Redacción
La Comunidad de Sant’Egidio es una importante y reconocida organización de católicos laicos fundada en Italia, con gran experiencia en los temas de conflictos armados en el mundo. Siempre ha estado presente en los procesos de paz de nuestro país y mantiene puesta su mirada sobre la suerte que puedan correr los acuerdos de paz de La Habana, firmados entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las Farc.
Con la irrupción del covid-19, Suramérica corre el riesgo de revivir una historia ya conocida, la de una nueva década perdida, originada en la peor recesión del siglo, con resultados sociales y económicos devastadores. Una de las naciones más golpeadas será Colombia, país bisagra entre América Septentrional y América Meridional, motor propulsor del área, corazón de la estabilidad geopolítica de América Latina.
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En las últimas semanas, el clima político y social se ha deteriorado en forma grave, volviendo a plantear escenarios del pasado, caracterizados por dramáticos enfrentamientos sociales, una polarización ardiente y la reaparición de aquel demonio antiguo de la violencia generalizada, que ha acompañado sus pasos desde el día de la independencia.
Numerosas son las razones de esta crisis. El proceso de implementación de los acuerdos de paz suscritos en 2016 en Cartagena por el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se ha estancado en forma dramática por una compleja serie de motivos que van desde las ataduras burocrático-administrativas, la falta de financiación, la fuerte oposición de grupos políticos y sociales encabezados por el exjefe de Estado Álvaro Uribe, desde siempre fuerte enemigo del diálogo, pero sobre todo por la no convencida voluntad del gobierno de Iván Duque de cumplirlos en su totalidad.
Otra clara demostración del desinterés del Gobierno en el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana es el precario funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación del acuerdo de paz (CSIVI), donde participan los países garantes Noruega y Cuba, la comunidad internacional y el alto gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, quien nunca se ha hecho presente en estas reuniones.
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En cuanto a la Comisión de los Notables, integrada por el expresidente de España, Felipe González, y el expresidente de Uruguay, José Mujica, no ha sido convocada, a pesar de que hace parte del acompañamiento internacional de los acuerdos con el fin de hacer un puntual seguimiento a lo pactado. Hay que anotar que un impasse instrumentalizado por dos líderes históricos de las Farc, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, para retomar las armas ha logrado recomponer, en poco más de un año, un nuevo ejército clandestino con más de dos mil hombres, gracias a las ganancias por el tráfico de drogas y a los ingresos provenientes de la minería ilegal.
Las nuevas narco-Farc se han reinsertado en numerosos departamentos del país: Antioquia, Huila, Córdoba, Caquetá, Cesar, La Guajira, Arauca y Norte de Santander, creando una especie de “nuevo estado paralelo” e imponiendo su presencia opresiva a los campesinos.
A lo anterior se suma el hecho de que el diálogo con la segunda histórica guerrilla del país, el Eln (Ejército de Liberación Nacional), se ha interrumpido abruptamente. El presidente Duque ha condicionado la propuesta hecha por el movimiento guerrillero de negociar un cese al fuego de 90 días para reabrir los diálogos de paz, hasta tanto el Eln no dé señales tangibles de tener verdaderamente voluntad para el proceso de paz, renunciando a las políticas de los secuestros y a los atentados.
Los acuerdos de paz suscritos en Cartagena en noviembre de 2016 no han favorecido el esperado cambio de mentalidad y tampoco han puesto en marcha un real proceso de paz y reconciliación. La interpretación unánime de numerosos politólogos colombianos es que en La Habana se ha firmado la desmovilización de las Farc y no la paz.
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Un renovado clima de temor, resignación, desconfianza y sobre todo de inseguridad pública y privada parece haberse apoderado nuevamente del país, reviviendo un clima de violencia, intolerancia y contraposición que ya ha visto la muerte, en medio de un silencio generalizado frente a los cientos de líderes sociales y excombatientes de las Farc que han sido asesinados desde entonces, por defender sus derechos y haberse opuesto a la decisión impositiva de los nuevos grupos criminales.
Una de las consecuencias recientes de este clima incandescente y polarizado son ciertos ataques indiscriminados en contra de la Comisión de la Verdad y de su presidente, el jesuita Francisco de Roux, con el objetivo de desacreditar y demoler la autoridad y el carácter independiente de esta institución, encargada de aclarar lo ocurrido en la historia de este país, garantizando verdad, justicia, reparación y no repetición.
Se necesitan decisiones radicales, comenzar una nueva narrativa que rehúse aceptar que el futuro deba ser igual al pasado
Cabe recordar que la visita efectuada por el papa Francisco a Colombia fue una gran oportunidad. Fue la llave que estimuló al país para dar el primer paso hacia la reconciliación. La visita de Bergoglio ha sido un evento religioso y popular con el cual el papa ha mirado con una visión innovadora las cuestiones fundamentales que cruzan el devenir colombiano: la relación entre historia y memoria, entre reconciliación e impunidad, el valor de una justicia no solamente retributiva, sino también reparativa y rehabilitativa, el límite entre la misericordia y el perdón como fundamento ético de un nuevo pacto constitucional. Bergoglio ha invitado a los colombianos a pasar la página y a vivir esta paz como el inicio de una “nueva independencia” que elimine cualquier sentimiento que conlleve al enfrentamiento y a la venganza, repudiando definitivamente toda forma de violencia.
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Para salir de esta disyuntiva destructiva y paralizadora en la cual parece que Colombia se ha precipitado, si nos atenemos a la información de la prensa internacional, se necesitan decisiones radicales, comenzar una nueva narrativa que rehúse aceptar que el futuro deba ser igual al pasado. Por lo tanto, es necesario e imperativo que todos los componentes de la sociedad colombiana, los partidos, las fuerzas sociales, los sindicatos, los movimientos de indígenas y afrodescendientes y la sociedad civil, acuerden un nuevo ‘pacto nacional’ que impulse un ‘despertar del país’ que sea capaz de cambiar el curso de la historia liberando a Colombia del chantaje de las memorias contrapuestas y enfrentando con tenacidad y creatividad el desafío definitivo de la paz y de la reconciliación.
En este contexto, un rol definitivo lo tiene la Iglesia católica, la cual debido a la credibilidad institucional de la que goza y al arrastre que puede ejercer en la sociedad tiene una función determinante para orientar al país a reencontrar la senda del bien común, evitando que Colombia pague un alto precio por cuenta de un enésimo fracaso. Hay que buscar lo que une y no lo que separa, como advirtió, en su momento, San Juan XXIII.
Esta es la regla de oro que Colombia debe redescubrir volviendo a crear un nuevo clima de confianza y colaboración en estos momentos fuertemente agrietados, en los cuales todos deben asumir sus responsabilidades, recordando que frente a la paz no es posible ser neutrales y que sin este bien compartido todo está perdido.
GIANNI LA BELLA
Para EL TIEMPO*Responsable para América Latina de la Comunidad de Sant’Egidio, con sede en Roma (Italia).
