presupuesto del 2024 una figura que se llama arbitramiento de litigios, que de hecho ni siquiera tiene sustento legal. Están teniendo dificultades, el recaudo tributario no está respondiendo, el país está muy desacelerado en términos de crecimiento y así es muy difícil generar ingresos suficientes”, dijo.
Estos expertos coincidieron en que esta línea de crédito no tiene condicionalidades y cuenta con un costo mínimo, lo que la convierte en una opción atractiva para la gestión financiera del país y resalta que el monto pendiente por pagar es manejable y representa una proporción reducida del total de la deuda pública colombiana.
(Acá: Nuevo choque entre el presidente Petro y el presidente del Congreso: ¿qué pasó?).
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, cerró esta consulta de expertos reiterando que renegociar la deuda actual con el FMI no parece ser la mejor opción, dado que esta línea de crédito es una herramienta valiosa que refleja la confianza en la economía del país.
“Lo más probable es que el Fondo Monetario Internacional, si esto se formaliza, dirá que esto le va a costar más al país, porque va a ser con altos intereses, y porque de alguna manera es posible que surja una penalidad, porque ya hay unos términos de contratos establecidos con condiciones inmejorables”, sostuvo.
Si bien el Ministerio de Hacienda defiende su idea alegando que es necesario asegurar la inversión en el 2025. No hay que pasar por alto que las cuentas del Presupuesto del 2023 mostraron un rezago del 30% en este sector, lo cual para los analistas es señal de que un ajuste del gasto y una mejor ejecución podrían bastar.
FMI.
EFE
Al cierre de 2023 Colombia registraba una deuda externa de US$196.360 millones, una cifra que representaba el 53,7% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las estadísticas del Banco de la República.
Durante el año pasado, el total de la deuda externa colombiana registró un aumento de US$12.542 millones hasta ese punto.
La deuda externa que tenía contratada el sector público al cierre del 2023 ascendía a US$112.970 millones y representaba el 30,9% del PIB. Por su parte, el sector privado tenía unas acreencias totales de US$ 83.390 millones, cifra que representa el 22,8% del producto interno bruto.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
PORTAFOLIO