Redacción
La decisión también cobija al entonces representante legal de la Empresa Ingenieros Civiles, Ambientales, Sanitarios y Eléctricos Roa – ICASER E.U. Martín Geovanny Avendaño Roa, quien ejercía la interventoría de este contrato.
Al parecer, González Bernal y Avendaño Roa certificaron como recibida a satisfacción la construcción de los sistemas de acueductos de la vereda Sabanalarga, pese a que el Consorcio PAB, ejecutor del contrato, no había terminado la obra.
Señala el pliego de cargos que con esta conducta los investigados habrían autorizado el pago de $67.515.035, “que correspondió al valor pendiente de pago al contratista por concepto de acta de liquidación final, que efectivamente le fue entregado al contratista el 30 de diciembre de 2011”.
La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas disciplinarias como gravísimas a título de dolo.
